Así se desprende de documentación de la investigación y de la declaración de un testigo delator.
18/06/2017 El entorno directo del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, acordó una coima por US$ 25 millones y otras "prácticas no convencionales" a cambio de destrabar el acceso de la constructora brasileña Odebrecht a un proyecto multimillonario para la extensión de las redes troncales de gas en el país.
La información surge de documentos todavía secretos de la investigación internacional Lava Jato que obtuvo, verificó y analizó el diario La Nación. Esos documentos muestran que la negociación delictiva de Odebrecht con el gobierno kirchnerista abarcó dos etapas, con dos intermediarios distintos. La primera etapa quedó en manos del dueño de Esuco, Carlos Wagner, quien presidió la Cámara Argentina de la Construcción durante ocho años del kirchnerismo, entre 2004 y 2012. La segunda fase fue con el lobbista Jorge "Corcho" Rodríguez como interlocutor determinante.
Rodríguez pasó a trabajar para Odebrecht como "consultor" durante años. Pero tanto él como Wagner actuaron frente a los representantes de la compañía brasileña como emisarios de De Vido, y así lo entendieron quienes negociaron con ambos y acordaron pagar esos US$ 25 millones entre 2007 y 2014, como parte de un proyecto periodístico regional liderado por el equipo peruano IDL Reporteros desde hace un año y medio.
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De Vido siempre negó cualquier rol en el entramado de coimas de Odebrecht. "Nunca podrán imputarme nada con seriedad", contestó el ex ministro en mayo, cuando algunos datos salieron a la luz desde Brasil. Consultado ayer, De Vido se negó a responder preguntas o hacer comentarios, mientras que su vocero subrayó que el contrato bajo sospecha era para la extensión de las redes troncales como un acuerdo "entre privados".
Pero las desmentidas de De Vido, Wagner y Rodríguez se contradicen con las confesiones en Brasil. Allí, uno de los máximos jerarcas de Odebrecht, Mario Faria da Silva, se acogió al régimen de "delación premiada" para reducir su tiempo en prisión a cambio de contar lo que sabía sobre las coimas que pagó la compañía durante décadas en varios países. Y habló sobre los millones que se pagaron en la Argentina.
El ministro del Superior Tribunal Federal (STF) de Justicia brasileño, Edson Fachin, reveló los primeros y acotados datos sobre ese negociado en un documento de apenas tres carillas que remitió a la Procuración General de su país. Faria reconoció que él mismo se reunió dos veces con De Vido, quien sin embargo evitó hablar sobre esas coimas.
Por el contrario, el brasileño detalló que la operatoria ilícita quedó en manos de dos colaboradores: su subsecretario de Coordinación, Roberto Baratta, quien pasó de levantar quinielas a asumir como subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, y Roberto Mandolesi, quien como director de Nación Fideicomisos destrabó el pago de $ 1000 millones para la empresa BTU durante los últimos días en el poder del kirchnerismo, en diciembre de 2015.
Señalada desde hace años por una supuesta excelente relación con De Vido, BTU también quedó bajo la lupa en Brasil. Según detalló el ahora "delator premiado" Faria, esa empresa fue recomendada por el Ministerio de Planificación Federal.
Ahora, el acuerdo para desembolsar coimas por 25 millones de dólares se encuentra bajo investigación en Brasil y en la Argentina. Allá llegó a las manos de Edson Fachin, ministro del Superior Tribunal Federal de Justicia -el equivalente a la Corte Suprema. A cargo de supervisar todas las investigaciones derivadas del Lava Jato, Fachin analizó los dichos de Faria y emitió la "Petición N° 6712". Dirigida a la Procuración General, le pidió que evalúe si el Poder Judicial brasileño tiene jurisdicción para juzgar este tipo de actos de corrupción cometidos por empresas de su país en el extranjero.
En la Argentina, en tanto, la operatoria que ahora sale a la luz ya había quedado bajo la lupa del fiscal federal Carlos Stornelli, quien desarrolló una investigación preliminar. Encontró indicios y radicó una denuncia, que quedó en manos del fiscal federal Federico Delgado y el juez Ariel Lijo, para luego recaer en el juzgado de Daniel Rafecas.