La importancia de la protección de la fauna silvestre

Resulta fundamental la implementación de medidas destinadas a su protección, conservación, propagación, repoblación y aprovechamiento racional.

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04/11/2019 -

La fauna silvestre de nuestro país, se encuentra protegida por la Ley Nacional nº 22.421, que determina cuales son los lineamientos esenciales para su defensa y como actuar en consecuencia.

Conforme la norma, la fauna silvestre nacional, es declarada de interés público ya sea que las mismas habiten temporal o en forma permanente en el territorio.

De tal modo, resulta fundamental la implementación de medidas destinadas a su protección, conservación, propagación, repoblación y aprovechamiento racional.

En ese marco, tanto los habitantes, como las autoridades, deben respetar el equilibrio entre los diversos beneficios económicos, culturales, agropecuarios, recreativos y estéticos que la fauna aporta al hombre, pero siempre otorgando prevalencia a la conservación de la misma, conforme el art. 2 de la mencionada norma.

En tal sentido, la legislación protege los animales que viven libres e independientes del hombre, en ambientes naturales o artificiales; los bravíos o salvajes que viven bajo control del hombre, en cautividad o semicautividad.

De igual forma, serán considerados los originalmente domésticos que, por cualquier circunstancia, vuelven a la vida salvaje conviertiéndose en cimarrones; excluyendo de este régimen, a los animales comprendidos en las leyes sobre pesca.

Prácticas ilegales

Por tal motivo, queda prohibido la caza, hostigamiento, captura o destrucción de sus crías, huevos, nidos y guaridas, tenencia, posesión, tránsito, aprovechamiento, comercio y transformación de la fauna silvestre y sus productos o subproductos.

En tanto, las personas no podrán dar libertad a animales silvestres en cautiverio, cualquiera fuese la especie o los fines perseguidos, sin la previa conformidad de la autoridad de aplicación.

Cabe mencionar, que las penas establecidas por la ley, oscilan entre condenas privativas de libertad de 1 mes a 2 años máximo, así como multas e inhabilitaciones de licencias de caza deportiva si correspondiere.


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