Esta vez no hubo fuego. Con palos obligaron a dos familias, a las que acusan de vender drogas, que desalojen una casa.
Un grupo numeroso de aborígenes que residen en diferentes comunidades ubicadas al costado de la ruta nacional 86, al este de Tartagal, protagonizaron, por segunda vez en una semana, un enfrentamiento con dos familias criollas a las que acusan de vender droga -paco y pasta base- a los niños y adolescentes originarios.
El primer episodio se produjo la semana anterior cuando en Tartagal se llevó a cabo una reunión convocada por la Municipalidad para plantear el tema inseguridad, que cada vez genera más preocupación en las localidades del norte.
Potenciados por el consumo de sustancias prohibidas, la mayoría de los delitos como robos, hurtos y asaltos con uso de armas de fuego, tiene como protagonistas a jóvenes quienes recurren a cualquier cosa para conseguir dinero y poder comprar droga.
En esa oportunidad los aborígenes -mujeres, hombres y niños- liderados por los caciques Antonio Cabana, Cándido Díaz y Modesto Rojas llegaron hasta la precaria vivienda e intentaron quemarla pero la intervención del cuerpo de Infantería de la Policía provincial evitó que el hecho pasara a mayores; los aborígenes solo alcanzaron a quemar una empalizada y optaron por retirarse después de un par de horas de discusiones. Pero la familia compuesta por varias personas, entre ellos varios niños pequeños, siguieron ocupando la precaria vivienda del kilómetro 4 al este de Tartagal.
El lunes al mediodía los aborígenes -también de varias comunidades- regresaron y esta vez, con palos y piedras los obligaron a dejar el lugar. En un primer momento los criollos trataron de resistirse y se ocultaron en la precaria construcción pero como los aborígenes estaban cada vez más violentos, optaron por salir, sacar sus pertenencias y abandonar el lugar.
DESARMARON LA VIVIENDA
Los aborígenes, cuando sus ocupantes cargaron sus pocas pertenencias en un móvil de la Policía, desarmaron la vivienda de madera. "Nos vamos a vivir al barrio San Silvestre", dijo una de las mujeres atacadas.
Las dos familias -ambas de apellido Rojas- residían originalmente en esa barriada ubicada sobre la ruta nacional 34 pero hacía tiempo que se trasladaron 4 kilómetros al este.
"Se vinieron acá para venderle droga a los chicos. Si la Policía ni los jueces no hacen nada los vamos a sacar nosotros. A todos los que vendan droga y alcohol los vamos a correr porque estos delincuentes no van a seguir matando a nuestros hijos", sintetizaron los originarios que en una semana dejaron claro que hablan muy en serio.
La más elocuente fue una mujer originaria que portaba un cartel con una leyenda escrita en su lengua en el que expresaba "basta de drogas".
ECOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR
La reunión que se realizó la semana anterior en Tartagal tenía como principal invitado al ministro de seguridad de la provincia Carlos Oliver pero el funcionario no asistió y en su lugar estuvieron presente el secretario del área Jorge Ovejero, la ministra de derechos humanos Pamela Caletti, jefes de las fuerzas de seguridad, directivos de escuelas de todos los niveles, legisladores, intendentes, y hasta sacerdotes católicos y pastores evangélicos.
Quien pidió la palabra al inicio de la reunión fue el senador por el departamento San Martín Andrés Zottos quien reclamó airadamente por más efectivos, móviles y logística para la Policía. Zottos se refirió también a los cuestionamientos que existen sobre quienes integran la jefatura policial en el departamento San Martín.
REACCIÓN OFICIAL Y DESMENTIDAS
El secretario de Gobierno de la Municipalidad, Franco Hernández Berni, en relación a las declaraciones de Ovejero una vez de regreso en Salta, aseguró que en esas declaraciones “o se contradijo o no dijo lo mismo que expresó cuando estuvo en Tartagal. Él vino porque lo convocamos desde la Municipalidad al ministro de Seguridad, no por iniciativa propia. Pero a diferencia de lo que opina Ovejero la dirección de Control y Fiscalización municipal están haciendo un trabajo impecable. Cuando la situación lo amerita se procede a las clausuras, se habilita cuando corresponde y hay un estricto control de los comercios que expenden bebidas alcohólicas”, detalló.
“El reclamo que desde varios sectores se le hizo a Ovejero cuando vino a Tartagal es que se debe aumentar el número de policías y brindarles a esos efectivos los medios para que puedan trabajar. Todos queremos escuchar que las soluciones vendrán; no que nos cuenten lo que ya sabemos”, manifestó Hernández visiblemente molesto.
“Tartagal es uno de los municipios en los que más se trabaja en capacitaciones y programas de inclusión de niños y jóvenes. Pero la policía solo cuenta con tres bomberos para todo el departamento San Martín, para hacer las inspecciones y entregar las habilitaciones de higiene y seguridad”, manifestó Franco Hernández Berni, secretario de Gobierno de la comuna.
Pero resulta que por la falta de efectivos “hay gente que no quiere ni hacer la denuncia; en Coronel Cornejo los vecinos tienen que pagar peaje a los delincuentes para ingresar al pueblo”, manifestó el funcionario.