El ex magistrado sostiene inauguralmente en su nota que “hay algo que sorprende en la multitud de opiniones, reclamos, quejas, y debates que ha suscitado la pretensión presidencial de crear un fondo con reservas del Banco Central para garantizar el pago de la deuda externa. En su enorme mayoría, de un lado y del otro, sistemáticamente se soslaya el asunto capital y decisivo, lo que realmente más importa: la obstinada voluntad de hacer ese pago de la deuda, omitiendo lo que es esencial. Esto es, si corresponde hacerlo, si esa deuda es legítima, si pagarle a los presuntos acreedores es procedente; dicho de otro modo, la calidad jurídica de lo que se intenta hacer, la licitud de esa pertinaz decisión pagadora”.

Lozada, cuyo prestigio y capacidad como ex juez y como jurista es demasiado bien conocido en el foro nacional, vuelve pues a la cuestión crucial que abordó durante diez años, en su exhaustiva investigación, ese gran patriota que fue Don Alejandro Olmos, y que resultara avalada por un memorable fallo del ex juez Ballestero, que conminaba al Congreso a investigar la legitimidad de las obligaciones financieras externas de la Argentina. Obviamente, pese al tiempo transcurrido, el Poder Legislativo no se dio aún por enterado de aquel imperativo.

Y el gobierno, primero el de Néstor Kirchner y luego el de Cristina, también hicieron caso omiso de es dictamen ejemplar, arguyendo no sin falacia que es propio de los países serios “honrar la deuda”, pero sin analizar detalladamente cómo se contrajo, en qué época se volvió impagable y si quienes asumieron la responsabilidad de aquellos empréstitos tenían las condiciones institucionales para hacerlo.

Para colmo de males, tratando de eludir su propia responsabilidad, los últimos dos gobiernos inventaron el sofisma de que dicha deuda fue contraída por administraciones anteriores, lo que obliga a la actual a desendeudarse de cualquier manera y lo antes posible, incluso vulnerando la ley, esgrimiendo como un gran mérito el haber saldado las obligaciones existentes con el Fondo Monetario Internacional. Lo más penoso es que el carácter espurio de la deuda se conoce, y muy bien. Fue contraída inicialmente por iniciativa del ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y su viceministro Guillermo Walter Klein en los albores de la última dictadura militar, para financiar la lucha contraguerrillera y fortalecer con un derroche de obras públicas, al que no fue ajeno Santiago del Estero, al denominado Proceso de Reconstrucción Nacional.

A los santiagueños nos avergüenza en particular que sea un comprovinciano, el contador Jorge Nicolás Amado, quién esté a cargo de la Dirección de la Deuda Externa, dependiente del Ministerio de Economía, y que como ex militante de una fracción de la llamada Izquierda Nacional bregó y luchó durante toda su militancia en contra de pagar esos compromisos ilegítimos. Claro, fue hasta que se pasó de bando.

Y añade el ex juez Lozada: “Lo grave, lo gravísimo es que se pretende afectar reservas del Banco Central para asegurar el pago de una deuda que en su origen fue declarada parcialmente ilegal. Lo dispuso así la sentencia dictada el 13 de julio de 2.000 por el juez en lo Criminal y Correccional Federal Jorge Ballestero, también implica desconocer, además, que esa deuda, en alguno de sus segmentos más recientes, es materia de tres causas penales que tramitan en el Juzgado federal Nº 2 interinamente a cargo del Dr. Eduardo Martínez de Giorgi, lo que determina que hasta tanto este magistrado no se expida sobre su legalidad, resulta imposible que el Poder Ejecutivo efectúe alguna renegociación de la misma o afecte fondos del Estado para su pago”.


“La cuestión fundamental –prosigue el jurista en su fundamentación- radica entonces en que el destino que se le quiere dar al dinero del Estado nacional es contrario al principio básico, esencial de todo ordenamiento jurídico, el principio de legalidad. Dicho de otro modo, se intenta pagar unas obligaciones inexigibles, cuyo núcleo originario ha sido declarado ilegitimo por esa sentencia firme en la célebre causa promovida por Alejandro Olmos”.


Es por demás obvio que si bien el Poder Ejecutivo elabora la política económica, ello de ningún modo lo habilita para convalidar actos irregulares o sanear infracciones legales ni desconocer el orden jurídico que regula la legitimidad de sus decisiones, dice Lozada, añadiendo que “la existencia de una investigación judicial sobre el endeudamiento externo, no tiene nada que ver con cuestionar una política económica en particular, sino en el hecho de poder demostrar que la deuda se estructuró sobre la base del desconocimiento de normas constitucionales y preceptos legales, configurándose así un sistema que escapó al control de legalidad que deben tener los actos de gobierno. Eso no supone judicializar la política económica del gobierno, sino simplemente poner en evidencia la conformación de diversos actos ilícitos que, partiendo de decisiones políticas, solamente pudieron concretarse desconociendo o burlando el sistema legal que nos rige”.

“No se trata –abunda el estudioso- de cuestiones subjetivas, o facciosas o partidistas. Simplemente se trata de la observancia de la ley y el respeto de la cosa juzgada, emergente de una sentencia firme como la emitida en su momento por el juez Ballestero. En este debate sobre el Fondo del Bicentenario, el asunto de la deuda externa y su judicialmente declarada ilegitimidad debe tener una excluyente centralidad, algo en que sólo parecen haber reparado los bloques que componen el Proyecto Sur en la Cámara de Diputados. Como así también debe tener una significación prioritaria la auditoría que se impone lleve adelante el Congreso de la Nación. Sólo con el examen minucioso de cada una de estas presuntas obligaciones habrá seguridad y legitima exigibilidad de las acreencias que se le reclaman al gobierno nacional. Esta auditoria sí es, en efecto, una deuda pendiente del órgano legislativo”.

Aquella sentencia del juez Ballestero fue girada al Congreso para que éste actuara en consecuencia respecto de los numerosos delitos y fraudes cometidos en la formación de la elefantiásica deuda externa que dejó la dictadura militar. Pero las mayorías legislativa, con su robótica obediencia y dependencia del Poder Ejecutivo, no han hecho otra cosa durante más de una década que ignorar esa sentencia y omitir dolosamente sus obligaciones. En ese lapso se han dado reciclajes, megacanjes, reestructuraciones, renovaciones de aquella deuda, todo lo cual siempre implica capitalización de los intereses supuestamente adeudados, Este procedimiento, también ilegítimo, por claramente usurario, no ha hecho sino engrosar las cifras de las pretendidas acreencias.


Y concluye el Dr. Salvador Lozada: “En un país que está muy lejos de ocupar posiciones respetables en los rankings mundiales de transparencia y moralidad públicas, tal vez sea una ingenuidad muy grande preguntarse por los motivos en razón de las cuales hacen los gobiernos, particularmente el gobierno actual, tantos y tan sostenidos esfuerzos, para esconder y ocultar las importantes razones que tiene el país para oponerse al pago de esas deudas ilegitimas o muy dudosamente exigibles”.

“Quienes toman decisiones sobre la deuda externa parecen dominados por una irresistible y sospechosa “pasión pagadora”, una evidente compulsión por premiar a acreedores inexistentes, como si les fuera algo muy personal y muy importante a los empecinados pagadores en este tan oneroso desembolso que le imponen a la Nación. Esto -la terca voluntad de pagar lo que no se debe- también en su momento, deberá ser investigado”.