Aseguran que el "boom minero" los deja afuera y reclaman una legislación que les otorgue mayor protagonismo.
En las empresas locales que podrían formar parte de los proyectos mineros que se desarrollan en la Puna salteña ven que cada día que pasa se pierde un capital irrecuperable en sus intenciones de aprovechar algo de la explotación de los recursos naturales provinciales que llevan adelante inversores extranjeros: el tiempo.
Al reclamo público que hizo semanas atrás la Cámara Salteña de la Construcción para que haya una apertura de los emprendimientos extractivos de minerales para sus asociados ahora se suma un planteo de la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta (Capemisa).
Desde la institución, que representa a 160 pymes, también piden que se las tenga en cuenta para cotizar en los servicios que requieren las operaciones mineras.
"Vemos que no todas las compañías mineras están alineadas con la importancia de la contratación local, si bien hay empresas de la Cámara que están trabajando en la industria, notamos con cierta preocupación que en muchos casos hay provisiones que se pueden hacer en Salta y se están contratando afuera", explicó a El Tribuno Gustavo Caldelas, vicepresidente de Capemisa.
El interés que despertó el negocio del litio para la construcción de baterías eléctricas generó el desembarco en Salta de multinacionales que buscan sacar rédito del denominado "oro blanco", aunque también hay otras explotaciones metaliferas atractivas para los inversores.
Son más de 50 proyectos de extracción de litio que están en desarrollo en el departamento de Los Andes, de los cuales dos se encuentran en fase avanzada para ya entrar en producción plena dentro de dos años. En Salta están puestas las principales expectativas para que el país se convierta en el segundo mayor productor de ese mineral en el mundo en 2022, según estimaciones del Gobierno nacional.
De ese "boom" minero, que por cierto mueve cifras millonarias, se están quedando afuera las empresas salteñas o bien muy pocas son contratadas para servicios menores, a pesar de tener la capacidad para mayores prestaciones.
Por ejemplo, las obras para montar las plantas piloto de extracción de litio quedaron a cargo de firmas de otras provincias, sobre todo de Buenos Aires, que si bien contratan mano de obra local, el grueso de las ganancias quedan afuera de Salta.
Oportunidad
La urgencia del empresariado local también tiene que ver con la "ventana de oportunidad" de un relativo corto plazo que se pronostica para explotar la riqueza del litio. Un informe de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación ubica a ese lapso en torno a los 20 años. "Los pronósticos sugieren que, tarde o temprano, dicho material será reemplazado por otros o incluso por el reciclado de las baterías agotadas", consigna el documento que se titula "Litio en la Argentina: oportunidades y desafíos para el desarrollo de la cadena de valor", que fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y publicado este año.
El estudio, del que no se debe olvidar que fue realizado por un organismo oficial, también brinda una preocupante advertencia sobre el modelo argentino de explotación del litio: "más allá de las divisas y empleos que pueda generar, resulta difícil pensar que en las condiciones actuales de explotación, la actividad litífera pueda convertirse en una plataforma que promueva un proceso virtuoso de cambio estructural en las economías provinciales". Dicho en forma menos elegante sería lo que se conoce como "pan para hoy y hambre para mañana".
El "ninguneo" que padecen las empresas salteñas podría tener un principio de solución con la ley de promoción minera, que fue promulgada por la Provincia el 22 de octubre pasado, pero que aún no fue reglamentada.
La ley establece que las mineras que quieran ingresar al régimen de promoción deberían contar con al menos un 70% de sus presupuestos en obras y contratación de servicios asignados a proveedores locales. Con ese requisito las operadoras podrán adelantar el pago de regalías en proyectos de infraestructura destinados a las comunidades donde llevan adelante sus explotaciones. La oferta es tentadora, pero no garantiza la adhesión a la normativa y el control sobre su cumplimiento requerirá, además, mecanismos aceitados por parte del Estado.
Otra exigencia que regirá una vez reglamentada la ley es que el 60% del total de la nómina de los empleados de las mineras sean salteños. Sobre ese punto ya hay un sobrecumplimiento. Desde la Secretaría de Minería de la Provincia informaron que el 75% de los trabajadores de los proyectos mineros son de esta provincia.
"Si bien la ley será una herramienta importante, es mucho más importante que las compañías mineras se comprometan con el desarrollo de la provincia y ese compromiso genuino es lo que estamos buscando", dijo el vicepresidente de Capemisa.
Fuente: El Tribuno.