El meandro filosófico se esconde detrás de qué entendemos por libertad y qué relación guarda dicha noción con la prioridad democrática.
Por Nahuel Michalski
Lic. en Filosofía especializado en Filosofía Política.
La conjunción de la antigua tradición democrática -participación pública horizontal e irrestricta- con la liberal moderna -autonomía incondicionada de la razón- posiblemente ha devenido en una suerte de paradoja política tan curiosa como insoslayable: el atentar contra la propia politicidad que debía garantizar. Pero, ¿en qué sentido y por qué? Pues bien, el meandro filosófico se esconde detrás de qué entendemos por libertad y qué relación guarda dicha noción con la prioridad democrática; sobre todo cuando nos referimos a la libertad de expresión, la gran golosina cultural del occidente burgués y liberal.
Y es que independientemente de su corrección argumental, adecuada fundamentación o validez lógica, lo cierto es que para una gran fracción de individuos de las sociedades “informadas” de hoy, resulta de antemano psíquicamente indeseable e incluso políticamente incorrecto el que se vean limitados o condicionados en la expresión irrestricta de sus pensares y sentires. Tienden a considerar que por el mero hecho de ser suyos, deben entonces implicar alguna cuota suficiente de pertinencia o valor y, por consiguiente, se encuentran aptos para hallar algún espacio público de validación. En otras palabras, en la época fragmentaria que corre, en la que las masas han alcanzado cierto cenit de la egolatría subjetivista al colocarse a sí mismas como centro indiscutido de la verdad, las exigencias personales de validez en torno a lo que se piensa y dice parecen ser a priori con respecto a la validez efectiva que ello suponga. De aquí que podamos entender no solamente el fenómeno de la posverdad, sino también el motivo por el cual el gran pensador Gilles Deleuze ha escrito aquel celebre texto denominado “Derrames: entre capitalismo y esquizofrenia”.
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Pero lo dicho implica que, por inercia, las masas tienden a sacralizar sus posicionamientos discursivos, cognitivos, emocionales e ideológicos propios en torno a las cosas en desmedro de ciertas lógicas universales de validez, experimentándolos subjetivamente como espontáneamente bien configurados, convincentes e incontestables, y sosteniéndolos individualmente con el ingenuo mantra por todos ya conocido, a saber: “es mi opinión”. De este modo, el yo del “es mi opinión”, un yo que generalmente no avanza mucho más allá de la mera doxa, se auto-fortalece y atomiza creyendo que su discurso prima desde una torre de marfil que, sin embargo, no apunta a ninguna parte y que no ha elaborado más que para sí mismo, para su propia tranquilidad espiritual, ignorando -o no queriendo asumir- que la mera capacidad de formar un opinión personal de ningún modo implica el acceso al conocimiento o a ideas culturalmente valiosas. Sin embargo, el marco cultural liberal atrofiado por el avance descarnado de sociedades institucionalmente licuadas, habilitará -en la medida que ya no encuentre instituciones válidas por fuera de su propio ego- a ese yo del “es mi opinión” a exigir que su revoloteo doxástico, retórico, insuficiente o incluso eufemístico sea tenido públicamente por valido tan solo porque “vivimos en democracia”.
Esto conduce a la siguiente pregunta política radical y aun no zanjada: vivir en democracia, su mismísimo presupuesto, ¿implica que cualquier opinión debe ser habilitada tan solo por ser la opinión “de alguien” con “derecho a expresarla” -paradigma liberal-, o, contrariamente, las opiniones de la sociedad deben encontrar algún límite o regulación en su manifestación no por capricho o autoritarismo sino en pos de cuidar la convivencia pública y democrática -paradigma republicano-? En otros términos, ¿es la libertad atomizada e irrestricta de expresar y reproducir públicamente cualquier idea personal una condición que salvaguarda la vida de una república, es decir, que preserva a la cosa pública en sí misma? ¿Qué es lo que tiene que ser priorizado, ciertos principios e ideas generales que regulan el bienestar democrático compartido o, contrariamente, la maximización de la posibilidad de expresión de los individuos incluso aunque ello resulte potencial y paradójicamente capaz de herir la mismísima esfera de politización de la que depende? He aquí entonces una de las consecuencias bizarras de la yuxtaposición acrítica entre la tradición liberal y la democrática: el respeto de los axiomas de la primera parece conducir a la cancelación de los principios de la segunda. En otros términos, y como bien lo señalaron pensadores como Bobbio y Sartori, cabe la siguiente interrogante: ¿será necesario asumir que el reaseguro de una voz colectiva se pague al precio de la modulación de ciertas voces individuales? Volvamos a Aristóteles, Rousseau y Kant; allí ya está todo lo atinente al respecto de esto.
Es decir, el problema no es tanto que los individuos de las sociedades de hoy posean pensamientos y sentimientos personales que experimentan psíquicamente como incuestionables, deseables o bien fundados -incluso aunque no sean más que opinología serializada- y que resulten potencialmente expresables en al ámbito de lo público, sino esto otro: ¿qué ocurre a escala político-estructural cuando tal diversidad de cosmovisiones individuales son diseminadas sin filtro, fluyendo entonces a escala masiva sin contención y articulación y colisionando conflictivamente entre sí en virtud de las diferencias ideológicas insalvables que motorizan o los grados de agresión y violencia que impulsan? La respuesta resulta evidente y el siglo XX tardío ya ha dado testimonio de ella con claridad y contundencia: adviene la crisis institucional y pública, el debilitamiento moral, el surgimiento de facciones con discursos de odio entrecruzados, el desgarro de cierta sensibilidad humana colectiva compartida y la ulterior desintegración del espíritu comunitario necesario para el sostenimiento de cualquier república; proceso de licuación de cual, además, ciertos actores sociales minoritarios siempre extraen rédito. En otras palabras, la crisis de muchos siempre ha sido el negocio de unos pocos.
Y para que dicho negocio siga girando quizá haya resultado una buena estrategia convencer a las personas de algo que, a excepción de la doctrina liberal, nunca ha formado parte de la teoría política democrática republicana o comunitarista clásica, a saber: que la noción de democracia equivale, por sí misma, a “poder decir lo que se quiere, cuando se quiere y, sobre todo, contra quien se quiera”. Si Aristóteles, Rousseau, Kant o Hannah Arendt -pensadores del verdadero republicanismo- hubieran leído esa fórmula casi escolar tan naif e infantil propia de una emocionalidad yoista, narcisista y caprichosa, se hubieran reído para no llorar. Y es que para tales autores tan fundamentales del pensamiento político clásico -el serio, no el promovido por la industria cultural de masas- existe un principio fundamental que se erige por encima de la fórmula de la libertad de expresión en un sentido individualista, a saber: el principio democrático de la vida de todos. Para ellos, la libertad de pensamiento y expresión está muy bien y resulta indudablemente necesaria, pero se encuentra limitada por la integridad, dignidad y vida de los demás conciudadanos, es decir, por las fronteras discursivas establecidas democráticamente de las que, por cierto, depende aquella para poder existir, en la medida que la noción de libertad sólo tiene sentido al interior de la vida política.
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¡Qué gran formula y qué necesario sería que los directores de los grandes medios de desinformación la repasaran de tanto en tanto! Tan sencilla, tan clara, tan humana: la mera opinión -que a duras penas alcanza el estatus de conocimiento- no puede encontrarse por encima del bienestar colectivo, de la concordia pública. Como diría Habermas, la razón comunicativa sólo tiene sentido si se haya al servicio de lo público, de lo de todos. ¿Puede alguien decir que eso no debe ser así? ¿No resulta evidente el hecho de que si por sostener la propia opinión sobre cualquier tema y con respecto a cualquier actor social se lastima la esfera pública de politización (es decir, al otro y al nosotros) no sólo se incurre en una inhumanidad flagrante, sino también en una contra-estrategia por la cual se aniquila el mismo espacio de posibilidad que precisamente habilita la proliferación de las ideas de todos? John Rawls hará de esto un análisis maravilloso en Liberalismo Político.
Por ejemplo, ¿qué ocurriría si un partido antidemocrático, por ejemplo un partido movido por principios neofascistas, se postulara a elecciones y terminara por ganarlas gracias a un fino trabajo mediático cuidadosamente financiado para, una vez en el poder, suspender las garantías democráticas de las mismas personas que lo han apoyado como, por ejemplo, el derecho al voto o incluso las constitucionales como el derecho a vivir? ¿No sería esa una tremenda y lastimosa paradoja consistente en que el mismísimo proceso democrático, apoyado en una noción errática de que “cualquier opinión es válida y permitida”, habría habilitado en su interior la existencia y crecimiento de una fuerza política movida por principios antidemocráticos, es decir, contrarios a la supervivencia, bienestar, dignidad y satisfacción de todas las personas?
Coloquemos otro ejemplo no menos paradójico aunque tampoco por ello menos real: resulta por demás frecuente en las redes, medios y espacios públicos de discusión -industria cultural- que un sujeto A se pronuncie de forma hiriente, agresiva, hostil y descalificadora para luego rematar con “bueno, pero es mi opinión y estamos en democracia, por tanto poseo el derecho de expresarla”. ¿No son esta clase de oraciones mediáticas y masivas el summum máximum del cinismo y la hipocresía? Pero, ¡más todavía! ¿Qué ocurriría si apareciera un sujeto B que le respondiera al impertinente sujeto A como sigue: “bien, en mi opinión usted tendría que morir en virtud de lo que acaba de decir, y debe respetar mi opinión porque vivimos en democracia” La paradoja es autoevidente y políticamente insostenible. La vida política misma no se podría realizar y lo que advendría es el terror de la fragmentación sociopolítica.
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Por ello mismo, importantes pensadores como Adorno, Benjamin o Fromm, preocupados en su momento por el avance del totalitarismo nazi, señalaron con agudeza que el liberalismo y su exigencia de “poder decir cualquier cosa en contra de cualquier persona” apelando a una malversación intencionada entre filosofía liberal y tradición democrática, en realidad, esconde y camufla un comportamiento genocida puesto que claramente el sujeto A y el sujeto B “gozan” ambos por igual de la posibilidad de “expresar su opinión” con respecto al otro, aunque solamente una de las opiniones primará sobre la otra, y esa que prime resultará ser, como avisó Nietzsche, la del más fuerte: ¿no es esto lo que sucede cuando, por ejemplo, los pronunciamientos de manifestantes que no tienen con qué alimentar a sus familias o de mujeres encolerizadas por el asesinato a mansalva de sus compañeras son ridiculizados por los medios hegemónicos y aplastados por el poderío económico, simbólico y estético (pues todo poder siempre conlleva una estética y una simbología que lo legitiman) de un periodista de saco y corbata que las reduce e “interpreta” a su gusto y paciere? ¿No es esto lo que se observa cuando a tales expresiones provenientes de sectores sociales minoritarios e históricamente excluidos se las censura y castiga, reprime y persigue, mientras que a otras tantas provenientes de grupos sociales culturalmente favorecidos se las favorece con luz, cámara y voz para que se “expresen libremente”?
Por lo tanto, y finalmente, el problema fundamental se encuentra precisamente aquí: la gente ha confundido -o ha sido confundida- democracia con libertad para decir cualquier barbaridad (alocuciones prejuiciosas, clasistas, racistas, misóginas, xenófobas, incluso antidemocráticas, etc), y ha aprendido a exigir que a sus barbaridades se les habilite un espacio en el foro público en nombre de la “tolerancia y el respeto” democráticos. Sin embargo, lo que esa gente no ha conseguido ver es que las opiniones solo se pueden admitir si ellas mismas ya presuponen de antemano un respeto y una tolerancia por la vida política compartida en general, incluyendo a todas las asociaciones y expresiones humanas. Como mínimo ello; si, además, el individuo adquiere grados espirituales de empatía, humanidad y solidaridad que le impidan resultar vilmente prejuicioso y cognitivamente estereotipado y subjetivista, aún mejor; ese será un bonus track que todos, creo, aceptaremos con gusto.