"Somos un país de puertas abiertas, y el inmigrante que llega y respeta a las normas, lejos de ser un problema, nos fortalece", afirmó el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj.
El Gobierno expresó su compromiso con la inmigración ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una audiencia donde organizaciones civiles lo acusaron de promover la xenofobia, el "racismo institucional", la marginalización y la criminalización de migrantes con el decreto migratorio firmado por Mauricio Macri a fines de enero.
"Somos un país de puertas abiertas, y el inmigrante que llega y respeta a las normas, lejos de ser un problema, nos fortalece", afirmó el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, en una de las tres audiencias en la CIDH referidas a la Argentina.
Avruj lideró una delegación de la Casa Rosada que viajó a Washington con una doble misión: responder a las críticas y las dudas por el decreto de necesidad y urgencia (DNU) migratorio de Macri, y las denuncias sobre represión de protestas y de la sindicalización en Jujuy, gobernada por el radical Gerardo Morales.
El endurecimiento de la política migratoria impuesto por Macri por decreto, una reforma que el Gobierno justificó en su lucha contra el crimen, provocó críticas, generó malestar de los gobiernos de Bolivia y Paraguay y preocupación en la CIDH, que decidió llamar a una "audiencia de oficio" para discutir la medida, al igual que hizo con la iniciativa del gobierno de Donald Trump para prohibir el ingreso de viajeros de seis países musulmanes y de refugiados y aumentar y acelerar las deportaciones.
Avruj dijo que el decreto no apuntaba a "perseguir migrantes". "No es más que el respeto del estado de derecho. No se trata de perseguir migrantes. La nacionalidad de quien delinque no es parte del debate. Controlar el ingreso y residencia de los inmigantes es también parte de los derechos humanos", afirmó.
El director Nacional de Migraciones, Horacio García, fue más enfático al recordar que Macri había radicado a "un cuarto de millón de personas", y que la Argentina quería más inmigrantes y hacía "un esfuerzo superlativo" para honrar su historia migratoria ante un mundo que se cerraba.
"Si tenemos 40 millones de personas en la Argentina, podemos recibir 40 millones de personas más", sentenció, sobre el final de la audiencia. "La Argentina no copia modelos, tiene un modelo propio, y la vamos hacer respetar entre todos", agregó.
El ida y vuelta había sido respetuoso, pero con acusaciones duras. Los organismos de derechos humanos pidieron a la CIDH que abogara por la derogación del decreto.
Diego Morales, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), dijo que la iniciativa del Gobierno transformó la ley de migraciones "en una ley restrictiva de los derechos humanos". Gabriela Lisvori, de la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (Caref), dijo que el decreto favorecía la xenofobia, el racismo, aumentaba la marginalzación y ponía en riesgo los derechos del niño.
Nesumbi Sukama el Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración (Iarpidi), acusó al gobierno nacional de reactivar el "racismo institucional" al criminalizar a los migrantes. "Al vincular la inmigración con el crimen, el DNU viene a reactivar el racismo institucional", fustigó Sukama.
Una de las preocupaciones centrales de las organizaciones civiles es cómo se cumplirá con el respeto al derecho al debido proceso, y que, con el decreto, los delitos menores podrían derivar en la deportación de extranjeros. Morales puso, como ejemplo, a un extranjero arrestado en una protesta por resistir la autoridad, que puede llegar a ser deportado.
El comisionado Francisco José Eguiguren, relator para la Argentina, Uruguay y Venezuela, quien presidió la audiencia, ponderó el reconocimiento que hicieron los funcionarios del "aporte histórico" de los inmigrantes. Eguiguren enmarcó la audiencia en una preocupación más global, que excede a lo que sucede en el país, pero que tocó al decreto: el momento de su implementación, justo cuando crece la xenofobia. "Esta audiencia refleja la preocupación por el tema migratorio", dijo Eguiguren.
Los funcionarios oficiales optaron por eludir algunas preguntas y respondieron, en cambio, con su férrea defensa del espíritu oficial a favor de la inmigración.
Eguiguren se mostró satisfecho con el intercambio. El objetivo de la audiencia, señaló, era proporcionar un foro para permitir que todas las opiniones sean escuchadas. La Comisión estudiará la iniciativa oficial en mayor profundidad antes de decidir si se pronuncia o no, agregó: "Este tema amerita ser estudiado y seguido, y tenga la certeza que así va a ser".