- Castor López - castorl@arnet.com.ar

Hay que democratizar el sistema fiscal y político argentino

Nuestro sistema fiscal es históricamente “anormal”, si se lo compara con los vigentes en los países desarrollados. Es distorsivo y regresivo. Agravando la situación, las relaciones fiscales entre los distintos niveles de gobierno están también distorsionadas.

Es distorsivo porque la presión tributaria es distinta para cada sector productivo, en un tratamiento “caso por caso” y coyuntural, cuando las políticas fiscales sanas son de largo plazo y consisten en uniformes gravámenes sobre todos los sectores para no distorsionar los precios y, por ende, las decisiones de los productores y de los consumidores.

Además, es regresivo, porque los impuestos sobre los ingresos (el sistema de seguridad social y ganancias) significan solo el 30% de nuestros recursos fiscales totales, cuando en el mundo resultan el 70%. Por el contrario, los gravámenes sobre los consumos (iva) alcanzan en nuestro país al 35% de la recaudación y en los países desarrollados es solamente el 15%. El resultado es que ricos y pobres no pagan sus impuestos con una equitativa proporcionalidad, en desmedro de los últimos.

Agravando la situación, las relaciones fiscales entre los distintos niveles de gobierno están también distorsionadas. El 70% del total de los recursos fiscales del país es recaudado por el gobierno nacional, el 25% por los 24 gobiernos provinciales y solo el 5% restante por más de 2.000 municipios. Simultáneamente, las responsabilidades del gasto público se reparten en un 50% a cargo de la Nación, el 40% en las provincias y el 10% en las municipalidades.

Estas asimetrías intergubernamentales de un sistema fiscal unitario necesitan de lógicas transferencias desde la Nación hacia las provincias y los municipios, las cuales deberían ser automáticas para no deformar, a su vez, el sistema político federal, adoptado por nuestra Constitución. Pero, al resultar discrecionales, tienen la “lógica exigencia” de la subordinación política de las provincias y los municipios a la Nación, centralizando también el sistema político argentino.

Surge entonces, como un imperativo político, la descentralización del sistema fiscal. Existen notables propuestas (Juan Llach, Allieto Guadagni, entre otros) que ofrecen los siguientes lineamientos generales de un sistema fiscal que propicie la expansión de la producción, con genuina inclusión social:

a) Reducir la recaudación nacional mediante la disminución progresiva de los impuestos al comercio exterior y la rebaja del iva nacional al 10%.
b) Incrementar las recaudaciones provinciales a través de un iva local del 10% (eliminando ingresos brutos) y del fortalecimiento del impuesto inmobiliario rural (que no desincentiva la producción como las retenciones).
c) Aumentar las recaudaciones municipales, cediendo a su cargo los impuestos al parque automotor y el inmobiliario urbano y fortaleciendo la percepción de la retribución de los servicios (eliminando las tasas de inspección, seguridad, etc.).

Con esta reforma fiscal (la Constitución Nacional de 1994 la exigía para el año 1996) mejoraríamos sensiblemente nuestra “correspondencia fiscal”, esto es la necesaria correlación que debe existir tanto entre los ciudadanos electores, los contribuyentes y los receptores del gasto público, como también que cada nivel de gobierno perciba su beneficio político de ejecutar el presupuesto publico, pero también simultáneamente afronte el costo político de recaudar los impuestos. El efecto de mayor racionalidad en los comportamientos políticos seria extraordinario.

*Castor López, Presidente Recrear Sgo., Diputado Provincial