Entre tantas novedades que nos golpean en una Pandemia que ha cambiado la vida de todos y todas, dos hechos no han tenido la relevancia pública que merecen y, asimismo, quienes las abordaron no las vincularon entre sí.
Por Emiliano Yacobitti (*), en diario Clarín
El primero es que, según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, casi el 60 % de los niños, niñas y adolescentes de Argentina viven en hogares que no cuentan con los ingresos mínimos para llevar adelante una vida digna. Es decir, siguen incorporándose a la pobreza nuevos contingentes de personas que perdieron su condición de clase media, muchos de ellos para seguir siendo pobres toda la vida.
El segundo es que la Cámara de Diputados de la Nación incorporó en la media sanción, sobre la modificación del Impuesto a la Ganancias, la posibilidad de descontar de dicho tributo los gastos que los trabajadores y trabajadoras realicen en herramientas educativas, cursos de capacitación como así también guarderías y jardines maternales.
Este beneficio apunta a frenar el deterioro de las condiciones de vida de los sectores medios asalariados que repercute en varios aspectos, y se nota particularmente en el ámbito educativo, donde se incrementaron la deserción en todos los niveles y cientos de pequeños jardines en todo el país cerraron o están al borde de la quiebra, por la gran cantidad de familias que no pudieron afrontar más esos gastos.
Esta posibilidad de deducción impositiva de la porción del ingreso familiar destinado a educación corresponde a un cambio en la concepción de “lo público” inédito en el país: el pasar a considerar como “inversión educativa”, lo que antes era etiquetado como un mero gasto más. Si queremos volver a tener una sociedad más justa, uno de los acuerdos a los que tenemos que llegar es el de incrementar la inversión pública en educación y fomentar que el conjunto de la sociedad vuelva a poner lo mejor de sí para empujar la movilidad social ascendente.
Dedicar dinero a educar a nuestros hijos e hijas o a nosotros mismos no puede considerarse un gasto o un consumo más. Es cierto, que esa inversión redunda en un beneficio personal claro. Los más capacitados son los que consiguen mejores trabajos y mayores salarios.
Pero esa inversión adquiere carácter público porque contribuye a mejorar también nuestras capacidades como sociedad, para producir más, para hacerla más inclusiva, y así disminuir el gasto público que dedicamos para aminorar las calamidades sociales que hoy azotan al país.
El verdadero mecanismo contracíclico a la gran crisis que vivimos -y que todavía puede agravarse más- es la educación. Sin inversión educativa estamos construyendo un futuro sin oportunidades vitales para millones de argentinos y argentinas, de los cuales -como dijimos- casi el 60% son chicos y chicas. O sea, son nuestro futuro que ya viven hoy un presente miserable.
Y más si, como todo lo indica, tenemos que atravesar la segunda ola del COVID 19 sin que haya acabado nunca la primera en la Argentina, en invierno y sin haber alcanzado la inmunidad de rebaño por no vacunar en tiempo y forma. Por eso impulsamos esta iniciativa que apoyaron diputados y diputadas de todos los bloques.
Para que el Estado no solo muestre la relevancia que se le otorga a la educación incrementando el presupuesto del área, sino también con incentivos en el sistema tributario. Ha sido un primer paso, pero un cambio clave en nuestra concepción sobre el carácter público de la educación que esperamos que siga dando nuevos y urgentes frutos, si queremos ser esa Argentina en la que todavía soñamos.
(*) Emiliano Yacobitti es diputado nacional (UCR)