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País

Kicillof no viajará a los últimos días de negociaciones

En el Ministerio de Economía se resolvió, por orden de la presidente Cristina Kirchner, que ningún funcionario vuelva a los EEUU antes del 30 de julio.

28/07/2014

En el Gobierno sostienen que "con la insólita interpretación de la cláusula pari passu y la excéntrica fórmula de cálculo que hizo Griesa para determinar el valor de la sentencia, no hay que descartar que el juez haga una interpretación similar con respecto a la cláusula Right Upon Future Offers (RUFO, por sus siglas en inglés).

Por eso sostienen que "por el momento es imposible avanzar" e insisten en el riesgo de que se accione la cláusula RUFO si se paga la sentencia a los holdouts por unos 1.650 millones de dólares, con lo que "se podrían disparar juicios millonarios contra la Argentina".

Al respecto, en Economía argumentan que de pagar la sentencia "el resto de los holdouts reclamarán un tratamiento similar al de pari passu por un valor cercano a 15.000 millones de dólares".

Además, agregan que "está la demanda potencial de quienes entraron en los canjes I y II, los holdins, porque se trataría de una mejora en la oferta". En este sentido llama la atención que las cifras que dan los distintos voceros del Gobierno y hasta el mismo Kicillof vayan desde 120.000 millones hasta 500.000 millones de dólares, lo que deja muchas dudas a la hora de no observar un trabajo técnico serio de Economía para explicar esos montos tan dispares.

De ahí que se determinó que "por el momento, es imposible avanzar en negociaciones con el mediador Daniel Pollack que puso el juez Griesa de una manera justa, equitativa y sustentable para solucionar los reclamos de los holdouts, al tiempo que no cuentan con las garantías para la preservación de la reestructuración de la deuda, que alcanzó a 92,4% de los acreedores en default en 2001 en los canjes I y II, "excepto que los holdouts saquen una garantía que nos permita cumplir sin problemas".

Al parecer, el mediador Daniel Pollack no ha aceptado ese pedido de la Argentina.

Axel Kicillof solicita también una medida cautelar (stay), hasta fin de año para que la Argentina pueda pagar en ese período los vencimientos de deuda reestructurada a los bonistas, mientras expira la vigencia de la cláusula RUFO. En caso contrario, aseguró que el Gobierno depositaría el monto de los vencimientos, como lo hizo el pasado 26 de junio con el Bono Discount.

Los funcionarios de Economía no descartan que en medio de las negociaciones que se realizan día a día se pueda llegar a una especie de solución transitoria que permita eludir un probable default.

Este fin de semana se filtró la noticia que habría tres bancos interesados en comprar la deuda en default y adelantarían esos fondos, pero por ahora serían sólo versiones periodísticas. En cambio, estaría avanzada la intención de ofrecer el cambio de los bonos de los canjes I y II por otros de jurisdicción argentina, algo que Griesa ya le prohibió a la Argentina.

El abogado Eugenio Bruno, experto en reestructuraciones de deuda, dijo a Infobae que "un canje bajo ley local será difícil legalmente de implementar ya que las medidas cautelares de Griesa de no pagar los bonos reestructurados a menos que se paguen los bonos defaulteados se aplica a los eventuales títulos públicos que reemplacen a los canjeados. Y para ambos se mantiene la denominada Orden Antievasión de Griesa que impide a los depositarios y custodios y abogados ayudar en un canje local".

Tiempo de definiciones
Este miércoles se sabrá si la Argentina evitará o entrará en lo que en algunos analistas llaman default técnico o selectivo, mientras que en el Gobierno niegan este tipo de calificación.

"Esto no depende del gobierno argentino sino del juez de Nueva York, Thomas Griesa, que debe decidir si implementa nuevamente una cautelar de no innovar o stay que le permita a la Argentina desbloquear los fondos por aproximadamente unos 539 millones de dólares que están depositados en las cuentas que Bank Of New York Mellon tiene en el Banco Central de la República Argentina", manifiestan desde Economía.

"La Argentina ha cumplido con sus obligaciones contractuales y depositó los fondos al Bank of New York (BoNY), pero esta entidad contratada como fiduciario para distribuir el dinero entre los acreedores no procedió a transferir los fondos a las cuentas de los bonistas en Nueva York por un bloqueo judicial y es Griesa y no el gobierno argentino quien tiene que resolver ese problema antes del 30 de julio", insisten desde Economía.

Y agregan que "se trata de un escenario inédito forzado por la sentencia y las órdenes del juez Griesa y hay que distinguir entre la diferencia de un evento de cesación de pagos o default como el del 2001 de la existencia de un evento como el actual donde se depositó el dinero del pago pero no nos dejan pagar y los acreedores no cobran por un impedimento legal de un juez y no porque el Gobierno declaró un default", argumentan los funcionarios.

También señalan que "cualquier paso en falso que se dé con relación a la cláusula (RUFO) podría también dar lugar a la responsabilidad civil y criminal bajo la ley argentina, y servir como base para un juicio político a los funcionarios argentinos a quienes se les dio la responsabilidad de resolver este asunto, por eso hay que esperar hasta el año que viene para pagar la sentencia bajo estas condiciones".

En cambio, algunos especialistas consultados por Infobae afirman que la RUFO sólo se accionaría si el gobierno argentino ofrece "voluntariamente" a los holdouts una mejora respecto de lo recibido por los bonistas. Y concluyen que un pago de la sentencia no es voluntario, aunque podría serlo si se ofrece pagos en bonos, al estilo de la solución acordada con Repsol por el pago de la expropiación de sus tenencias de acciones de YPF.