- Castor López - castorl@arnet.com.ar

La presión fiscal como instrumento de poder político

En los últimos 2 años, el gobierno nacional ha incrementado aun más la presión fiscal sobre el campo, al aumentar en alrededor de un 100% las retenciones promedios a las exportaciones de granos y oleaginosas (soja, trigo, maíz y girasol), desde poco más del 20% sobre los precios en los años 2005/2006 hasta el actual casi 40%.

Los argumentos que esgrime son varios: a) que la competitividad del campo deriva de la devaluación del 200% del peso frente al dólar efectuada en el año 2002, b) que el campo recibe combustible a precios diferenciales y subsidios de organismos públicos reguladores de la actividad agropecuaria y c) que pretende que la ganadería y otros cultivos –mas amigables con el medio ambiente- recuperen tierras frente a la soja.

Pero, sucesivamente, la inflación interna acumulada en los años 2002-2007 alcanza al 160% y continua creciendo, la actual transferencia de ingresos desde la actividad agropecuaria al gobierno nacional es de, al menos, 10.000 millones de dólares anuales y el sector de la carne también esta presionado por una fuerte limitación a sus exportaciones (solo 450.000 toneladas por año) y, por ende, a su desarrollo.

La explicación más razonable es la consistencia que se visualiza entre el crecimiento del gasto público, del orden del 70% entre los años 2005 y 2007, y la voracidad fiscal de las retenciones a las exportaciones que, además de afectar gravemente la previsión de los productores e impedir el progreso, no distingue diferencias de rendimientos y costos ni de distancias de transporte, resultando muy in-equitativo con las provincias, por la condición de no-coparticiparle del impuesto.

El caso de nuestra provincia merece consideración. Nuestros productores siembran algo más de 1 millón de hectáreas y, para ello afrontan un costo relativamente alto por la elevada proporción de minifundismo, invirtiendo más de 700 millones anuales. Sus ingresos brutos podrían estimarse en casi $3.000 millones, pero de los cuales el Estado se apropia de alrededor de $1.500 millones.

Con el ingreso resultante de $800 millones deben afrontar aun costos del orden de los $150 millones en fletes y aproximadamente otros $200 millones en gastos comerciales, acopios y esperas, resultando un beneficio neto agregado de solo $450 millones por año, que no alcanza a cubrir la próxima re-inversión necesaria, en un proceso de des-financiamiento que no es sostenible.

La estrategia de estigmatizar ante la opinión publica a un sector como el campo –históricamente dinámico e independiente-, asfixiarlo con presión fiscal y otorgar discrecionales subsidios posteriores para subordinarlo a su poder político, podrá tener un coyuntural éxito electoral, pero no es conveniente para nuestro país que dispone de un natural perfil agropecuario, industrial alimentario y exportador.

(*) Castor López, Presidente Recrear Sgo. y Diputado Provincial