La justicia bonaerense procesó a dos empresarios acusados de someter a situación de vulnerabilidad a 23 trabajadores rurales en un cultivo de papa ubicado en el partido de General Belgrano, provincia de Buenos Aires.
Así lo dispuso el juez federal de Dolores, Alejandro Rámos Padilla. Los empresarios están acusados de haber explotado al menos a 23 trabajadores en situación de vulnerabilidad, en un predio ubicado en el Partido de General Belgrano, provincia de Buenos Aires. Las víctimas dormían en catres ubicados dentro de un colectivo en desuso y eran sometidas a extensas jornadas de trabajo, en condiciones infrahumanas y sin acceso al agua potable.
El titular del Juzgado Federal de Dolores, Alejandro Ramos Padilla, dictó el procesamiento de dos hombres acusados de captar y trasladar con fines de explotación laboral al menos a 23 trabajadores en situación de vulnerabilidad en un campo de la provincia de Buenos Aires dedicado al cultivo de papa.
Allí, las víctimas habrían sido obligadas a trabajar en condiciones infrahumanas durante extensas jornadas laborales y sin acceso al agua potable. Además, el juez trabó un embargo sobre los bienes de los acusados equivalente a la suma un millón de pesos.
El pedido había sido realizado por el fiscal federal de Dolores, Orlando César Giménez, quien acusó a los empresarios de haber explotado a las víctimas el campo ubicado en el Partido de General Belgrano, provincia de Buenos Aires, aparentemente entre diciembre de 2013 y el 27 de enero de 2014.
El caso cuenta con la colaboración de la Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas (DOVIC) del Ministerio Público Fiscal.
El caso
El inicio de la causa se remonta al 23 de enero de 2014, cuando por orden de Ramos Padilla ordenó el allanamiento del predio rural explotado por la firma Proyecto Sol S.A., luego de una denuncia presentada por la Dirección Regional La Plata de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Durante el procedimiento, se identificó a 23 víctimas provenientes de la provincia de Santiago del Estero y de la ciudad de Balcarce, alojadas en colectivos en desuso con camas cuchetas ubicados en dos campamentos, uno para cada cuadrilla.
Los trabajadores explotados eran trasladados todos los días en tractor hasta la zona para realizar la cosecha y cargar la mercadería en un camión.
Según la declaración de las personas rescatadas, las jornadas laborales eran de lunes a lunes desde las 4:30 hasta las 21:00, con un intervalo para almorzar. Además, no tenían acceso al agua potable, ni contaban con las mínimas condiciones de higiene y salubridad.
Una construcción de chapa era utilizada como cocina colectiva y comedor y un pozo hacía las veces de baño. Asimismo, no tenían electricidad, no contaban con las herramientas necesarias para realizar las tareas, ni botiquín de primeros auxilios, ni la indumentaria adecuada.
Con respecto al modo en que se produjo la oferta laboral engañosa, los trabajadores relataron que, en la mayoría de los casos, fue a través de los respectivos “jefes de cuadrilla”, quienes, a su vez, habían recibido la propuesta mediante una comunicación telefónica por parte de uno de los imputados. Sin embargo, al momento del arribo, las víctimas solo contaban con información básica sobre las tareas que tenían que desarrollar y no habrían tenido conocimiento sobre las condiciones habitacionales.