Los abogados defensores ya deslizaron que no declararán. El botín de más de 2 millones de pesos, sigue sin aparecer.
Los siete integrantes de la presunta banda de policías ladrones que robaron más de 2 millones de pesos a empleados de la firma Servisur, empezarán a ser indagados este martes desde las 9 de la mañana.
El grupo estaría compuesto por cinco efectivos y dos civiles, a quienes el fiscal Mariano Gómez acusa de alzarse con el dinero, el martes 12 a la mañana, en la intersección de Dorrego y 24 de Septiembre.
Se cree que un octavo delincuente habría podido salir de la provincia y sería quien tiene en su poder el dinero. La plata estaba destinada al pago de combustible para abastecer a cuatro estaciones de servicio.
Cargos durísimos
Hay una danza de imputaciones que el fiscal anunciará hoy. “Robo calificado agravado, en poblado y en banda”, más “tenencia y uso de armas de guerra”, con el agravante de que el golpe fue perpetrado por “funcionarios policiales”.
De llegar a juicio, el Código Penal es preciso en su artículo 166, incisos 2º y 3º: “Se aplicará reclusión o prisión de 5 a 15 años, si el robo se cometiere con armas, o en poblado y en banda. Si el arma usada fuera de fuego, la escala penal prevista se elevará en un tercio en su mínimo y en su máximo. Si se cometiere el robo con un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudiera tenerse de ningún modo por acreditada, o con un arma de utilería, la pena será de 3 a 10 años de reclusión”.
Los defensores
Ya hay varios abogados con el poder respectivo. César Barrojo, Martín Jiménez Soria, Gilberto Perduca, Jorge Navarro, Daniel Ingrata y representantes de la defensa oficial.
La estrategia defensiva se iniciará hoy, pero anoche deslizaron que la consigna dominante de los letrados es que sus defendidos se abstengan de declarar.
Después de que sean llevados ante el fiscal, los abogados buscarán vías para hacerlos despegar, aunque también es cierto que la Fiscalía les mostrará las pruebas en su contra.
El botín sigue sin aparecer
Cayeron más sospechosos, pero el botín continúa bien lejos de la Justicia. Las sospechan indican que el octavo miembro de la banda, habría escapado de la provincia y se habría llevado consigo los tres bolsos con la plata. Este prófugo sería un efectivo policial en actividad.
Otro aspecto no menos trascendente es que la Fiscalía debe peritar ahora las armas reglamentarias, a fin de indagar si se hicieron disparos en los últimos días.
A diferencia de un civil común, los policías saben de antemano que lo básico en un robo es desprenderse del arma.
El dinero literalmente “desapareció” y la Fiscalía sospecha que aún hay eslabones sueltos.
Condicionado por el tiempo, que corre a favor y en contra de los imputados, el fiscal reconstruyó el fin de semana el golpe armado, pero antes de que la camioneta EcoSport le cerrara el paso al remís en el que se conducían el contador y el empleado de la empresa Servisur, con el dinero para el pago de combustible destinado a cuatro estaciones de servicio.
Tratándose de un golpe de gente “pesada”, los policías se valieron de tecnología para nutrirse de los diálogos previos al martes, más contactos del bajo mundo que siempre tiran datos que la policía hoy califica de vitales.