Para el ex vicepresidente "todo fue armado" y señala al juez Ariel Lijo. Hay cuatro prefectos imputados.
Después de ser rechazado como querellante en la causa donde se denunció la filtración de las imágenes del día de su detención, Amado Boudou declarará como testigo ante el juez Sebastián Ramos.
El ex vicepresidente sostiene que no hubo filtración sino que "todo fue armado", "fui obligado a posar para la foto", sostuvo en una carta escrita desde el Penal de Ezeiza. En la causa hay cuatro prefectos imputados.
Preso desde el 3 de noviembre por asociación ilícita y lavado de dinero en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito, el ex vice de Cristina Kirchner tuvo otro revés en la justicia. El juez Ramos rechazó su pedido de ser querellante en la causa que investiga la filtración de las imágenes del aquel viernes en el que Prefectura Naval llegó a su departamento de Puerto Madero para hacer efectiva la orden de prisión preventiva del juez Ariel Lijo.
“Fui obligado a posar en fotografías infamantes que fueron divulgadas a los medios de prensa, violando las disposiciones legales", señaló Boudou hace dos semanas cuando pidió ser querellante en esta investigación.
La principal acusación del ex vice apunta al juez Lijo como quien "condujo el operativo", y se refirió a “todo aquel cómplice, instigador o autor que hubiese participado en los hechos denunciados”. Y añadió: "El juez Ariel Lijo dirigió la detención y fue una cuestión armada".
Sobre ese día al reconstruirlo, responsabilizó al magistrado de hacer de su detención "un trofeo de caza" y rechazó que se haya tratado de una "filtración": todo "estuvo armado, alguien lo planeó". Ese día, según el ex vice los prefectos recibieron al menos "ocho llamados con órdenes sobre los videos". Es justamente, lo que quiere saber el ex vice: "De quién recibían las órdenes".
Por estos motivos Boudou dijo que "ni a un niño de diez años pueden decirle que eso fueron filtraciones". Y agregó: "Mi detención fue mostrar un trofeo de caza", desde el momento que los prefectos ingresaron a su casa "estaban filmando desde un comienzo, les dije que no era necesario que filmen, `yo iba a entregarme’”.
La semana pasada el abogado del ex vice, Eduardo Durañona apeló la decisión del juez Ramos de no permitirle ser querellante. El magistrado había planteado que para una “amplia legitimación para llevar adelante una acusación", deben darse ciertas condiciones como ser "una lesión a que se refiera la ley o leyes penales de que se trate la denuncia, y la relación directa entre el hecho planteado y los damnificados, cuestión que en el caso no se da".
Es así que consideró que en el marco de la denuncia no corresponde que Boudou sea tenido en cuenta como querellante. Durañona consideró que dicho argumento era "absurdo", que se "sostiene en un criterio abstracto" y que en tal caso que pese a haber tomado "conocimiento de los hechos nada hicieron para que cesaran sus efectos ni detener a los responsables muy por el contrario, aún hoy siguen haciendo lo imposible para impedir que se arribe a la verdad material".
Por otro lado, en el escrito la defensa sostuvo que se está "confundiendo a la víctima con su propio victimario que es el Estado". Durañona remarcó que ese 3 de noviembre Boudou observó durante su detención a los funcionarios intervinientes que "seguían órdenes ilegítimas de sus superiores". Así, indicó que se "pretende negar" que se le causó al ex vice "privado de su libertad, un daño irreparable al derecho a la intimidad e imagen, todo ello en un ámbito de protección constitucional como es su domicilio y en ocasión de un procedimiento judicial".
Aparte de la denuncia de Boudou por estos hechos, la causa se unificó con una presentación del abogado Marcelo Parrilli y una extracción de testimonio que hizo el juez Lijo.