El Gobierno incluyó al represor en el listado de presos en condiciones de salir de la cárcel por su estado de salud.
El SPF sostiene que la unidad no es el mejor lugar para su detención. Se suma a otros genocidas, violadores y homicidas que integran una nómina de internos que pueden tener domiciliaria o libertad condicional.
Alfredo Astiz, uno de los emblemas de la represión de la última dictadura militar y condenado a prisión perpetua por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), fue incluido en el listado de presos que el gobierno nacional considera que están en condiciones de salir de prisión.
Hace dos semanas el SPF envió el 31 de enero pasado a jueces penales un listado de 1.111 "internos sugeridos" que están en condiciones de acceder a la prisión domiciliaria con una pulsera electrónica o a la libertad condicional.
El nombre de Astiz aparece en una nueva nómina de detenidos que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) elaboró el 8 de marzo pasado, el mismo mes en el que se cumplirán 42 años del golpe militar del 24 de marzo de 1976 que dio inicio a la última dictadura militar que gobernó el país hasta 1983.
En el nuevo informe, al que este medio tuvo acceso, la lista se actualizó a 1.436 presos bajo el nombre "Internos que se encontrarían en condiciones de acceder a medidas alternativas de la prisión" y fue incluido Astiz.
El represor forma parte de la categoría de "internos con enfermedades". "Cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario", explica el ítem. Puntualmente Astiz está en la nomina de "internos con enfermedades oncológicas".
De allí surge que Astiz, de 67 años, tiene cáncer de próstata y se encuentra en la fase de tratamiento de "control".
El represor está detenido desde el 20 de diciembre de 2017 y según el informe está en condiciones de acceder a la libertad condicional el 7 de abril de 2023 y a la libertad total el 7 de abril de 2028 cuando su pena quede agotada. Está alojado en la "Unidad 31 – Centro Federal de Detención de Mujeres", en la localidad bonaerense de Ezeiza.
Astiz está a disposición del Tribunal Oral Federal 5 que lo condenó dos veces a prisión perpetua.
Fuentes judiciales señalaron que nunca pidió la prisión domiciliaria ni ninguna clase de salida de la cárcel vinculada a su estado de salud.
Y desde el SPF garantizaron la atención médica en la cárcel: "La atención está garantizada, pero puede no ser la adecuada para su tratamiento", contestaron ante la consulta. Ex capitán de fragata de la Armada y conocido como el "Ángel de la Muerte", Astiz formó parte del Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA, el mayor centro clandestino de detención de la última dictadura militar.
Fue condenado a prisión perpetua en octubre de 2011 y en noviembre del año pasado por el Tribunal Oral Federal 5.
Astiz fue el responsable del secuestro y homicidio de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, de la adolescente sueca Dagmar Hagelin, del periodista y escritor Rodolfo Walsh y de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo -organismo en el que se infiltró como familiar de un desaparecido-, Azucena Villaflor, Mary Ponce de Bianco y Esther Ballestrino de Careaga.
"Nunca voy a pedir perdón por defender a mi patria", dijo Astiz, provocador, en octubre pasado durante una de las audiencias del segundo juicio oral que tuvo. En diciembre de 2009 había asistido a otra audiencia con el libro Volver a matar, del periodista y ex jefe de la SIDE Juan Bautista "Tata" Yofre.
Son 16 los enfermos oncológicos que integran la lista junto a Astiz. Entre ellos, otros seis detenidos por delitos de lesa humanidad (Víctor Gallo, Juan Carlos Jones Tamayo, Honorio Martínez Ruiz, Claudio Vallejos, Bernando Cabezón y Hugo Guallama Etcheverry).
Un segundo listado de presos en condiciones de acceder a la prisión domiciliaria son los presos condenados por delitos de lesa humanidad que tienen más de 70 años, uno de los parámetros que prevé la ley. Son 91. Algunos fueron compañeros de Astiz en la ESMA, como Jorge "El Tigre" Acosta, Carlos Capdevilla, Antonio Pernías y Adolfo Donda. En el listado del 31 de enero eran 96 represores.
Los detenidos en condiciones de salir de prisión están divididos por categorías: mujeres embarazadas o con hijos de hasta 10 años; presos con enfermedades terminales; discapacitados; mayores de 70 años; lesa humanidad; de baja peligrosidad; y del colectivo gays, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGTBI).
Hay personas que están detenidas y condenadas por delitos como homicidios, abusos sexuales, secuestros y narcotráfico.
El Gobierno, a través del SPF que depende del Ministerio de Justicia, elabora desde abril de 2016 el listado de internos que están en condiciones de acceder a la prisión domiciliaria con pulsera electrónica o a la libertad condicional. Infobae accedió a cinco de ellos: tres del año pasado y dos de este. El último fue el de principio de mes que incluyó a Astiz. Fuentes judiciales señalaron que los listados también eran enviados en la última etapa del gobierno de Cristina Kirchner cuando Julio Alak era ministro de Justicia.
Tanto desde el SPF como del Ministerio de Justicia defendieron la inclusión de Astiz en la nómina. "Los criterios de confección y producción del listado están basados en diversos colectivos específicos. Uno de ellos es enfermedades oncológicas", señalaron desde el Servicio Penitenciario.
La iniciativa surgió en la mesa de gestión penitenciaria que integran el Ministerio de Justicia, el SPF, organismos de control de las cárceles, jueces, fiscales y defensores oficiales.
La nómina es enviada a los jueces penales que tienen a su disposición los detenidos. Los magistrados son los únicos que pueden detener o disponer la libertad de una persona.
"La inclusión de los internos se hace en base a criterios objetivos y no hay control político. Se pone a todos los que están en condiciones de acceder a una medida alternativa a la prisión", señalaron en el Ministerio de Justicia.
El objetivo principal es descongestionar la superpoblación que hay en las cárceles federales. Según datos oficiales del SPF, hoy hay 12.043 detenidos en el sistema federal cuando la capacidad es para 11.577 personas. Los casos más preocupantes son los de las unidades de Ezeiza, Marcos Paz y Devoto.
También que los listados contienen información útil para los jueces.
Cuando se conoció el primer listado, los organismos de derechos humanos nucleados en "Memoria, Verdad y Justicia" criticaron la medida. "Repudiamos esta maniobra que encubre otro intento por beneficiar a los genocidas, más allá del caso a caso. Los 96 represores no representan ni el uno por ciento de los internos del Servicio Penitenciario Federal y muchos de ellos están alojados en un lugar de privilegio, la Unidad Penitenciaria de Campo de Mayo, por lo que difícilmente el dictado de domiciliarias reduzca la sobrepoblación carcelaria", señalaron en un comunicado.
Los magistrados que reciben la nómina recelan de la medida del Gobierno. Señalan que solamente los abogados de los detenidos pueden pedir una libertad condicional o una prisión domiciliaria y aclaran que reciben el listado sin darle ningún trámite en especial.
Y agregan que la superpoblación de las cárceles se debe a dos medidas que impulsó el Gobierno en los últimos tiempos y que el Congreso aprobó. Una es la ley de flagrancia –que acelera los juicios para quienes son detenidos en el momento del delito– y la restricción de excarcelaciones.
Por la primera ingresan a las cárceles personas por tres, cuatro o seis meses que cometieron delitos menores y que antes no quedaban detenidos. Y por las excarlaciones que antes se daban y ahora no, el número de presos aumenta. "Ciertamente ese es un problema", reconocen en el Ministerio de Justicia, y apuestan al nuevo Código Penal que establece que para los delitos en flagrancia se puede reemplazar la prisión por una multa.
El Gobierno tiene previsto tener tres mil nuevas plazas en cárceles a fines de 2019 con la construcción y ampliación de cárceles. Pero señalan que el problema lo tienen ahora.
Infobae preguntó si ante la superpoblación el Gobierno analiza dictar una reducción de penas o dar indultos. "No hay ninguna posibilidad de eso. El presidente Mauricio Macri dijo en una reunión en 2016 que en su gobierno no iba a indultar a nadie", contestó la fuente consultada.