Dos ciudadanos japoneses y un argentino que trabajan para una productora independiente de televisión declararon este jueves en los tribunales locales por una causa donde se investiga si se vulneraron los derechos de una menor durante la realización de un documental con el que se recaudaron fondos para UNICEF en Japón. En el acto procesal habrían negado cualquier ilícito.

El periodista Eiji Roponjji, el traductor Koji Watanabe y el asistente Oscar Mayol estaban citados como testigos por el juez Gustavo Adolfo Herrera, por su trabajo en esta provincia para la productora Staff Labbi. Esos documentales, grabados entre 2004 y 2006, sirvieron de base para un programa del Fuji TV canal 8 de Japón.

Ese canal, que posee una de las cadenas más importantes, difundió ese material con el fin de sensibilizar a su audiencia con la cruda realidad de la pobreza de una niña de 13 años santiagueña, del barrio humilde Bosco II, como disparador para recolectar donaciones destinadas a UNICEF, el organismo de protección a la minoridad de Naciones Unidas. Ese programa recibió premios por su carácter “solidario”.

La menor se encontraba embarazada y la productora montó una historia de vida sobre las niñas madres en 2004, llevando a cabo un seguimiento de la gestación, hasta llegar al parto. Dos años después regresaron para conocer cómo había evolucionado y allí se dieron con que estaba nuevamente embarazada, por lo que se hizo una nueva cobertura.

Un matutino local dio a conocer el caso y el fiscal Guillermo Molinari abrió una investigación de oficio para determinar si en la realización se cometió algún abuso contra los derechos de la menor a cambio de una ayuda económica. Poco después, el abogado Eduardo Font se presentó como querellante, en nombre de uno de los padres, y demandó a la productora y al canal nipones.

Su denuncia se basó en la utilización presuntamente indebida de la niña y su bebé, por argumentar que fueron manipulados para sensibilizar a los televidentes. Por caso, se afirmó que la niña fue obligada a subir a un carro tirado por animales para llegar hasta el centro asistencial donde daría a luz, para que tuviera “mayor impacto”.

La productora arguyó que no violó ningún derecho de la menor y afirmó que remitió una importante cantidad de dinero para ayudar a la familia, que, por su parte, dijo que no se cumplió con la promesa de la construcción de una vivienda.