De la capacitación participaron además fiscales de las distintas Circunscripciones, Unidad de Violencia de Género, Abuso y Violencia Institucional.
El Poder Judicial de Santiago del Estero junto a los Ministerios de Justicia de la Nación y de la provincia lanzaron hoy oficialmente el Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica, impulsado por los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia y de la Nación.
La ceremonia de presentación, que tuvo lugar en el Salón de Usos Múltiples del Palacio de Tribunales, fue presidida por el Dr. Eduardo Llugdar y la Dra. Ana Rosa Rodríguez, vicepresidentes primero y segundo, respectivamente, del Superior Tribunal de Justicia.
Integraron el estrado la ministra de Justicia y DD. HH de la Provincia, Dra Matilde O´ Mill, los Dres. Luis Alberto De la Rúa y Enrique Billaud, titulares de los Ministerios Público Fiscal y de la Defensa, respectivamente y la Abog. Mariel Viladrich, directora del Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica, del Ministerio de Justicia y DD. HH nacional.
En la ceremonia participaron magistrados, fiscales, defensores del Fuero Penal, funcionarios judiciales, miembros del Gabinete Provincial, de las fuerzas de seguridad e invitados especiales.
En el momento de hacer uso de la palabra, el Dr. Llugdar, agradeció en normbre del Poder Judicial, la presencia de la funcionaria nacional para participar de la jornada de capacitación
“Dentro de las políticas de Estado, desarrolladas por el gobierno provincial respecto de tratar de prevenir y sancionar las distintas modalidades de delitos, se buscar la manera de prevenir el colapso del Servicio Penitenciario Provincial, con las implicancias que ello representa”, señaló el magistrado.
“El uso de la tecnología aplicada a las medidas alternativas, es un gran apoyo para estas políticas y, en tal sentido, cuenta con herramientas de última generación”, agregó.
En ese orden, señaló que los modelos antiguos de respuesta judicial han quedado en la historia y el desafío actual es la prevención, establecida por mandatos constitucionales y normas internacionales de DD. HH.
Seguidamente, la Dra. Matilde O´Mill agradeció al Superior Tribunal de Justicia, la predisposición y el compromiso para abordar la problemática, así como la iniciativa para concretar el convenio entre Nación y Provincia, para obtener dispositivos electrónicos para la vigilancia de las personas privadas de la libertad.
“La premisa es avanzar en la implementación de la iniciativa, mediante el trabajo conjunto de todas las partes y el compromiso del Ministerio de Justicia de trabajar en ese sentido”, remarcó la ministra.
A continuación, se llevó a cabo la jornada de trabajo, que consistió en una exposición de la funcionario nacional y el intercambio de dudas e inquietudes de los magistrados del Fuero Penal presentes.
Objetivo institucional
A su turno, Viladrich explicó que con estos dispositivos se busca mejorar la vida de las personas que cumplen con la medida de privación de libertad, bajo vigilancia electrónica, impuesta por los jueces y trabajar en pos de la reinserción social y dar solución al problema de la sobrepoblación carcelaria.
Por otra parte, refirió que el programa fue pensado para fomentar las medidas alternativas al encarcelamiento, considerando que la prisión no es la única manera de tratar el conflicto con la ley penal.
Desde la creación del programa hubo un crecimiento considerable de casos que han sido considerados por la Justicia para aplicar medidas alternativas al encarcelamiento con vigilancia electrónica al igual que en otros países del mundo, reseñó.
En tanto, detalló que se trata de una tecnología que, de la mano de un acompañamiento psicosocial, permite trabajar no sólo en la seguridad y supervisión de una prisión domiciliaria u otras modalidades de ejecución de la pena, sino también pos de la reinserción social del reo.
Asimismo, busca mitigar el impacto negativo del encierro, mejorar las condiciones de vida de quienes cumplen las medidas alternativas y la realización del abordaje integral que presenta la población privada de la libertad desde una perspectiva de género y DD. HH.
Además, sostuvo que es muy importante el abordaje de la problemática de las mujeres que se encuentran privadas de la libertad. Se la aborda en forma particular, porque necesitan un tratamiento integral entre distintos organismos del Estado y el Poder Judicial, para trabajar en el proceso de reinserción social.
Finalmente se refirió al marco legal y en tal sentido indicó que se trabaja conforme lo establecido en el art. 10 del Código Penal, que contempla el supuesto de prisión domicilaria, con las leyes de ejecución de la pena y con resoluciones del Ministerio de Justicia y DD. HH de la Nación.
Funcionamiento del dispositivo
En otro tramo de su alocución, la funcionaria especificó el trámite de solicitud del dispositivo de vigilancia electrónica, realizada por autoridad judicial competente. Si resulta viable el pedido, se procede a la colocación del mismo, junto con el traslado de la persona, si estuviese alojada en una unidad penitenciaria.
A partir de allí, la supervisión de la medida se concreta a través del dispositivo de vigilancia electrónica. Para ello es esencial la articulación del juez o fiscal solicitante con el Ministerio Público de la Defensa, es decir, todos los actores que tienen interés en la aplicación de la medida.
Finalmente se refirió a la importancia del informe técnico de viabilidad.En tal sentido, explicó que consiste en un informe socioambiental que recaba información de la interacción del sujeto con el grupo conviviente, asistencia social y comunitaria, condiciones habitacional del domicilio, salud de la persona y su familia y la situación socio económica.