La realidad actual y la mera cronología de haber transcurrido 200 años desde aquel corto pero muy importante periodo histórico ocurrido entre los años 1810 y 1816, a partir de la independencia de nuestro país de un Reino de España que caía derrotado ante Napoleón Bonaparte, incluyendo luego a las patrióticas resistencias a las invasiones inglesas, no le otorga al presente año 2010 otro carácter más, pero tampoco menos, que el del aniversario del bicentenario de la Nación.

Es así aun cuando muchos notorios historiadores argentinos fijan el real origen institucional de nuestra Nación recién en el año 1853, con la sanción de su primera Constitución. Incluso, complementando ello con la emisión de su primera moneda nacional, de aceptación en todo el territorio del país, solo casi 30 años después. De hecho, en nuestra historia tampoco llegan a 140 los periodos legislativos habilitados por el Congreso nacional.

Entonces, sin “desgarrarnos las vestiduras” por nuestra históricamente escasa calidad institucional y registrando tal como hoy resulta nuestra agravada realidad, pero siempre trabajando para que tienda a ser como la imaginaron nuestros héroes hace 200 años, es posible percibir que, así como en los años 1999 y 2000 se incubaba la mayor crisis económica argentina en tiempos de paz, se asiste ahora a una creciente crisis institucional, ya la mas grave desde el retorno a la democracia.

Aquella grave crisis, de cepa económica, tuvo muy penosas consecuencias sociales, políticas e institucionales. El actual conflicto de poderes institucionales, recorriendo el camino recíproco, esta derivando en delicados problemas para la economía, porque su raíz es básicamente fiscal: el déficit que resulta de un gasto publico mayor a los ingresos estatales, inicialmente sostenidos por los nuevos tributos, tales como el impuesto a los cheques y las retenciones a las exportaciones.

Cuando estos resultaron insuficientes, el gobierno nacional recurrió sucesivamente a los fondos de las jubilaciones públicas y privadas, a los sistemas de salud publica, al Banco de la Nación y ahora a las reservas monetarias del Banco Central de la Republica. Generando así, no solo una elevada presión fiscal que paraliza a la economía real y productiva del país, sino también una alta incertidumbre acerca de su futuro comportamiento fiscal y monetario, la cual siempre despierta las expectativas más negativas.

El problema de este mayor gasto público nacional es que, objetivamente, no habría resultado en una mejor salud y educación publica ni en una más equitativa distribución del ingreso. Generándose así un complejo debate entre un oficialismo, con su representación parlamentaria ahora minoritaria, y una mayoría opositora, pero muy fragmentada, acerca del destino de los mayores recursos públicos.

Mientras el gobierno indica que son, mayoritariamente, para honrar los vencimientos de la deuda pública externa a un menor costo financiero y sostener la disminuida credibilidad internacional de nuestro país, la oposición estima que solo es para continuar con lo que denomina un mero “gasto político”.Exhibe que, pese a que el gasto público por habitante se duplico en términos reales entre los años 2003 y 2009, la pobreza en la población solo disminuyo del 48% a mas del 30%.

Las pronto 3 décadas de democracia en nuestro país le siguen debiendo calidad de vida a la sociedad. Para ello debe cambiar el actual sistema de competencia por el poder político, basado exclusiva y pragmáticamente en la cooptación de las “cajas públicas” y su discrecional distribución para captar voluntades, por el que utilizan todos los países que, aun con diferentes preferencias ideológicas, progresan. Han fijado fundamentales reglas básicas pre-ideológicas que no transgreden.

Algunas de ellas son que los poderes están clara y realmente divididos, la justicia es efectivamente independiente, el gobierno tiene razonables límites a su poder, las políticas públicas fiscales y monetarias son homologables a las del mundo desarrollado, sus estadísticas oficiales no son distorsionadas, permiten racionales auditorias externas a sus cuentas publicas para permanecer integrados al mundo y renegocian bilateralmente sus deudas con sus acreedores, para mantener su crédito de largo plazo.

No parecen tan extravagantes como para no intentarlas una vez más.

* Castor López, Diputado Provincial y Presidente de Recrear para el Crecimiento de Santiago.