Sin embargo, la acción fue considerada ilegal por la Justicia norteamericana.
La Agencia Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI) hackeó el código de un sitio en la "dark web" que exhibía pornografía infantil para instalar malware en las computadoras de aquellos que ingresaran, para poder rastrearlos, pero el episodio fue considerado "ilegal" por la Justicia porque la operación tuvo carácter masivo y solo fue autorizada por el juez de un distrito.
La condición de ilegalidad de esta acción del FBI estuvo basada en un tecnicismo jurisdiccional según el cual "los magistrados solo pueden autorizar los allanamientos dentro de su jurisdicción", lo que significa que un juez de un distrito no puede autorizar un allanamiento en una ubicación geográfica diferente, explicó la publicación especializada en filtraciones The Intercept, que dio a conocer el caso este miércoles.
La historia comenzó en el 2014, cuando una agencia de inteligencia alertó al FBI de que el servidor de Playpen -como se llamaba el sitio de pornografía infantil- estaba situado fuera de la ciudad de Lenoir, en el estado de Carolina del Norte.
Con esa información el FBI accedió al servidor, pero en lugar de cerrar el sitio pornográfico permitió que siguiera funcionando y colocó una copia de Playpen en los servidores administrados por el gobierno en Virginia.
Luego de obtener solo una orden de allanamiento en el distrito Este de Virginia, el FBI manipuló el código del sitio para instalarle un malware de rastreo a cualquier computadora que ingresara un usuario y contraseña en Playpen. De esta forma, el código malicioso luego revelaría la locación de la computadora del usuario a la policía.
Con esa táctica, el FBI infectó más de 1.000 computadoras, lo que llevó a cientos de detenciones. Pero muchos de los acusados desafiaron la evidencia obtenida a través de la operación, argumentando que una sola orden de allanamiento no puede ser capaz de autorizar semejante operación de hackeo.
Hasta ahora, tres tribunales fallaron a favor de tres acusados, mientras que otros 11 apoyan la orden gubernamental, informó The Intercept, el sitio fundado por Glenn Grennwald (el periodista que entró en contacto con Edward Snowedn y reveló el programa de espionaje masivo del gobierno estadounidense).
Si bien el caso del hackeo masivo no despertó protesta pública -debido a la sensibilidad de la temática como lo es la pornografía infantil-, grupos de derechos civiles están alertando que el precedente podría dar lugar a una dramática expansión del poder gubernamental sobre el hackeo.
Si una orden a gran escala de para infiltrar sistemas puede ser autorizada por un solo juez, eso permitiría al Gobierno buscar "al juez más simpático" para cualquier operación a nivel nacional, analizó la publicación.
El Departamento de Justicia está solicitando permiso justamente para esto y la Corte Suprema de Justicia ya aprobó un cambio que podría remover limitaciones jurisdiccionales por órdenes de jueces.
A menos que el Congreso lo trate en diciembre, el cambio de la normativa tendrá efecto automático.