La Eurocámara aprobó el convenio denominado CETA, pese a las críticas que sostienen que favorece a multinacionales y atenta contra la seguridad alimentaria y el ambiente.
Pero no todos coinciden con esta postura, como lo demostraron las protestas masivas en inmediaciones del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia). Sectores tan diversos como grupos de izquierda, ecologistas y nacionalistas euroescépticos creen que los principales beneficiarios van a ser las grandes empresas, contra quienes sin ningún tipo de mano visible del Estado, los pequeños no podrán competir, especialmente en el sector agrícola.
“Uno de los sectores más perjudicados es la agricultura y la ganadería y de hecho el principal sindicato campesino de España sacó un comunicado pidiendo a los parlamentarios que voten en contra”, explicó a Télam Alex Guillamón, coordinador de la asociación social EntrePueblos, con sede en Barcelona, y portavoz de la campaña No al TTIP (nombre del acuerdo hermano al CETA, que propone un comercio libre entre la Unión Europea y Estados Unidos, por ahora frenado por Trump).
“Justo en el momento en el que somos testigos de cómo el nuevo gobierno de los EEUU se ha configurado para dar mayor poder e influencia a las grandes corporaciones y el poder financiero, el CETA amenaza con socavar la democracia y el estado de derecho en Europa, en beneficio de un puñado de multinacionales”, comentó Shira Stanton, de Greenpeace, una de las organizaciones que protestaron en Estrasburgo.
Los críticos además ven que el convenio supone para Europa una reducción de los estándares en materia de seguridad alimentaria y medioambiente, ya que durante las largas negociaciones que arrancaron por 2009 y mantenidas en un estricto secreto, se aceptó reducir la protección que establece la legislación comunitaria contra los disruptores endocrinos (sustancias químicas potencialmente cancerígenas que se encuentran en plaguicidas).
El sistema de arbitraje entre Estados y empresas también es un punto crítico. Principalmente fue concebido como una institución privada pero ante el rechazo se aceptó un tribunal con jueces procedentes de los Estados Miembros y Canadá, lo que igual no frena que los inversores que se sientan perjudicados puedan demandar a los países.
“Miles de empresas estadounidenses con filiales en Canadá podrían usar el CETA para demandar a los gobiernos por supuestas lesiones de intereses. Ya tenemos antecedentes, además del de una empresa minera canadiense que tanto en Galicia como Rumania han interpuesto demandas por proyectos frenados por los gobiernos gracias a la movilización popular. No aceptamos que este sistema de arbitraje del CETA, que juzga solamente teniendo en cuenta la ley mercantil, esté por encima de la legislación pública”, explicó Guillamón.