Desde el partido que integra la alianza oficialista manifestaron que era "necesaria" la aplicación de la resolución, que fue dada de baja por Macri a poco de haber sido oficializada.
21/11/2019 El radicalismo salió a respaldar al secretario de Salud Adolfo Rubinstein, en plena tensión en el oficialismo por la baja de la actualización del protocolo de aborto no punible a menos de un día de su entrada en vigencia.
Desde el espacio integrante de la coalición oficialista se diferenciaron del Gobierno y consideraron "necesaria" la aplicación del "Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE)". Además defendieron a Rubinstein, que tiene origen radical y que puso en marcha la iniciativa que finalmente fue dejada sin efecto.
A través de las redes sociales indicaron que la aplicación del nuevo protocolo "está dentro de lo establecido en nuestro Código Penal desde el año 1921 y reconocido en el fallo 'FAL'" de la Corte Suprema de Justicia.
El radicalismo, integrante de Juntos por el Cambio junto a la Coalición Cívica y el PRO, ponderó la gestión del secretario de Salud y valoró el "compromiso por la salud pública y el trabajo realizado" por él.
Ernesto Sanz, uno de los fundadores de Cambiemos, expresó su "solidaridad, apoyo y afecto" a Rubinstein, al que definió como un "funcionario ejemplar" y un "lujo de la salud pública". "Como tantos radicales a lo largo y ancho del país, nos sentimos orgullosos de su gestión", manifestó.
La publicación en el
Boletín Oficial de la actualización del protocolo de aborto no punible y la posterior decisión del presidente
Mauricio Macri de que el Ministerio de Desarrollo Social a cargo de
Carolina Stanley la revoque generó una fuerte tensión en el oficialismo.
Referentes del
PRO como el presidente provisional del Senado Federico Pinedo cuestionaron con dureza a
Rubinstein. "El secretario de Salud de la Nación no puede pasar por encima de un debate de seis meses del
Congreso Nacional y legislar por sí mismo, contradiciendo normas de rango constitucional", criticó, y calificó de "lamentable y claramente inconstitucional" la resolución.
Mientras que la diputada del PRO
Cornelia Schmidt Liermann pidió la renuncia del secretario de Salud. "Cuánta tristeza que algunos funcionarios, que juran sobre la Constitución, luego la violentan, atropellando la dignidad humana y dejando desprotegido a aquel que todavía no ha nacido", escribió en las redes sociales.
En la vereda opuesta desde el radicalismo respaldaron a la actualización del protocolo, al igual que legisladores del
PRO que votaron a favor de la despenalización del aborto.
Daniel Lipovetzky indicó vía
Twitter que "el nuevo protocolo para abortos no punibles reglamenta el artículo 86 del Código Penal vigente desde 1921", por lo que, dijo, "no hay razón alguna para derogarlo".
Mientras que su par
Silvia Lospennato dijo que había "celebrado la sanción de la resolución del Protocolo ILE" por ser "absolutamente necesario para garantizar el acceso en todas las provincias a los derechos consagrados en la ley vigente", y expresó su deseo de que la actualización no fuera revertida, en contra de la decisión de Macri.
El protocolo completoLa resolución renovaba el protocolo de 2015 y determinaba que el aborto no es delito en la
Argentina cuando existen motivos de salud ni cuando el embarazo es producto de una violación. Aclaraba que la voluntad de la víctima debe primar sobre las decisiones de los padres o el personal de salud de un hospital.
"Entre los 13 y 16 años las personas adolescentes pueden dar su consentimiento autónomamente para las prácticas de la interrupción legal del embarazo (ILE), cuando esta práctica no implique un riesgo grave para su salud o su vida", indicaba. Para las niñas menores de 13 años se establecía que sí debían necesitar del acompañamiento de sus padres o representantes legales para tomar la decisión de interrumpir el embarazo, pero serían ellas quienes darían "su consentimiento". "Las personas allegadas deberían participar en conjunto con la niña en la toma de la decisión", establecía.
También indicaba que la práctica de la ILE sobre embarazos de menos de 12 semanas podía ser en forma ambulatoria, con control médico y a través de medicamentos. Antes, esa recomendación alcanzaba a los de hasta 9 semanas.
La violación, el riesgo de la vida o de la salud de la embarazada son las situaciones previstas en la norma vigente. En la resolución se especificaba que la actualización había
"sido elaborada con la colaboración de destacados especialistas en el tema, de acuerdo a criterios internacionalmente vigentes y estableciendo una metodología de trabajo rigurosa y uniforme".
Un
capítulo completo del nuevo protocolo estaba enfocado en la "objeción de conciencia", que especificaba que no debía "traducirse en obstrucción a la práctica contemplada en la normativa legal y de la que el Estado es responsable de garantizar".