Si había alguna duda sobre cómo iba a encarar el futuro gobierno la delicada situación que implica tener a la vicepresidenta electa procesada en juicios por corrupción, ayer quedaron despejadas.
Por Hernán de Goñi para El Cronista
Si había alguna duda sobre cómo iba a encarar el futuro gobierno la delicada situación que implica tener a la vicepresidenta electa procesada en juicios por corrupción, ayer quedaron despejadas. Y no de la mejor manera. El alegato de tres horas que pronunció Cristina Kirchner al presentarse ante el Tribunal Oral Federal 2, para defenderse de la acusación de favorecer contratos millonarios para las empresas de Lázaro Báez, tuvo un solo sentido: denunciar una persecución política sistemática orquestada por el gobierno saliente, integrantes del Poder Judicial y los medios que investigaron a la par de la Justicia.
La ex mandataria apeló a un término muy en boga estos días para describir por qué tuvo que sentarse en el banquillo de Comodoro Py. Dijo que el proceso que la identifica como "jefa de una asociación ilícita" es una prueba evidente de lawfare. Esta definición (que equivale a guerra judicial) empezó a ser identificada como un abuso de los proceso legales nacionales o internacionales para desprestigiar, debilitar o deponer a figuras políticas. A nivel local, los que cuestionan estas acciones de la Justicia incluyen la manipulación de las causas por operadores políticos, mediáticos y judiciales.
Se esperaba que Cristina hiciera una defensa política. Pero llamó la atención la desproporción de las formas: acusó al tribunal que la juzga de tener su sentencia ya redactada, llamó "corsarios" a los fiscales y "mutante" al juez que instruyó la causa. Se retiró sin aceptar preguntas (el fiscal de la causa la esperaba con un centenar, por lo menos), luego de asegurar que ha había sido "absuelta por la historia".
No fue el único hecho que introdujo preocupación en el ámbito de la Justicia y los medios. El presidente electo, Alberto Fernández, le envió vía Twitter un mensaje de tono casi intimidatorio al periodista de La Nación Hugo Alconada Mon, que Adepa consideró cuanto menos como "desafortunado". El disparador era una nota en la que se vinculaba a Fernández con un expediente judicial en curso que afecta a Lázaro Báez. La respuesta de Alberto fue contundente: dijo que "no iba a soportar en silencio la difamación hecha invocando hacer periodismo" y planteó que en la Argentina "se van a acabar los que operan para poderes mediáticos, corporativos o políticos sin impartir justicia como deben. Sabelo, @halconada".
Cristina lee estos juicios como un juego de poder. No se detuvo a contestar pruebas o hechos, porque entiende que esos elementos se refutan en la arena de la política. De hecho, habló como si el voto la hubiera liberado de los compromisos procesales. Si quienes gobernarán en breve a la Argentina tratan así a los jueces o a quienes investigan al poder, el mensaje para el resto de la sociedad es desalentador. Así no se construye un país para todos y todas. Menos para invertir, arriesgar y producir, como pregona el propio Fernández.