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Agosto de 2022
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Opinión y Actualidad

YPF, Vaca Muerta y las políticas de Estado

La evolución de la industria de extracción petrolera argentina fue lenta, acorde con la potencialidad de los yacimientos.

06/08/2022

Por Alejandro Poli Gonzalvo, en el diario La Nación
El 13 de diciembre de 1907 se produjo por azar el descubrimiento de petróleo en Comodoro Rivadavia, en una fecha temprana en el nivel mundial. En 1901 se encontró petróleo en las afueras de Beaumont, Texas. En 1910 se perfora un pozo petrolero de alta producción en México, en las cercanías de Tampico. En 1913 se perfora exitosamente el primer pozo productivo en Guanonoco, Venezuela. En 1927 se halla el primer pozo en Irak. En 1932 se inician las perforaciones en el Golfo Pérsico, descubriéndose petróleo en Bahrein, Arabia Saudita, Kuwait. A pesar de las expectativas, pronto se sabría que la Argentina era un país con petróleo y no un país petrolero.

En pocos años, el desarrollo de la industria del automóvil transformaría al petróleo en el combustible del siglo XX, relegando al carbón. En este nuevo contexto económico, los gobiernos argentinos, conservadores primero, radicales más tarde, y muy especialmente los encabezados por la Concordancia durante la década del 30, sumarían esfuerzos y un constante apoyo a las actividades de YPF con un objetivo compartido: desarrollar la industria petrolera argentina en un esquema mixto de participación estatal y privada. Los resultados fueron muy positivos. La política petrolera argentina desde 1907 hasta 1943 tiene las mismas características ejemplares de consenso que la política educativa y la política inmigratoria; es decir, constituye la tercera gran manifestación de políticas de Estado con criterio de unidad nacional y en pos de un objetivo común.

El 14 de diciembre de 1907, el presidente Figueroa Alcorta, conservador reformista, firma el histórico y estratégico decreto que reserva para el Estado una zona exclusiva de 100.000 ha, un acto administrativo que no estaba en línea con el Código de Minería de 1887, que establecía que el Estado no podía explotar yacimientos de hidrocarburos.

Es interesante observar la evolución del régimen legal. En septiembre de 1910, el gobierno de Figueroa Alcorta promulga la ley 7059, que reduce la zona de reserva a 5000 ha para favorecer también la participación de la iniciativa privada, un principio económico que gozaba de extendido consenso en el Congreso. No obstante, a los tres meses, el presidente Roque Sáenz Peña, también conservador reformista, ratifica por decreto que la zona de reserva sería explotada por la administración estatal, permitiendo que los capitales privados exploren otras zonas, y crea la Dirección General de Explotación del Petróleo de Comodoro Rivadavia. En mayo de 1913, luego de la muerte de Sáenz Peña, el presidente Victorino de la Plaza envía un nuevo proyecto de ley al Congreso, en el que se afianzaba la participación estatal, sin éxito. Por su parte, el presidente Hipólito Yrigoyen eleva su proyecto petrolero al Congreso en septiembre de 1919, cuyo propósito principal era federalizar los yacimientos, aunque sin eliminar la participación privada. La propuesta no fue aprobada por la oposición conservadora a la federalización de los recursos.

La producción estatal sufrió serios inconvenientes durante el primer gobierno radical que derivaron en una crisis con resonantes renuncias; en respuesta, el 3 de junio de 1922, a meses de finalizar su primer mandato, Yrigoyen crea la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales: nacía YPF. Como prueba de la crisis que atravesaba la industria estatal y de la importancia que se le asignaba, Alvear designa como director general de YPF al coronel Enrique Mosconi apenas una semana después de asumir la presidencia, cargo que mantuvo hasta 1930. Mosconi ha tenido un justo reconocimiento por su gestión al frente de YPF.

En 1923 Alvear también fracasa en aprobar dos proyectos de ley enviados al Congreso. Ante ello, firma dos decretos en 1924: el primero extendía la reserva fiscal a favor del Estado a gran parte de los territorios federales donde se suponía la existencia de petróleo; el segundo reglamentaba el trámite de solicitudes de exploración ingresadas hasta esa fecha. Hay que remontarse hasta los debates parlamentarios de 1927, en los que el Poder Ejecutivo defendía la federalización, pero estaba en contra de la monopolización de la actividad por parte del Estado, impulsando la constitución de empresas mixtas. Pese al equilibrio de las fuerzas parlamentarias, la iniciativa no fue aprobada en el Senado, y quedó sin sanción el régimen de explotación petrolera. Recién en 1932, bajo la presidencia de Justo, se retomaron las discusiones. Ese año remite dos proyectos; uno que sanciona la Carta Orgánica de YPF, quitándole autonomía operativa a YPF en materia de compras, precios y salarios. De este modo, el gobierno conservador demostraba en sus inicios que sería el responsable de promover la intervención del Estado en todas las ramas de la economía, con el fin de paliar la grave crisis mundial del 30. El segundo proyecto correspondía a una ley general del petróleo, que fue sancionada por el Senado el 21 de marzo de 1935 con el Nº 12.161. Justo lograba aquello en que habían fracasado Sáenz Peña, De la Plaza, Yrigoyen y Alvear. El proyecto de Justo y de su ministro De Tomaso contaba con el visto bueno de YPF y resumía la posición que mayor consenso había alcanzado desde 1907: establecía el dominio de la Nación y las provincias sobre los yacimientos de acuerdo con su localización y permitía la explotación privada, un enfoque basado en los principios económicos que defendían los conservadores. En función de la ley, Justo aceptó la solicitud de YPF de extender la reserva estatal a todos los territorios federales, demostrando su firme intención de apoyar a la compañía estatal. En el período 1932-1943 ocupó el cargo de director general de la que fue la primera compañía estatal integrada del mundo otra figura emblemática que merece nuestro reconocimiento: el ingeniero Ricardo Silveyra.

La simple lectura de los antecedentes que llevaron a la sanción de la ley 12.161 evidencia que la industria petrolera argentina nació y evolucionó dentro del consenso social y económico que predominó en el país hasta 1943. Las posiciones extremas, a favor de la privatización total o del monopolio estatal no eran mayoritarias y por eso no prosperaron.

La evolución de la industria de extracción petrolera argentina fue lenta, acorde con la potencialidad de los yacimientos, y se fue integrando verticalmente en forma progresiva hasta completar todos los procesos de refinación, distribución y comercialización, con una participación creciente de YPF. En su libro Historia del petróleo en la Argentina, Nicolás Gadano aporta datos valiosos. En 1943 se producían alrededor de 4.000.000 m3 de petróleo, que cubrían cuatro quintas partes del consumo nacional, de los cuales correspondían 2.600.000m3 a YPF y el resto a las compañías privadas. Para esa fecha se habían perforado unos 2000 pozos e YPF abastecía el 72% del consumo de naftas del país, que ascendía a 1.200.000 litros. Existían 19 refinerías, la refinería de YPF de La Plata era la de mayor capacidad de producción. YPF contaba con 16.000 empleados y en 1944 había comenzado la explotación del carbón de Río Turbio y un año después la provisión de gas natural a la Capital Federal y la ciudad de Mendoza. Merced al acuerdo de comercialización de combustibles firmado en 1936 entre YPF y el Automóvil Club Argentino, a fines de la década del 30, YPF contaba con 428 estaciones y 7645 surtidores en todo el territorio nacional.

Una política de Estado mantenida durante décadas por dos fuerzas políticas enfrentadas había sido exitosa. Es un ejemplo a imitar para el desarrollo de los vastos recursos de Vaca Muerta. ¿Serán capaces de eso nuestros dirigentes políticos, como lo fueron radicales y conservadores?