- Castor López - castorl@arnet.com.ar

Una moneda "sana" no es una cuestión ideológica, es lógica

Disponer de una moneda “sana” es un precepto fundamental de nuestra Constitución Nacional y defender el valor del peso es el principal mandato del Banco Central de la Republica Argentina. Una moneda sana significa que los salarios no se degraden ante los bienes y servicios (los precios se mantienen estables) y se sostiene (y se procura aumentar) el bienestar de la población, fin ultimo de cualquier gobierno nacional.

Además, en un mundo comercialmente integrado, defender el valor relativo de la moneda nacional frente a las monedas de otros países, preserva nuestro poder adquisitivo de los bienes y servicios que se importan o exportan. Estaría claro entonces que la inflación y la devaluación de la moneda de un país significan necesariamente el empobrecimiento de sus habitantes.

La prueba de ello es que el gobierno nacional -pese a los 6 años de crecimiento, no de desarrollo- para disimular la inflación necesita distorsionar los índices estadísticos y aplicar controles de precios y, para esconder la pobreza de los salarios, precisa aplicar subsidios a los bienes y servicios básicos (carne, leche, energía, transporte, etc.) y restricciones al comercio exterior, que están impidiendo aprovechar plenamente el excelente ciclo internacional para nuestras exportaciones.

Pero lo realmente dañino es que los controles de precios, los subsidios y los cupos al comercio exterior producen 2 efectos muy nocivos a nuestro país: a) Desnaturalizan la actividad empresaria privada, generando el llamado “capitalismo de amigos” y la corrupción económica y b) Generan la coerción del gobierno nacional sobre las políticas públicas de las provincias, afectando gravemente la organización federal.

Desde la provincia de Santiago del Estero, padecimos lo que significan los gobiernos de matrimonios y el partido único en el poder y alertamos al país del penoso proceso de los personalismos, la arbitrariedad, la corrupción que se deriva de ella, la ausencia de inversión (porque la inversión-en ese contexto-depende del siempre inestable y condicionante favor político), el empleo publico y la actividad privada cortesana como herramientas de poder, en suma: la degradación moral e institucional.

Lo lógico, y justo, es no distorsionar los precios y que los impuestos –progresivos- se utilicen para ayudar a los que realmente mas necesitan, los socialmente meritorios y no a los empresarios amigos del poder, que aceptan estas practicas, con alta rentabilidad presente asegurada, aun cuando saben que “esto no puede durar para siempre”, casualmente la misma razón por la que los empresarios brasileños compran las empresas argentinas.

(*) Castor López, Diputado Provincial de Pro+Recrear.