El ex ministro dio su declaración final por videoconferencia desde el penal de Marcos Paz.
El segundo juicio por la tragedia ferroviaria de Once, que tiene a Julio De Vido como principal acusado, llega este miércoles a su instancia final, cuando se conozca la sentencia a cargo del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4).
El ex ministro de Planificación Federal dio sus palabras finales desde el penal de Marcos Paz, ya que el TOF aceptó el pedido de la defensa para evitar su traslado.
“Sé claramente dónde estoy y el motivo. Es una decisión política del presidente Macri expresada claramente en la apertura legislativa en 2016, pidiendo meses más tarde de manera pública mi detención, junto a su ministro de Justicia y alguna diputada, con la que hoy mantiene una disputa pública por el mismo tema de la prisión preventiva. Parece que, entre tantos arrepentidos, el ministro es uno más. Todo muy patético", afirmó De Vido desde el penal.
El ex ministro dijo que basaría sus argumentos en las "enseñanzas" que le dejaron sus "grandes maestros y conductores políticos, Juan Domingo Perón y Néstor Kirchner". Además, insistió con que sufre una "perversa persecución política, mediática y judicial" de la que el juicio "es una consecuencia directa".
El final de sus alegatos aseguró que se apoyó en su "fe religiosa" porque "era la única forma de acercarme a la paz, a la serenidad y al ejemplo que necesitaba ante tanta vileza e injusticia para poder fundamentar estas, mis últimas palabras en este juicio".
El juicio se lleva adelante en los tribunales de Retiro bajo el mando de los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel, María Gabriela López Iñíguez y Ana María D’Alessio, y llega a su instancia final después de poco más un año.
El ex ministro De Vido, en prisión por el delito de defraudación al Estado en la causa Río Turbio y señalado como organizador de la asociación ilícita de la recaudación de coimas de empresarios durante su gestión en Planificación, es juzgado junto a Jorge Gustavo Simeonoff- ex titular de la Uniren- por los delitos de descarrilamiento de un tren agravado por la muerte de personas y lesionadas, además de defraudación contra la administración pública.
Después de escuchar a más de 70 testigos durante un año de audiencias, este miércoles se escucharán las palabras finales de los dos acusados. Junto a sus abogados, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, De Vido hablará desde Marcos Paz. Y allí escuchará la sentencia después de las 14.
El fiscal ante el tribunal, Juan García Elorrio, pidió 9 años de cárcel para el ex ministro, que llegó al juicio procesado por “estrago culposo agravado por la muerte de 51 personas, más una por nacer y lesiones que sufrieron 789 personas” y por defraudación contra la administración pública.
Por su lado, la Oficina Anticorrupción (OA), en su rol de querellante, había pedido ante el TOF 4 una pena de diez años de prisión para el ex funcionario K, al acusarlo de estrago culposo agravado por muerte y administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.
En representación de un grupo de familiares, el abogado Leonardo Menghini -tío de Lucas, la última de las víctimas en ser encontrada- también pidió una pena de diez años para De Vido.
La otra querella de familiares, representada por Javier Moral, había pedido el sobreseimiento del ex ministro respecto del delito de estrago culposo, pero sí lo cree responsable de la administración fraudulenta. Por eso pidió una pena de cuatro años y medio de prisión.
Este juicio dio inicio por orden del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que tuvo a cargo el primer juramento por la Tragedia de Once que tras el fallo reciente de la Sala III de la Cámara de Casación, se detuvieron a 23 acusados entre ellos a Juan Pablo Schiavi, al motorman Marcos Córdoba, Claudio Cirigliano como a 17 ex directivos de TBA, la concesionaria ferroviaria.
El 29 de diciembre de 2015, cuando el TOF 2 dio a conocer la sentencia de los 28 procesados en el primer juicio por la tragedia, pidió que se investigue a Julio De Vido. Hasta entonces, el poderoso ex funcionario no había sido vinculado al caso. El argumento fue que el ex ministro -que entre 2003 y 2012 tuvo bajo su órbita a los ferrocarriles- no podía desconocer lo que pasaba con los trenes. Además, él era el responsable de pagar los subsidios que no fueron destinados a la mejora del servicio o el mantenimiento de los trenes.