El juez penal Darío Alarcón hizo caer dos cautelares que beneficiaban con un blindaje al empresario detenido por la defraudación a Tucumán.
El juez Alarcón dejó sin efecto dos cautelares que impedían al Estado nacional ejercer el correspondiente contralor de más de 20 medios de comunicación de la provincia de Tucumán.
Las medidas habían sido dictadas por los exjueces Ramón Tarchini Saavedra y Lucrecia Martínez Llanos.
Además, una auditoría reveló graves irregularidades con la desaparición de cincuenta expedientes del juzgado de Tarchini Saavedra, y que Martínez Llanos tenía presos sin indagar durante meses.