Cómo sigue la investigación si se concreta el apartamiento.
La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia comenzará a tratar este jueves uno de los pedidos de recusación del juez Guido Otranto en la causa que investiga la desaparición de Santiago Maldonado.
La semana pasada, en medio de críticas e insatisfacción por la marcha de la causa judicial, la familia del artesano, con el patrocinio de Verónica Heredia, pidió la recusación del magistrado al considerar "el nulo avance" de la investigación.
El presidente de la Cámara, Javier Leal de Ibarra, fijó para hoy a las 10:45 una audiencia con la querella. En la reunión, la abogada Heredia podrá exponer oralmente los argumentos de la recusación y podrá, además, sumar nuevos hechos.
La recusación la tienen que resolver los jueces Leal de Ibarra, Aldo Suárez y Hebe Corchuelo de Huberman. Después de la audiencia tienen 48 horas para hacerlo, según establece el Código Procesal Penal de la Nación. Si la rechazan, Otranto seguirá siendo el juez de la causa
Si aceptan el apartamiento, el expediente cambiará de juez: pasará a Hugo Sastre, titular del juzgado federal de Rawson. Si eso ocurre, el caso tendrá un cimbronazo: no volverá a fojas cero pero el nuevo magistrado que intervenga podrá volver a analizar las decisiones tomadas y la prueba que hay en el expediente, plantear nuevas hipótesis o profundizar otras e inclusive, darle un nuevo rumbo a la investigación. Los tres jueces de la Cámara de Comodoro Rivadavia serán los que revisen la marcha de la causa.
Por otra parte, Otranto rechazó ayer el pedido de apartamiento realizado por la querella del CELS. La organización había alegado "prejuzgamiento y enemistad manifiesta, con motivo de las expresiones" del juez a un matutino porteño el domingo pasado, donde dijo que "la hipótesis más razonable es que Santiago Maldonado se ha ahogado en el río Chubut".
Los abogados del CELS consideran que "el juez Otranto ha realizado numerosas afirmaciones que traslucen una posición deliberada frente a una de las hipótesis". Se refieren a la responsabilidad de Gendarmería Nacional durante el operativo llevado a cabo el 1º de agosto pasado en la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen, el último día que se vio con vida a Maldonado.
En su resolución, el magistrado negó haber adelantado opinión y sostuvo: "No puede causar sorpresa que haya referido que tengo dudas sobre la versión expuesta por los testigos que integran la comunidad mapuche, si tras escucharlos -y recibir el resultado negativo de las pruebas de ADN en los vehículos de Gendarmería Nacional Argentina- decidí convocar en calidad de 'testigos' a los efectivos de esa fuerza que intervinieron en el procedimiento del 1 de agosto".
"Que el rumbo que adopté en la acción de habeas corpus no sea del agrado del organismo querellante no implica que yo haya prejuzgado cuando lo expliqué públicamente en la entrevista. Por el contrario, es la consecuencia necesaria que se deriva de la interpretación de las pruebas que debo realizar para orientar la investigación de acuerdo a mi leal saber y entender", añadió.
En vísperas de la audiencia, cuya resolución que podría cambiar el rumbo de la investigación, se vivió un episodio violento en el tribunal de Esquel. Un grupo mapuche irrumpió en las oficinas al grito de "¡¿dónde está Santiago Maldonado!?". Una vez instalados en el lugar, los manifestantes amenazaron con quedarse hasta que "renuncie el juez". El propio Otranto firmó una orden de desalojo, pero no fue necesaria la intervención de las fuerzas de seguridad y el grupo mapuche se retiró de los tribunales de Esquel por sus propios medios.