Son las descartadas por las fuerzas de seguridad, las incautadas en delitos y las de usuarios civiles.
Según el plan de desarme que lleva adelante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) –ex-Renar–, en la provincia de Córdoba están en condiciones de ser destruidas 15 mil armas descartadas por las fuerzas policiales y de seguridad, incautadas en hechos delictivos y pendientes de la campaña de desarme realizada el año pasado. A fines de 2016 o durante el primer trimestre de 2017, serán eliminadas.
De las 15 mil armas, cuatro mil ya se encuentran a resguardo de la Anmac y provienen de la entrega voluntaria o por abandono que hicieron usuarios registrados.
A nivel país, el objetivo es destruir más de 50 mil armas en igual lapso. De este total, en agosto se hicieron desaparecer 25 mil, pertenecientes a las provincias de Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe.
Córdoba se convierte, así, en la cuarta provincia que se suma al programa de desarme nacional que ejecuta la Anmac. La pretensión de reducir 15 mil armas en la provincia mediterránea representa casi un tercio del total país.
Por este motivo, la titular de la Anmac, Natalia Gambaro, estuvo el lunes y ayer en Córdoba para firmar convenios de cooperación con el Gobierno provincial y el Ministerio Público Fiscal que promueven la disminución de armas de fuego ilegales en circulación.
La Provincia deberá entregar a la Anmac las armas guardadas en depósitos judiciales y policiales que fueron secuestradas, incautadas o se encuentran en desuso. Estas acciones buscan evitar que vuelvan al mercado ilegal.
Además, el compromiso asumido apunta a la concientización social para prevenir la violencia armada, en momentos en que se repiten hechos de uso de armas para defensa ante situaciones delictivas y hay un gran debate nacional a partir de los últimos casos de justicia por mano propia.
La cifra de armas en Córdoba con destino a destrucción podría engrosarse en cinco mil más, merced al acuerdo entre la Anmac y el Ministerio Público Fiscal (deberá inventariar cuántas hay) y con las delegaciones locales de Gendarmería, Policía Caminera, Policía Federal, juzgados federales y Secretaría de Ambiente provincial (armas decomisadas en operativos que involucran a cazadores).
En cifras
En la provincia de Córdoba hay 132.285 armas registradas y 74.831 usuarios inscriptos (algunos con tenencia de más de un arma).
“Destruir 15 mil armas en Córdoba implicará una reducción superior al 10 por ciento de las hoy existentes”, resaltó Gambaro.
Según datos oficiales de la Anmac, a fines de 2015 había 1,5 millones de armas registradas en el país: de fuerzas armadas, de seguridad, civiles, empresas de seguridad, caza y tiro deportivo. Y ascienden a 979.500 los usuarios registrados que poseen armas.
La población armada registrada no constituye el total de la gente que efectivamente tiene armas.
En Argentina están habilitados a portar armas personales (además de las oficiales) unos 11 mil integrantes de fuerzas armadas y de seguridad, funcionarios estatales (de la Nación, las provincias y los municipios) y de empresas de seguridad. En cuanto a civiles, hasta el año pasado sólo eran 148, aunque esta cifra varía siempre.
Desde 2011, no se ordenan destrucciones de armas en la provincia de Córdoba. “Se acumularon por demás”, admitió Gambaro.
Para el desarme, la Provincia deberá cargar por sistema las armas entregadas voluntariamente, consignando modelo, número de serie y año de fabricación, entre otros datos. La Anmac deberá verificar cuáles y cuántas son, para luego enviarlas a destrucción.
Casi 10 años
El plan nacional de entrega voluntaria de armas arrancó en 2007. Desde entonces y hasta hoy, se receptaron 175 mil, más de la mitad de ellas durante el primer año del programa y la mayoría en la provincia de Buenos Aires. No consiste sólo en la entrega voluntaria por parte de civiles, sino que apunta sobre todo a los depósitos existentes en el mercado negro.
“Reducir el número de armas de este mercado es difícil; son armas que son vendidas, vuelven a circular y terminan sirviendo en hechos delictivos”, dijo Gambaro.
El Gobierno de Mauricio Macri presentó un proyecto de ley que ya posee media sanción del Senado y el 28 del corriente podría obtener la media sanción faltante de Diputados. Si se sanciona la ley, el proyecto alentará la entrega voluntaria y anónima de armas de fuego en las diferentes delegaciones que la Anmac tiene en todo el país.
A cambio de la entrega de armas, se otorgará a quienes lo hagan un valor económico simbólico. Trascendió que este monto no será significativo.
Rumbo a Campana
Las armas por destruir almacenadas en depósitos de la Policía y del Poder Judicial serán trasladadas a la planta Scrap Service de Tenaris Siderca, ubicada en Campana (provincia de Buenos Aires). En esta planta, las armas son trituradas y fundidas. Los metales se convierten en hierro fundido tras ser sometidos a un horno de alta temperatura. Es el único procedimiento que garantiza que las armas no puedan reutilizarse.
El registro en cifras
La política de seguridad de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) resguarda las armas en el país, releva, ordena y sistematiza su cantidad, y acelera el proceso de destrucción, para evitar que pasen al mercado ilegal.
Plan concientizador
El plan de desarme de la Nación busca concientizar sobre la necesidad de reducir el número de armas de fuego entre la población.
Potestad legal. A partir de la ley 27.192, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) puede destruir armas y municiones en todo el país.
Sugieren denunciar. Natalia Gambaro, titular de la Anmac, pidió a los vecinos de Córdoba que denuncien el uso de armas de fuego en forma anónima.