El 26 de marzo de 1991, los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay firmaron el Tratado de Asunción, acta fundacional del Mercado Común del Sur (Mercosur), que cumple 30 años.
Por Eduardo Sguiglia (*), en el diario Clarín
Caía la tarde sobre las siete colinas de Asunción cuando a fines de marzo de 1991 los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay rubricaron, bajo un cielo tormentoso, el tratado fundacional del Mercosur. La idea había sido conversada por otros mandatarios. Alfonsín y Sarney, entre ellos. Aunque cobró vida en ese acto y se terminó de pulir en Ouro Preto algún tiempo después.
El texto estableció una organización institucional, compuesta por ámbitos decisorios y consultivos, y otra jurídica, que permite al Mercosur negociar con terceros. Además, fijó un calendario para eximir de impuestos y restricciones a la circulación interna de productos, con la excepción de automóviles y azúcar. Y estipuló la fecha en que comenzó a regir un arancel externo común para regular las transacciones con el resto del mundo.
Los objetivos, a tono con la época, consistían en acelerar el crecimiento por medio de la integración económica y política de una región que sobresale por la inmensidad de su territorio, el volumen de los recursos naturales y el desarrollo agrícola y fabril. También referían la necesidad de coordinar el manejo de las economías, atenuar los desequilibrios, determinar las reglas de origen y proteger el medio ambiente.
Durante un largo tiempo hubo liderazgos, consensos y condiciones favorables. A la vez que se ampliaron los lazos sociales. Sin embargo, treinta años después el balance es desparejo. En particular, de la última década.
Porque aún persiste una serie de problemas que, aparte de trabar su funcionamiento, motivaron el deterioro de su peso en el concierto mundial. Y que se formularan planteos para modificar su legalidad de raíz.
En la etapa inicial, el comercio de bienes primarios y manufacturados en el Mercosur se cuadriplicó. Pasó de cinco mil a veinte mil millones de dólares. Debido a los negocios entre filiales extranjeras, la estabilidad regional y una mayor inversión. Asimismo, se aprobaron, junto a Bolivia y Chile, dos protocolos de singular importancia. Relativos a la preservación del orden democrático y al Mercosur como zona de paz y libre de armas atómicas.
En el decenio posterior, pese a las crisis del 2002 y el 2009, el comercio intrazona continuó una marcha ascendente: cuarenta mil millones de dólares en 2010. Y se lanzó un sistema para la solución de controversias. Al mismo tiempo que se fijaron las bases para el funcionamiento del Parlasur, de los institutos social y de derechos humanos, la certificación de competencias profesionales y de un fondo destinado a promover las áreas más atrasadas.
Pero en los últimos años se produjeron dos hechos que reavivaron viejas y nuevas tensiones. Por un lado, el pobre desempeño de las economías de Argentina y Brasil. Y las consiguientes adopción de medidas unilaterales y caída de las exportaciones hacia el interior del bloque. Que registraron en 2019 su peor performance. A este respecto, conviene aclarar que Venezuela continúa suspendida y que Bolivia no concluyó su adhesión como socia.
Y, por otro lado, un aumento en el vínculo comercial de los estados partes con otras regiones. En especial, con China y el sudeste asiático. Circunstancia que, a diferencia de la dinámica mercosureña, benefició a las exportaciones de mercancías menos elaboradas.
En este período, el Mercosur comenzó negociaciones con Canadá, Corea del Sur y la Alianza del Pacífico. Y, después de largos tira y afloja, concretó un acuerdo con la Unión Europea que, si bien no fue ratificado aún, abriría grandes oportunidades para la agroindustria.
A la par que requiere una mayor atención de nuestro país a las actividades que podrían ser afectadas por la competencia europea. Químicos, autopartes y metalmecánica, entre otros.
Aun así, la alicaída situación del Mercosur, sumada a un contexto internacional adverso, ha motivado la disconformidad de los socios con el esquema vigente. Primero de Uruguay y Paraguay.
Luego del Brasil de Jair Bolsonaro. En particular, critican los incumplimientos arancelarios, la lentitud de las decisiones (dificultad relacionada con el carácter intergubernamental del bloque), el desinterés por las normas comunitarias y la existencia de barreras al ingreso de productos y servicios.
Y, más que nunca, la limitada agenda externa del Mercosur. Al punto que las autoridades de Brasil y Uruguay reclamaron semanas atrás que se autorice a los socios a negociar en forma independiente con países y bloques. Cuestión que implicaría una fuerte flexibilización de los acuerdos de base. Y reducir el proyecto de un mercado común a una zona de libre comercio salpicada por unos pocos convenios sectoriales.
Sin embargo, tomando en cuenta la incertidumbre, los cambios en el orden global y el proteccionismo constatado durante la pandemia, sería apropiado que las autoridades argentinas descarten alternativas de esta índole en la próxima cumbre.
Y, en consecuencia, alteren el statu quo proponiendo un programa de trabajo que permita intensificar el comercio entre sí, expandir las ventas externas, explorar nuevas relaciones y reducir las divergencias regulatorias. Además de evaluar y definir un arancel externo que favorezca el crecimiento, los avances tecnológicos y las cadenas de valor.
En otras palabras, que perfeccione al Mercosur en su propósito de alcanzar una prosperidad inclusiva y sustentable. Amén de unir la voz de nuestros países a favor de la cooperación, el respeto y la igualdad en este mundo.
(*) Eduardo Sguiglia es economista y escritor. Ex subsecretario de Asuntos Latinoamericanos y ex embajador.