El kirchnerismo se concentra en los ataques a la justicia porque no soporta fallos fuera de su control. Pero en la ONU les hablan de una "justicia independiente".
Por Héctor Gambini
Para Clarín
Es 1996 y Boris Yeltsin busca su reelección a la presidencia de Rusia. Los números le dan pésimo. El sistema de partido único del comunismo ha quedado atrás, pero aún está demasiado cerca.
En un sauna, donde descansa en medio de una campaña agotadora, un asesor llamado Koriakov se acerca a Yeltsin y le dice, delante de otros testigos: “La democracia está bien, pero sin elecciones es más segura”.
Lo cuenta el escritor francés Emmanuel Carrère en su monumental biografía sobre el escritor y político ruso Eduard Limónov.
La frase ayuda a entender mejor la prioridad del kirchnerismo antes de abandonar el poder: La democracia está bien, pero con la justicia a favor es más segura.
La ofensiva contra la Corte -que estos días incluye la insólita Operación Víctima de Cristina Kirchner en el ámbito internacional- sólo es una reedición desesperada de la tríada de objetivos contra la justicia lanzados en 2020.
Una saga de fracasos.
Cristina puso a todo su equipo político y jurídico a trabajar en una reforma judicial (para crear más cargos que licuaran el poder de Comodoro Py), en una reforma de la Corte (a través de una comisión conducida por su abogado personal, Carlos Beraldi) y en el desplazamiento del procurador general (jefe de los fiscales), Eduardo Casal, para colocar allí a alguien bien cercano y evitar que se impulsaran causas contra el kirchnerismo.
Tres jugados, tres perdidos.
Con dos agravantes: el del tiempo (ahora sólo quedan meses para el fin del mandato) y el de la Magistratura -el organismo que designa y controla a los jueces-, que volvió a ser dirigida por el presidente de la Corte, en un escenario que en 2020 el Gobierno ni preveía.
Este revival de la embestida contra la Corte tiene, incluso, modos idénticos al ataque que hubo hace dos años contra el procurador Casal, cuando de la noche a la mañana empezaron a lloverle acusaciones coordinadas en simultáneo, a través de “particulares” y ONGs que acusaban a Casal de lo mismo, con los mismos argumentos y en el mismo orden.
Un texto cuyo original pareció bajado del FAP (Frente de Abogados Populares) -integrado por militantes de La Cámpora y de Justicia Legítima- al que el resto de los denunciantes sólo le hacía copy paste.
Una de aquellas denuncias era de la abogada Natalia Salvo, en representación de una ONG que tenía como sede el Instituto Patria.
Salvo era la abogada del “productor agropecuario jubilado” cuyo testimonio se usó para armar la Operación Puf contra los cuadernos de las coimas en Dolores.
Ninguna de las denuncias pasó el filtro más elemental del sentido común y todo quedó en la nada.
La Comisión Beraldi terminó entregando un informe de 64 páginas y lo que el Presidente terminó entregando fue a su ministra de Justicia, Marcela Losardo, que no avalaba algunas de las ideas allí expuestas.
A Losardo la reemplazó Martín Soria, un ex intendente de General Roca que durante su gestión municipal les retenía un porcentaje del sueldo a los funcionarios de la comuna destinado a “solventar la carrera política del doctor Soria”.
O sea, la de él mismo.
Soria llegó para torear a la Corte pero perdió la capa en la primera corrida.
Durante su gestión, la Corte ingresó a la Magistratura y dictaminó en fallos clave en contra de los deseos del Gobierno, como en la restitución del porcentaje de coparticipación que le habían quitado a la Ciudad de Buenos Aires para dárselo a la Provincia.
Ahora, la Comisión de Juicio Político en Diputados acumula expedientes para comenzar a discutir el proceso a los cuatro jueces de la Corte desde este jueves.
Ya sumaron 12, pero podría haber más.
Igual que antes con Casal, hay iniciativas de “particulares” y de ONGs.
¿Y quiénes son los denunciantes?
Una “ciudadana particular” que se presenta a denunciar a la Corte en Diputados es la senadora ultra k Juliana Di Tullio, que usó esa figura porque no es diputada.
Y está también la asociación “Exigir”, que en 2021 había denunciado una presunta “operación secreta” entre el entonces presidente de la Corte Carlos Rosenkrantz y el ex presidente Macri para mantener a la jueza Elena Highton de Nolasco en su cargo más allá de los 75 años.
Nunca sucedió.
Highton renunció y la vacante sigue vacante: el Gobierno ni siquiera consiguió nombrar a su reemplazante.
Otro de los denunciantes actuales contra la Corte es la AAJ (Asociación Argentina de Juristas) que milita por la liberación de Milagro Sala en Jujuy y es dirigida por Claudia Rocca, una abogada que en la pandemia daba charlas por zoom sobre lawfare con el diputado y ex espía ultra k Rodolfo Tailhade.
Entre todas las embestidas, Cristina fue condenada a 6 años de cárcel por corrupción en la obra pública y aún tiene fallos pendientes en Casación acerca de si debe ir a juicio por Hotesur-Los Sauces y el Pacto con Irán, una de las causas a las que más le teme por su repercusión internacional.
En la arremetida final de la Operación Víctima, -la Justicia será usada como principal rival por el kirchnerismo en este año electoral-, el Gobierno presentó este lunes en la ONU una denuncia sobre violación a los derechos humanos que consistiría en juzgar a Cristina por los delitos que se le imputan, en procesos transparentes y ante los tribunales de la democracia, como corresponde a cualquier ciudadano común.
Ese simple ejercicio de madurez republicana -que la justicia actúe como debe ser- vuelve insegura la democracia para Cristina y sus aliados, que sienten que hay cosas que no pueden manejar (como los fallos adversos) y les traza el insoportable horizonte de lo imprevisto.
Tres horas después de la insólita presentación argentina, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU publicó su devolución.
Entre recomendaciones de rigor, solicita expresamente que Argentina "asegure la plena independencia del Poder Judicial y de la Procuración".
Una derrota mundial para la Operación Víctima.