La situación se había viralizado en los últimos días y causó gran repudio social en la vecina provincia.
El Juzgado de Garantías N° 2, a cargo del doctor Héctor Horacio Sandoval, a solicitud del Equipo Fiscal N ° 13 a cargo de Víctor Recio, dio la autorización para el allanamiento en un domicilio del barrio Santa Catalina. Del operativo participaron el ayudante fiscal Joel Abregu, la médica veterinaria de la Policía María Infante, personal del Poder Judicial a cargo de la licenciada Amelia Vera y colaboró personal del Departamento Investigaciones Complejas.
Cuando la comitiva se aprestaba a ingresar al domicilio sindicado se presentó espontáneamente la mujer buscada. De acuerdo al testimonio de los presentes, la misma estaba ‘notoriamente ofuscada y pretendía entorpecer el procedimiento, por lo que fue reducida y aprehendida’.
Posteriormente, se procedió a notificar la disposición judicial y seguidamente se detuvo a la mujer, que quedó alojada en la Unidad Penitenciaria N°8 de Villa los Lirios bajo disposición de la Magistratura actuante.
El subsecretario de Planificación de Seguridad y Justicia de la Provincia, Leandro Martín Álvarez, en calidad de representantes del Gobierno provincial denunció el hecho, que dio inicio a las actuaciones por "supuesta Infracción a la Ley Nacional N° 14.346- Maltrato y Crueldad Animal".
Cabe mencionar, que en virtud al reclamo de las organizaciones y ciudadanos particulares que se pronunciaban en favor de la protección animal, en Fiscalía se los recibió y se brindó una inmediata respuesta. "Es inadmisible desde cualquier punto de vista la crueldad con los animales y esto tiene consecuencias legales y judiciales", indicó el funcionario.
También se dio intervención a la Línea 102 para la tutela de los menores utilizados en este accionar quienes se encuentran bajo el cuidado de su abuela.
Ley Nacional N° 14.346 - Maltrato y Crueldad Animal
La normativa, que data del año 54, es pionera en protección animal. Se trata de una ley penal, de cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional, la cual no necesita adhesión por parte de las provincias y resulta una herramienta fundamental en los casos de maltrato y crueldad animal. La legislación permite avanzar contra el sometimiento a sufrimientos innecesarios, reprochables moral y legalmente, constituyendo un delito de acción pública.
Fuente: diario Norte.