La Justicia de Entre Ríos confirmó el procesamiento contra once acusados en una de las historias de violencia sexual contra menores más crueles de los últimos años.
La mamá, el tío, la tía, el novio del tío, el ex novio del tío, el abuelo, la abuela, la amiga de la tía, tres vecinas comerciantes y un tío más: todos complotados para abusar sexualmente de tres hermanos desde chiquitos hasta la adolescencia, individual y grupalmente, en aparentes rituales de un culto desconocido de pederastia y en prácticas de prostitución de las víctimas en el círculo de parientes y allegados. También se han mencionado a otras personas no identificadas hasta ahora, que serían tres camioneros o colectiveros, dos curanderas y un supuesto sacerdote.
Esta historia macabra de abuso sexual infantil se investiga en la Justicia de Entre Ríos, uno de los casos más perversos de los últimos tiempos, con once personas acusadas a quienes recientemente les fue confirmado el procesamiento por corrupción de menores y violaciones, dictado por el juez de Paraná, Gustavo Maldonado.
Se parte de la certeza tanto clínica como judicial, indiscutible, que los tres chicos (hoy una niña, una adolescente y otro joven) fueron víctimas de abuso sexual. Se discute quiénes los sometieron, si todos o algunos de los imputados, y si los hechos que describieron, tanto en declaraciones en cámara Gesell como a las psicólogas que los atendieron, guardan veracidad absoluta o pudieron ser inducidos a describir situaciones y a involucrar a personas inocentes. La causa irá a juicio posiblemente en 2020, donde se relatarán los episodios de violaciones y se expondrá el trasfondo de una historia familiar violenta.
La imputación de la fiscal Laura Cattáneo apunta contra la rama materna de la familia y un tío paterno, comisario retirado de alto rango en la Policía de Entre Ríos.
Cattáneo señala dos etapas: una, cuando los niños tenían desde cinco o seis años hasta los diez, aproximadamente, en la que eran “preparados” con prácticas de abuso principalmente de la madre; otra, desde la preadolescencia, en la que eran violados dentro y fuera del núcleo familiar, a veces entregados a terceros a cambio de dinero. La fiscal sostiene que los abusos al mayor de las víctimas comenzaron en una ciudad de la provincia de Buenos Aires donde vivía la familia por razones laborales del padre, entre 2006 y 2009. Luego del divorcio del matrimonio, en un departamento que la madre alquiló en Oro Verde, una pequeña localidad pegada al sur de Paraná y en la casa de los abuelos maternos en la capital de Entre Ríos.
En 2013, el padre (integrante de una fuerza federal) y el abuelo paterno de las víctimas denunciaron que sus hijos y nietos habrían sufrido un infierno. El hombre dijo que nunca sospechó nada de lo relatado por los chicos y que jamás vio algo que le llamara la atención, tanto en la conducta de ellos como en la de su ex esposa. Refirió que su hija le contó que guardó silencio porque vivía bajo amenazas de ser violada y asesinada. Se tomaron declaraciones de los chicos en cámara Gesell y se imputó a seis personas, el núcleo familiar materno.
Desde ese entonces, la causa no avanzó demasiado.
Mientras tanto, los hermanos comenzaban tratamientos psicológicos en los cuales relataron a sus respectivas psicólogas lo que habían sufrido. En esas sesiones mencionaron a otras personas que no habían sido nombradas en la denuncia inicial y describieron otras situaciones horrorosas. Así, las profesionales remitieron informes que se convirtieron en una denuncia del Ministerio Pupilar en 2016 y la imputación de más personas.
La madre, profesora de música, es acusada como la gestora de la corrupción de sus hijos. “Llevó a cabo diversas conductas que revistieron entidad suficiente para alterar el normal desarrollo sexual, tanto psíquico como fisiológico de sus hijos, despertando una temprana o prematura sexualidad y desviando el desarrollo de su futura libido”, sostiene la imputación.
Los hechos que se describen dificultan a cualquiera su lectura de corrido. Se refiere que la madre comenzó a abusar de su hijo cuando era niño; más tarde, ella mantenía relaciones sexuales con sus padres, su hermano, los novios de este, su hermana, en presencia del menor. Luego lo hacía participar de “fiestas o ritos, de aparente sentido religioso”, durante 2011, en el departamento de Oro Verde, también, viajes a Santa Fe y Rosario donde ella y su hermana se prostituían y obligaban al chico a tener relaciones sexuales con otras mujeres.
Por otra parte, está lo que la familia tiene para decir.
Algunos de los imputados fuero indagados: rechazaron haber participado de los abusos a los menores y de los rituales sexuales. Particularmente, apuntaron que el divorcio de los padres de las víctimas es el motivo por el cual se montó esta historia en Tribunales. Sostienen que el “odio irracional” del padre y el abuelo de los chicos hacia la madre los llevó a inducir sus declaraciones para incriminar a la mujer, a sus familiares y a cualquiera con quienes ella se relacionara, como una vecina o una almacenera.
En este sentido, señalan al abuelo paterno, un comisario ya fallecido, como el principal responsable de ejercer violencia hacia todos sus vínculos.
Los acusados también cuestionan la credibilidad que la fiscal y el juez le otorgaron a varias versiones por las víctimas, y que nunca se hayan encargado de constatar si podían haber sido ciertas. Por ejemplo, los supuestos “rituales” con 12 o 13 personas en un pequeño departamento, lindante a otros habitados por vecinos que nunca denunciaron haber visto o escuchado algo semejante. Al menos, nunca los citaron para preguntarles. También plantean que tampoco se han realizado pericias psicológicas y psiquiátricas a los principales implicados, víctimas ni acusados.
Además, se incorporó al expediente un video de la hermana mayor (que no es víctima en la causa, pero sí testigo que inicialmente expresó que sus hermanos eran abusados) donde dice estar amenazada por su padre y desvincula de los hechos al tío paterno.
Testimonios e informes: consistencia
El juez Maldonado sostuvo el procesamiento con la crudeza de las declaraciones detalladas de los chicos en cámara Gesell, y en los informes de las psicólogas que los entrevistaron, algo similar a lo que ocurrió en el expediente contra el futbolista Jonathan Fabbro, condenado a 14 años por violar a su ahijada, bajo la firma del juez Santiago Quian Zavalía. Por ejemplo, la licenciada que atendió a la adolescente dijo que ella “relató haber sido sometida y obligada a mantener relaciones incestuosas con el grupo familiar materno” y que comenzó a contar lo sucedido a partir que su hermano “decidió romper el silencio”. Además, remarcó que no se evidenciaron “signos de fabulación porque el relato no es lineal sino discontinuo, realiza la descripción de los episodios a medida que va rememorando”.
La psicóloga que atendió al joven desde que tenía 13 años dijo que le mencionó haber sufrido abusos sexuales “incontables veces desde que tiene recuerdos en la primera infancia”, y afirmó que su testimonio “es creíble fundamentalmente por el conocimiento detallado en relación a lo sexual, todos los datos aportados se pueden corroborar, el conocimiento de los detalles de los episodios que relata no es propio de un chico de su edad”.
Entonces, el juez destaca que se repite “en todos los casos la misma narración en su núcleo central” y que “seguramente como producto del desempeño profesional, pudieron ir reconstruyendo en el proceso terapéutico, las diversas y traumáticas facetas que tuvieron esos abusos, como así también la llegada de nuevos actores”.
Acerca del silencio durante todos esos años, Maldonado sostuvo: “En esta sucesión de adversidades y pesadumbres de la cual resultaba difícil salir, principalmente por el miedo inducido a través de amenazas y castigos corporales, y seguramente también por vergüenza, hubo un atisbo de escape a la distancia motivado por el sentimiento fraterno de amparar, defender y resguardar del mismo futuro a la hermana menor, creyendo que todavía no había sido iniciada en esas prácticas y experiencias aberrantes, lo que ciertamente en realidad ya estaba sucediendo”.
El Tribunal de Apelaciones de Paraná, integrado por Gustavo Pimentel, Gervasio Labriola y Alejandro Grippo, respaldó la postura del juez y la fiscal al confirmar el procesamiento. Grippo fue el juez instructor de la causa del escándalo de los abusos sexuales en el Seminario Arquidiocesano de Paraná a fines de los 80 y comienzos de los 90: sostuvo que los hechos no prescribieron y la investigación terminó con la condena de 25 años de prisión al sacerdote Justo José Ilarraz.
En el Departamento Paraná, con más de 350.000 habitantes, se denuncian más de 30 casos de abuso sexual por mes, según las estadísticas de la Unidad Fiscal especializada en este delito y violencia de género. Muchas llegan a juicio y a una condena, y en la mayoría se plantea la misma discordia: si la víctima miente o dice la verdad. En el caso que investiga este presunto clan de pederastia e incesto, hay defensores penales que consideran una “falsa premisa” sostener que los chicos no mienten.
Desde 2010, se implementa en Entre Ríos el Protocolo Interinstitucional de Actuación en Casos de Abuso Sexual Infantil, por el cual se postula el interés superior del niño o niña, se busca evitar revictimizarlos, promover redes de trabajo interdisciplinario y asegurar las garantías de víctimas y acusados. Así se ha avanzado en numerosas causas hacia sentencias condenatorias en los últimos años. En este caso, conocer la verdad y que existan consecuencias parece la única respuesta que hoy el Estado puede darle a esos chicos. Y es lo que también esperan algunos imputados que sostienen su inocencia.