Desde CAME y la UIA advirtieron que aun no fueron consultadas sobre cómo se implementará la medida y que atenta contra la subsistencia de las empresas y el empleo.
Las cámaras empresarias expresaron que enfrentarán grandes dificultades para poder hacer frente al pago del bono de $5.000 que el Gobierno está negociando desde esta semana con representantes de la CGT. Además, manifestaron su malestar por no haber sido consultadas sobre cómo será la implementación de este pago extra, que aún no fue formalizado pero estaría previsto para octubre.
"Esta muy difícil. Hay que que conocer los detalles del bono, todavía son trascendidos. Muchas pymes están situación crítica, no han podido terminar de pagar sueldos. La cadena de pagos están muy estirada y a menos que el bono sea a cuenta de algún impuesto, como puede ser aportes patronales, o a cuenta de futuros aumentos será difícil de afrontar", señaló Pedro Cascales, secretario de prensa de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en declaraciones a radio La Red.
Una pyme promedio tiene unos 20 empleados y, por lo tanto, tendría que disponer de $100.000 extra para poder realizar el pago del bono, estimó Cascales. De acuerdo con datos del Observatorio, en el último año se perdieron 40.000 puestos de trabajo en el rubro de las pequeñas y medianas empresas y unos 160.000 en todo el sector privado.
En el mismo sentido se manifestó Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la UIA y presidente de COPAL (que agrupa a las empresas alimenticias) quien aseguro que el bono salarial de $5.000 que podría disponerse para los trabajadores privados "conspira contra la subsistencia de las empresas y del empleo".
"Esto hay que meditarlo muy fuertemente para evitar medidas contraproducentes", añadió en declaraciones al canal A24. Funes de Rioja afirmó que en el sector de la producción alimenticia se trabaja al 50% de la capacidad instalada y advirtió que tiene un 40% de impuestos sobre los alimentos y 50% sobre las bebidas. El representante empresarial pidió entonces como alternativa la reducción de impuestos, tal como sucedió con la quita del IVA sobre alimentos de la canasta básica.
Por su parte, Cascales indicó que la CAME aún no fue consultada sobre el tema y eso cayó mal entre varias de las más de 1.500 cámaras que integran la entidad empresaria. "Somos concientes que el trabajador necesita el aumento pero el tema es cómo. Se puede generar una medida que sea genuina o que baje la tasa de interés o que sea para blanquear el empleo informal. El bono no cae sobre los que no tienen el empleo formalizado por ejemplo", concluyó.
También señaló las diferencias que existen entre las empresas según su tamaño y sus posibilidades de trasladar el costo del pago del bono a los precios de sus productos. "Una gran empresa formadora de precios, de materias primas o un supermercado lo puede trasladar a precios y seguramente lo vaya a hacer. Es la frazada corta; se da el aumento y en en 30 días o menos lo tenés trasladado a los precios", señaló el representante de CAME.
También advirtió que el pago del bono, a diferencia de lo que se cree, no se refleja claramente en un aumento del consumo. "Desde CAME medimos la actividad y a pesar del bono de fin de año, en diciembre del año pasadas las ventas cayeron. La mayoría de la gente usa ese dinero para pagar deudas y no van corriendo al supermercado o al shopping", dijo.
Cascales indicó que la CAME aún no fue consultada sobre el tema y eso cayó mal entre varias de las más de 1.500 cámaras que integran la entidad empresaria. "Somos concientes que el trabajador necesita el aumento pero el tema es cómo. Se puede generar una medida que sea genuina o que baje la tasa de interés o que sea para blanquear el empleo informal. El bono no cae sobre los que no tienen el empleo formalizado por ejemplo", concluyó.