La Oficina Anticorrupción es querellante en la causa por la tragedia ferroviaria.
La Oficina Anticorrupción (OA), querellante en la causa por la tragedia ferroviaria de Once, solicitó que se condene al ex ministro
de Planificación Federal Julio De Vido a la pena de diez años de prisión.
El organismo que conduce Laura Alonso consideró al detenido ex funcionario partícipe necesario del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública, en concurso real con el delito de estrago culposo agravado por haber causado la muerte de 52 personas y lesiones a 789.
Además, pidió la inhabilitación especial perpetua, accesorias legales y costas, en su alegato en una nueva jornada de juicio a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 de la Capital Federal.
Los representantes de la OA también solicitaron que se condene a Jorge Gustavo Simeonoff, ex titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, a la pena de 3 años y 3 meses, inhabilitación especial perpetua, accesorias legales y costas.
La OA incorporó documentación que sostuvo que prueba que De Vido "estaba al tanto de las graves irregularidades que se estaban produciendo en la gestión de la línea Sarmiento". Así, se agregaron a la causa informes de la SIGEN que "dan cuenta de cómo De Vido tuvo conocimiento acerca del estado deplorable del tren operado por TBA", se indicó.
El informe también detalla "la política de desmantelamiento que adoptara la empresa concesionaria" y señala irregularidades que se repiten a los largo de los años, al menos desde 2006.
Durante su alegato, la Oficina recordó las circunstancias en las que perdieron la vida 52 personas el 22 de febrero de 2012, cuando un tren impactó contra la estación de Once y sostuvo que la tragedia "tiene su base en la nefasta la política adoptada por la empresa, que abandonó el mantenimiento y la seguridad de los pasajeros como así también en la política permisiva por parte de los funcionarios cuya inacción fue determinante para la producción del estrago".
"Hoy estamos en condiciones de afirmar que no podemos entender el resultado del estrago que ocurrió en la estación de Once sino mediante, y a través de la administración fraudulenta en la que incurrieron los funcionarios públicos. La muerte y las lesiones no son sino la consecuencia de un fraude monumental en perjuicio del estado nacional", apuntó la OA.
Los abogados insistieron en que "el deplorable estado de mantenimiento y conservación de los bienes concesionados y en particular del material rodante, ha sido el elemento que contribuyó a la notable disminución de las condiciones de seguridad en que se prestaba el servicio público en la Línea de Ferrocarril Sarmiento y en virtud de las cuales se produjo un resultado de tamañas dimensiones".
Y agregaron que la política implementada por la empresa "estaba orientada a provocar el decaimiento temprano del material rodante para de ese modo poder solicitar su reconstrucción integral, inversión que estaba a cargo del Estado y que se llevaba adelante por una empresa del mismo grupo económico".
Señalaron, en este sentido, que "la falta del debido mantenimiento de los bienes otorgados en concesión era evidente y se desprende de los diversos elementos probatorios que fueron reunidos en este juicio", entre ellos los informes de la Auditoría General de la Nación, los distintos expedientes y resoluciones de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y los numerosos testimonios recibidos.
La Oficina Anticorrupción resaltó que "la responsabilidad penal" que le atribuye a De Vido consiste en haber sido "autoridad de aplicación del contrato de concesión" y remarcó que el ex funcionario "contaba con elementos suficientes para ordenar la intervención y normalizar las condiciones en la prestación del servicio público del cual él en persona era garante", por lo que "bajo su rol violó sus obligaciones contribuyendo a los factores que determinaron la fatal tragedia en la estación de Once".