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Medida de la Defensoría del Pueblo de la Nación
Movilidad de haberes jubilatorios: contestan apelación del Ejecutivo nacional
El Director General de Legales del Defensor del Pueblo de la Nación, Dr. Anselmo Sella, contestó el recurso de apelación presentado por el Poder Ejecutivo Nacional en contra del fallo que reconoció la movilidad a los haberes de todos los jubilados y pensionados.
Al explicar los alcances de la contestación, el Dr. Sella ratificó que el Defensor del Pueblo de la Nación representa a todos los jubilados y pensionados y señaló la necesidad de que la Justicia confirme el pronunciamiento de primera instancia "ya que con ello se garantizará el goce por parte de los jubilados y pensionados de los derechos humanos básicos, como son el derecho a la salud, a una vida digna, al acceso a la Justicia -en fin- al grupo vulnerable que conforma este sector".
“La presentación se hizo durante la semana pasada ante el Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 9, que dictó sentencia reconociendo el derecho de la movilidad que hasta el momento no recibieron ajustes. Este período comprende desde enero del 2002 hasta enero del 2006 y contempla a cerca de un millón de jubilados que está en esa situación”, manifestó Sella a Radio Panorama.
Añadió el Dr. Sella: "Insistimos que no se trata de un reclamo patrimonial, sino que se solicita el cese de la violación continua por parte del estado Nacional al derecho a la movilidad previsional".
El funcionario de la Defensoría nacional mencionó que en la contestación se rechazó rotundamente el planteo del Poder Ejecutivo Nacional y en dicho escrito se calificó de exabrupto temerario la afirmación de los representantes de la ANSES en el sentido de que aceptar la representación de todos los jubilados por parte del Ombudsman sería activar "un generador de desestabilización democrática".
En relación al anuncio del Director Ejecutivo de ANSES, Amado Boudou, el Dr. Sella indicó que la "ANSES, más que funcionar como brazo ejecutor de una política de aumentos responsables, está trabajando para encubrir la deuda que tiene con esa franja de jubilados y pensionados y disimular la situación de incumplimiento en que se encuentra respecto a una orden de la Corte y de un Juez Federal".
Refiriéndose al anunciado aumento para jubilados y pensionados del 7,5% que dio el Poder Ejecutivo Nacional, apuntó que "es totalmente insuficiente, ya que es de público conocimiento que en lo que va del año la inflación ha superado con creces los aumentos previstos del orden del 15% y hasta las actualizaciones salariales que han tenido un piso del 19,5%. Además lo lamentable es que el Director Ejecutivo de ANSES al difundir este aumento mínimo como si fuera un gran logro, pero que poco le sirve a los jubilados, lo hace con la intención de desviar la atención, y encubrir y disimular que hay una franja importantísima de jubilados y pensionados a los que continúa vulnerándosele el derecho a la movilidad, para los cuales los aumentos que tuvieron desde el 2002 a la fecha son totalmente insuficientes, comparados con los aumentos salariales de ese mismo período, y también con la inflación".
Ejemplificando sobre el alcance verdadero que deberían tener los incrementos de respetarse la movilidad de haberes, el funcionario de la Defensoría nacional indicó que "un haber de $ 500 en enero de 2002, ajustado a la fecha según ANSES da $ 850, mientras que el aumento correcto, según los fallos de la Corte Suprema en el caso Badaro y del Juez de la Seguridad Social, Dr. Ize, en el juicio que inició el Defensor del Pueblo de la Nación Eduardo Mondino en representación de todos los jubilados y pensionados, sería a $ 1.380. Como vemos hay una diferencia de más de 60%".
“La presentación se hizo durante la semana pasada ante el Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 9, que dictó sentencia reconociendo el derecho de la movilidad que hasta el momento no recibieron ajustes. Este período comprende desde enero del 2002 hasta enero del 2006 y contempla a cerca de un millón de jubilados que está en esa situación”, manifestó Sella a Radio Panorama.
Añadió el Dr. Sella: "Insistimos que no se trata de un reclamo patrimonial, sino que se solicita el cese de la violación continua por parte del estado Nacional al derecho a la movilidad previsional".
El funcionario de la Defensoría nacional mencionó que en la contestación se rechazó rotundamente el planteo del Poder Ejecutivo Nacional y en dicho escrito se calificó de exabrupto temerario la afirmación de los representantes de la ANSES en el sentido de que aceptar la representación de todos los jubilados por parte del Ombudsman sería activar "un generador de desestabilización democrática".
En relación al anuncio del Director Ejecutivo de ANSES, Amado Boudou, el Dr. Sella indicó que la "ANSES, más que funcionar como brazo ejecutor de una política de aumentos responsables, está trabajando para encubrir la deuda que tiene con esa franja de jubilados y pensionados y disimular la situación de incumplimiento en que se encuentra respecto a una orden de la Corte y de un Juez Federal".
Refiriéndose al anunciado aumento para jubilados y pensionados del 7,5% que dio el Poder Ejecutivo Nacional, apuntó que "es totalmente insuficiente, ya que es de público conocimiento que en lo que va del año la inflación ha superado con creces los aumentos previstos del orden del 15% y hasta las actualizaciones salariales que han tenido un piso del 19,5%. Además lo lamentable es que el Director Ejecutivo de ANSES al difundir este aumento mínimo como si fuera un gran logro, pero que poco le sirve a los jubilados, lo hace con la intención de desviar la atención, y encubrir y disimular que hay una franja importantísima de jubilados y pensionados a los que continúa vulnerándosele el derecho a la movilidad, para los cuales los aumentos que tuvieron desde el 2002 a la fecha son totalmente insuficientes, comparados con los aumentos salariales de ese mismo período, y también con la inflación".
Ejemplificando sobre el alcance verdadero que deberían tener los incrementos de respetarse la movilidad de haberes, el funcionario de la Defensoría nacional indicó que "un haber de $ 500 en enero de 2002, ajustado a la fecha según ANSES da $ 850, mientras que el aumento correcto, según los fallos de la Corte Suprema en el caso Badaro y del Juez de la Seguridad Social, Dr. Ize, en el juicio que inició el Defensor del Pueblo de la Nación Eduardo Mondino en representación de todos los jubilados y pensionados, sería a $ 1.380. Como vemos hay una diferencia de más de 60%".
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