Lo presentó la presidente Cristina Kirchner durante la Cadena Nacional, el proyecto contempla la creación de la Agencia General de Inteligencia.
La presidenta Cristina Fernández anunció esta noche el envío al Congreso de un proyecto de "reforma del sistema de inteligencia" y convocó a sesiones extraordinarias del Parlamento a partir del 1º de febrero.
Según aseguró la mandataria, el texto será remitido al Congreso "antes de mi viaje a China", que se concretará este fin de semana, por lo que se empezará a discutir a partir del lunes en el ámbito parlamentario, dijo en cadena nacional.
Cristina lo confirmó esta tarde al hablar por cadena nacional, donde explicó que la SI será reemplazada por la Agencia Federal de Inteligencia, que contará con un director general y un subdirector, nombrados por el Poder Ejecutivo, pero que deberán contar con acuerdo del Senado.
Estos son los puntos salientes de la iniciativa:
Disolución de la actual Secretaria de Inteligencia."Esta es una deuda de la democracia. Tal vez me toca a mí hacer la reforma. Hemos visto una suerte de calesita permanente de fiscales, jueces, medios de comunicación, que evidentemente ha quedado a descubierta y que hay que cortar de cuajo", justificó la Presidenta.
Se crea la Agencia Federal de Inteligencia, que estará cargo de un director y subdirector. Serán designados por el Poder Ejecutivo, pero requerirán de la aprobación del Congreso.
La iniciativa establece la Agencia Federal de Inteligencia reunirá y analizará hechos, riesgos y conflictos que afecten la seguridad de la Nación y sus habitantes. Tipificará para la prevención de amenazas internacionales del terrorismo, la trata de personas, el narcotráfico, el tráfico de armas y el ciberdelitos.
Las actividades de inteligencia interna quedaran fijas a delitos federales graves. Se establece que al agencia será el órgano superior de estas tareas.
Se transferirá la totalidad del sistema judicial de escuchas al Ministerio Público Fiscal, en razón de ser "el único ministerio extrapoder".
Se establecen penalidades para quienes no cumplan con la disposiciones vigentes con penas de 3 a 10 años de prisión, delito no excarcelable. Se penados los funcionarios que tomen contactos por afuera de los canales institucionales.