Los problemas de suministros e inmigración en Reino Unido son autoinfligidos.
Editorial diario El País.
El populismo termina pasando una cuantiosa factura a la sociedad que se entrega a él: a veces más tarde, pero casi siempre muy temprano. Las consecuencias materiales que está teniendo el Brexit en el Reino Unido ofrecen un repertorio notable de tipos. Los ciudadanos británicos están asistiendo a situaciones que fueron despreciadas como alarmismos infundados en el referéndum para la salida de la UE de 2016. También fueron desdeñadas por el primer ministro desde julio de 2019, el conservador Boris Johnson, durante todo el proceso negociador con Bruselas como meras hipótesis que nunca llegarían a suceder. En el lapso de pocas semanas los británicos se han visto asaltados por el riesgo de desabastecimiento de algunos productos, la escasez de mano de obra o una crisis de refugiados en su territorio. La retórica patriótica de Johnson se ha revelado ineficaz, como adivinó, entre otros, Jonathan Coe en una espléndida novela, El corazón de Inglaterra.
La tensión con París se ha disparado ante la llegada incesante al Reino Unido de migrantes que cruzan el Canal procedentes de Francia y que el Gobierno galo se niega a readmitir. Algunos miembros del Gabinete Johnson, como la ministra de Interior, Priti Patel, han propuesto el uso de la fuerza para hacer retroceder a las precarias embarcaciones y dejar el asunto en manos francesas, a costa de poner en riesgo la intocable Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, según la cual nadie puede abandonar en el mar a quien corre peligro. Nada de esto sucedería si el Reino Unido siguiera en la UE; se aplicaría el reglamento Dublin III, según el cual los migrantes pueden ser devueltos al primer país por el que ingresaron en la Unión. Acabar con la inmigración irregular fue una bandera del Brexit, pero nadie explicó cómo, y menos que nadie los abanderados del Brexit.
Más grave que ese conflicto lo es el que genera la nueva ley de inmigración del Gobierno británico y las fuertes restricciones de contratación de trabajadores comunitarios que impone. Con ellos se contaba cada temporada de recolección como se contaba con los transportistas. El resultado es que aún habiendo en origen cantidad suficiente de alimentos perecederos, los medios para que puedan ser distribuidos son escasos. Algunos productores están incluso recurriendo a la contratación de presos en régimen de segundo grado. Siguiendo una estrategia cortoplascista, Johnson ha retrasado unilateralmente los controles aduaneros y sanitarios de los alimentos procedentes de la UE. Con ello ha logrado levantar la furia de un sector que secundó sus promesas en la campaña por el Brexit.
Johnson se escuda en la crisis creada por la covid —enfermedad que también desdeñó en sus comienzos—, pero lo cierto es que en realidad es una excusa: al electorado británico se le ocultaron las consecuencias negativas de semejante decisión. Hoy ya las conocen.