La medida judicial fue objetada por el Servicio Público de Defensa Penal, que remarcó el contexto de extrema vulnerabilidad económica y social.
En una audiencia realizada en los tribunales de Cañada de Gómez se imputó a dos personas por la muerte de dos bebés, cuyos cuerpos fueron enterrados en el patio trasero de una vivienda de esa localidad.
Entre las últimas horas del sábado 29 y las primeras horas del domingo 30 de octubre, una mujer se habría provocado la expulsión de dos neonatas con vida de aproximadamente 30 semanas de gestación, ingiriendo pastillas con el fin de realizar un aborto en el baño de su casa de calle Bolívar al 900, en la cabecera del departamento Iriondo.
Para el trámite se consideró la colaboración necesaria de un hombre mayor de edad. Los cuerpos bebés fueron luego enterrados en el patio del domicilio del hombre, cercano a la vivienda de la gestante.
La fiscal Gabriela Lescano imputó a ambos por doble homicidio calificado en calidad de coautores.
El juez Álvaro Campos hizo lugar a la prisión preventiva, pese a haber hecho algunas observaciones sobre la calificación legal.
El Servicio Público Provincial de Defensa Penal emitió un comunicado en donde consideró que se trató de "una determinación tomada de manera apresurada e insólita” por la justicia. Remarcó que el episodio se dio en un contexto de extrema vulnerabilidad económica y social.
Para la Defensa, “no tuvo en cuenta los graves problemas de salud que la acusada y el acusado tienen respectivamente. D.T. padece una seria situación de consumos problemáticos y se encuentra en estado puerperal. Mientras que M.G sufre de una miocardiopatía hipertrófica".
“En la audiencia, la defensora pública, Florencia Chaumet, abogó profundamente por D.T. y M.G., haciendo notar las irregularidades en el marco de la investigación y la falta de pruebas suficientes que puedan determinar roles y responsabilidades. Asimismo, resaltó la vulneración al derecho de defensa y al debido proceso y planteó la nulidad de lo actuado dado que D.T. habría confesado en el hospital, a quien la custodiaba, sin la asistencia jurídica correspondiente. Vale remarcar que este tipo de confesiones se encuentran prohibidas por ley, afectándose garantías constitucionales por darse sin la presencia de un abogado defensor”, explica el comunicado.
“Preocupa a este Servicio Público Provincial de Defensa Penal -continúa el escrito- el irracional modelo punitivista implementado por distintas agencias y actores estatales que tienden a criminalizar y revictimizar -en casos como el presente- a las mujeres más vulnerables económica y socialmente, quienes por falta de acceso a la salud pública realizan prácticas inseguras y clandestinas. Cabe destacar por su ausencia, la falta de contención y acciones sociales que impliquen una alternativa a las meramente punitivas”.
Fuente: La Capital de Rosario.