El encuentro se llevará a cabo a fines de abril y reunirá a funcionarios, el sector privado y centrales obreras.
El Gobierno nacional en un claro intento de poder llevar tranquilidad dentro de la economía familiar convocará en la última semana de abril al Consejo del Salario Mínimo para definir un nuevo piso de ingresos para trabajadores formales, en la actualidad el mismo es de 21.600 pesos, con impacto de igual porcentaje en el valor de los planes sociales. Lo más novedoso es que por primera vez la discusión entre empresarios y sindicalistas se concretará un semestre después del último acuerdo y no al cabo de los doce meses de vigencia habitual. La variable cronológica será clave también en el debate de este mes y podrá allanarle el camino a la administración de Alberto Fernández para convalidar la pauta del 32% de aumento que promocionó para la ronda de paritarias.
La segunda reunión del consejo en lo que va de la gestión del Frente de Todos se llevará a cabo con la premisa que fijó el Ejecutivo para el acuerdo de precios y salarios: los ingresos de los trabajadores este año deberán negociarse bajo la garantía de ganarle a la inflación a partir del 29% pautado en el Presupuesto 2021. Así quedó plasmado en los primeros acuerdos paritarios tras esa determinación como los de la Asociación Bancaria (29% con dos revisiones), encargados de edificios, Luz y Fuerza y trabajadores del gas (todos en la línea del 32%) y docentes (34,6%).
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Los últimos índices que arrojó INDEC corroboró los pronósticos que se venían realizando desde la Rosada y la repercusión fue fuerte no solo desde lo social sino en el arco político opositor.
Esto también tuvo su impacto dentro del proceso que realiza el ministro de Economía Martín Guzmán en su tarea de llegar a un acuerdo con el FMI.
Se prevé que la principal central obrera llevará una propuesta de aumento más cercana al 40% contemplativa de la pauta del 32% más el valor diferencial entre el acuerdo del año pasado y la inflación acumulada en 2020, que fue 36,1%.
El Consejo del Salario reunirá al Gobierno con la CGT, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma (la única que el año pasado votó en contra) y empresarios de la industria (UIA), el comercio, el agro, los bancos y la Bolsa. Aunque el alcance inmediato del resultado es limitado a unos 300 mil trabajadores bajo relación de dependencia que no están regidos por convenios colectivos sino en forma directa por la ley de Contrato de Trabajo, la suba pactada también incide de manera directa sobre el valor de los planes sociales, que de momento está fijado en la mitad del sueldo mínimo.