Hacia la inmoralidad universal

La semana pasada, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ordenó a las naciones africanas -casi como una orden militar- que revocaran las leyes penales que aplican sanciones contra la conducta homosexual y que pusieran fin a la discriminación por causa de la orientación sexual o de la identidad de género. Ban Ki-moon se dirigió a las 54 naciones de África reunidas en la Cumbre de la Unión Africana en Addis Abeba el 29 de enero. Instó a los países de la concurrencia a afianzar los derechos civiles, políticos y económicos. Entre ellos incluyó los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales y transgénero (LGBT). Dijo: «Permítanme mencionar una forma de discriminación que ha sido ignorada y hasta penalizada por muchos estados durante demasiado tiempo... la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. Esta ha impulsado a algunos gobiernos a tratar a las personas como ciudadanos de segunda clase, y hasta como delincuentes. Encarar esta discriminación es un desafío. Pero debemos estar a la altura de la Declaración Universal».

Este pelado asiático insignemente batata e inepto para tan alta nominación, ignoró por “burro” (no merece otro adjetivo más sobrio y respetuoso), que en la mayoría de los países africanos, la homosexualidad es mal vista por ser inmoral y degradante. La mayor parte de las naciones africanas orientales y occidentales penalizan los actos homosexuales, y algunas llegan hasta a prescribir la pena de muerte. Muchas de estas leyes datan del período poscolonial y fueron aprobadas en los últimos diez años. En la mayoría de estos países, los derechos LGBT ni siquiera se contemplan como posibilidades en un futuro lejano. Pero ésta no es la primera vez que una figura política mundial impulsa los derechos LGBT en África. En noviembre del año pasado, David Cameron dijo que el Reino Unido estaba trabajando a través de la Commonwealth para presionar a las naciones africanas a fin de que reconocieran los derechos LGBT. Cameron llegó a decir que en el futuro la ayuda de la Comunidad Británica de Naciones llegaría con condiciones especiales. De la misma manera, Hillary Clinton en diciembre habló de promover los derechos LGBT como una «prioridad» de la política exterior de los Estados Unidos.

Tales alusiones a los derechos LGBT en el contexto internacional son ambiguas, en el mejor de los casos. Con frecuencia se cita el derecho de todos los seres humanos a verse libres de la violencia y de la discriminación, como lo consagra la Declaración de los Derechos Humanos y otros tratados internacionales. Pero el objeto de esas menciones es, evidentemente, la adopción de toda la gama de exigencias del lobby homosexual, comenzando por la eliminación de las leyes penales que proscriben la conducta homosexual, siguiendo luego con la concesión de los mismos derechos a las uniones homosexuales que a las parejas casadas, y finalizando con el reconocimiento de toda forma de orientación sexual e identidad de género. Derechos de este tipo fueron rechazados, o ni siquiera contemplados, cuando se redactó la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros acuerdos internacionales.

Especialistas en derecho internacional indican que ningún tratado internacional menciona los derechos LGBT. La orientación sexual y la identidad de género simplemente no existen en el derecho internacional, y no pueden servir de base para ningún derecho especial. Permítanme una digresión: hasta en la literatura legal universal rigen las leyes de la semiótica. Son las palabras las que tienen género, las personas tienen sexo. ¿O les asusta a los escribidores de la ONU llamar a las cosas por su nombre?

Aunque las naciones tienen la obligación de proteger de la discriminación injusta a todos los individuos, incluso a las personas con orientaciones sexuales e identidades de género heterodoxas (concedámoslo), los estados soberanos conservan el derecho de legislar como consideren adecuado respecto de la salud y de la moral. Está fuera del alcance del secretario general y de otros líderes mundiales el reinterpretar el derecho internacional para impulsar los derechos LGBT en otras naciones. Hasta ahora, pocas naciones han dado indicios de que vayan a doblegarse frente a esta clase de presiones.

La analista, psicóloga y periodista Susan Yoshihara se pregunta quién es el autor oficial de este informe de la Organización Mundial de la Salud. Un reporte publicado por este organismo, y dado a conocer hace algunas semanas, declara que todos los países deberán liberalizar sus legislaciones sobre el aborto. Este reporte fue insidiosamente presentado por los medios como un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sin que lo firmar autoridad reconocida alguna. Ni siquiera se precisa en el informe si es en verdad de las OMS o si trata de la colación de algún “especialista”. ¿Porqué esta disonancia?

El reporte afirma que la caracterización de “abortos bajo riesgo” ha aumentado considerablemente en estos últimos años, a tal apunto que el sencillo nombre de “aborto” ha declinado en el mundo. Concluye que, con el propósito de brindar al aborto seguridad, es preciso reducir el número de muertes maternales en todo el planeta, con legislaciones restrictivas frente a las prácticas que no sean monitoreadas por los organismos de salud del estado.

La difusión de tan confuso informe por los medios no ha logrado sino la verdadera intención del mismo, que es la crítica a un saludable concepto de “salud reproductiva”. La publicación del mismo en la revista médica británica Lancet revela que, en verdad, el supuesto estudio de la OMS no es sino un compilado de colaboraciones del Institut Guttmacher, brazo armado de Planning Familial International, una organización volcada fervientemente a la promoción y defensa del aborto.

En todo esto, contra lo que se intenta decir, la OMS brilla por su ausencia, y en particular en el hecho de que la organización mundial está distanciada del contenido de éste y otros estudios previos, elaborados por los mismos autores.. Sólo dos miembros de la OMS y un insignificante colaborador sin ninguna nombradía internacional, han sido los únicos que se han animado a afirmar que “el aporte es un derecho natural del hombre / y de la mujer”.

(Fuente: C-FAM y Friday Fax, semanarios católicos norteamericanos. Traducción del inglés y del francés a cargo del autor de esta nota)