“Es un retroceso” | El proyecto que envió Javier Milei al Congreso propone modificar la ley de los 1000 días. En vez de “personas gestantes” utiliza el término “madres”. Tampoco habla de niñas, sino solo de “niños por nacer”. También limita la Ley Micaela y pone en riesgo la del aborto legal.
29/12/2023 Javier Milei envió al Congreso de la Nación Argentina el proyecto de la Ley Ómnibus, que entre las 351 páginas del documento propone una modificación significativa al artículo primero de la Ley de mil días, sancionada en diciembre de 2020. Entre las reformas, el Gobierno busca
eliminar el lenguaje inclusivo, dejar de usar el término “violencia de género” y suspender la obligatoriedad de la Ley Micaela en los tres poderes del Estado. También pone el riesgo la ley del aborto legal.
Oficialmente, la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia (27611), fue convertida en ley por unanimidad la madrugada del 30 de diciembre de 2020, junto con el proyecto de Interrupción legal del embarazo (IVE), es decir, del aborto legal.
Entre sus principales puntos, se destaca la asignación por Cuidado de Salud Integral, la extensión de la Asignación Universal por Embarazo, y la provisión pública y gratuita de insumos esenciales durante el embarazo y la primera infancia, asistencia ante trombofilia, entre otras medidas.
Además, tiene como objetivo afianzar el “derecho a la protección en situaciones específicas de vulnerabilidad” para diversas situaciones, incluyendo “niñas y niños con necesidad de cuidados especiales en sus primeros años”, “personas que cursen embarazos de alto riesgo,” y otros casos relacionados.
Sin embargo, la propuesta de modificación presentada por el Poder Ejecutivo, enmarcada en el capítulo I, “Niñez y Familia”, se refiere exclusivamente a “niños”, generalizando los géneros. Incluye también a los “hijos por nacer” y aplica el término “vida desde la concepción”, que fue desplazado cuando se aprobó la IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo).
También usa el término “madres” en lugar de abordar de manera inclusiva a “mujeres embarazadas y personas gestantes”, como lo hace la ley actual, ya que hay hombres trans que también pueden gestar y que, con estas modificaciones en el lenguaje, muchas personas que se identifican con otros géneros o son no binarias quedarán excluidas de la ley.
Expresamente, lo que dice la reforma es: “La presente ley tiene por objeto fortalecer el cuidado integral de la salud de las madres en situación de vulnerabilidad y de los niños desde el momento de su concepción hasta los tres años; con el fin de reducir la morbimortalidad materno e infantil, la malnutrición y desnutrición, la protección y estimulación de los vínculos tempranos, y el desarrollo físico y emocional”. Y agrega que la intervención del Estado se hará desde el Ministerio de Capital Humano.
Desde las organizaciones feministas rechazaron profundamente la reforma que propone el Gobierno desde la Ley Ómnibus y aseguraron que implica un retroceso en materia de derechos. “Es preocupante”, sostuvo María Julia Constant, integrante de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, con sede en La Plata.
“En primer lugar, la reforma del artículo 1 de la ley 27.611 habla de que se consideran niños desde el momento de la concepción hasta los 3 años. Esto está en total contraposición y contradicción con el derecho al aborto voluntario, que es hasta la semana 14 inclusive. Realmente es muy preocupante”, expresó.
“Después habla de la derogación de la producción pública de medicamentos, esto también es perjudicial para la producción de misoprostol y mefepristona para todo el país. Con esto claramente no habría insumos, entonces lo que hace es cercar y obstaculizar cada vez más la ley voluntaria del embarazo”, agregó.
“Nosotros seguimos en campaña, seguimos en la calle, llamando a la marea verde. Este viernes haremos una actividad acá en La Plata a las 18 horas, en Plaza Moreno, y a las 17 en Plaza Congreso en CABA”, contó Constant sobre la movilización que tienen prevista para esta tarde junto con otras organizaciones feministas.
Gabriela Sosa, referente a nivel nacional de Mumalá, también cuestionó la reforma que quiere implementar Milei. “Las iniciativas, tanto en la Ley Ómnibus como el DNU, afectan al conjunto de la sociedad. Ya sabemos que las mujeres y disidencias partimos de una base de desigualdad económica, educativa, cultural, por razones de género, claramente vamos a ser más afectadas”.
“Es importante aclarar que los gobiernos de derecha y conservadores niegan las desigualdades por razones de género, es decir, niegan la existencia de la violencia machista, niegan el derecho a las identidades diversas y disidentes”, opinó.
“Nos está gobernando una fórmula presidencial y una integración de gabinete negacionista de los derechos de las mujeres y diversidades sexuales, derechos que están en nuestra Constitución, en la legislación nacional, en el compendio de legislaciones a nivel internacional que la Argentina ha ido adhiriendo. Esa es la base donde las mujeres y las diversidades sexuales transitamos nuestra cotidianeidad desde el 10 de diciembre. Por supuesto, sin negar que los gobiernos anteriores también habían tenido limitaciones en el abordaje de las desigualdades de género”, añadió.
Por otro lado, aseguró que “esta legislación también plantea reformas a nivel político, donde no se estarían garantizando la ley de paridad, la legislación vinculada a la salud de las mujeres y al cuidado de niños y niñas”.
Respecto a la Ley de los mil días, sostuvo: “Es un retroceso al avance que habíamos tenido, ya que se considera un niño a partir de la concepción. Van de manera directa a atacar la autonomía de las mujeres y en otros casos, afectando el conjunto de la sociedad. Al estar nosotras en un lugar de desigualdad, claramente nos va a impactar en mayor medida”.
Sobre el peligro que corre la ley del aborto con la reforma, Sosa expresó: “La modificación de la Ley de los mil días pone en jaque a la ley de la IVE porque afecta la intervención del Estado en las complicaciones post-aborto, solo ayuda a quienes decidan dar a luz. Para nosotras es fundamental visibilizar cada uno de los derechos conquistados, generar espacios de articulación, de unidad, para estar planificando estrategias que nos permitan resistir los avances de este gobierno negacionista de los derechos de las mujeres y las identidades sexuales”.
Respecto a la eliminación del lenguaje inclusivo, explicó que “implica poner un límite concreto a una persona que se identifica como en una identidad sexual diversa o disidente que pueda necesitar un aborto o asistencia al parir. Seguramente va a generar algún tipo de obstáculo para acceder a ese derecho”.
“Se cumplen tres años de esta ley que conquistamos desde las calles, que nos permiten autonomía para decidir sobre nuestro cuerpo, que nos permiten el cuidado de la salud, que nos permiten poder evaluar y planificar cuándo y cuántos hijes, hijas e hijos queremos tener, que también permite un avance en términos de justicia social, es decir, no ser arrojadas a la clandestinidad o al riesgo de la vida por no contar con recursos económicos para intervenciones que son además muy eficientes y que no generan grandes complicaciones en el caso de ser atendidas por el sistema de salud”, añadió.
“Estamos en pie de lucha, tenemos que seguir insistiendo con la aplicación de educación sexual integral, con la aplicación de la interrupción voluntaria del embarazo”, cerró Sosa.
Qué dice la Ley Ómnibus sobre la Ley Micaela
El Gobierno plantea en el proyecto ya presentado sustituir el artículo 1 de la Ley de los mil días, en el cual se designaba a todas aquellas personas “que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación” para establecer la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres.
En este sentido, buscan que la implementación de la Ley Micaela recaiga solo “en las personas que se desempeñen en la función pública, en los organismos competentes en la materia” o sea en la flamante Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, que todavía no tiene un responsable designado, pero depende directamente del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.
Además, buscan eliminar el concepto de “violencia de género” para usar en su lugar el término “violencia familiar y contra las mujeres”.
“La Ley Micaela se consiguió también con mucha lucha a partir del femicidio de Micaela García, y establece la obligatoriedad de la capacitación en género en todos los estamentos del Estado. Que lo saquen es gravísimo, cuando sigue habiendo violencia, cuando sigue habiendo femicidios, cuando no bajan los números, cuando hay un gran porcentaje de víctimas”, aseguró Constant.
“Esto tiene que ver con una política fascista, dictatorial de este gobierno, que se veía venir porque previamente había tenido declaraciones en contra del derecho al aborto, diciendo que era una ley que no se había discutido bien”, agregó.
Es que figuras destacadas del partido La Libertad Avanza, actualmente en el Gobierno, ya habían expresado su oposición a esta ley durante la campaña, incluida la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien afirmó que es “pro vida”.
“Realmente fue una de las leyes que más se discutió, con 700 exposiciones y con un acompañamiento masivo en la calle, con una vigilia histórica en nuestro país. Esperemos que los diputados y senadores estén a la altura de esto, pero lo más importante es salir a la calle. Esto va a tratar de revertir todo lo que quieren implementar”, cerró.
Gabriela Sosa también cuestionó la reforma que quiere implementar Milei sobre la Ley Micaela y recordó que “surgió a partir del femicidio de Micaela García para poner límites al Estado a la hora de prevenir, asistir, atender y sancionar a los responsables”.
“Es importante la capacitación del personal del Estado, del equipo de funcionarios y funcionarias del Estado justamente para entender la dinámica de la violencia de género y no revictimizar a las familias, a las víctimas de violencia machista. Si se suspende la aplicación de la Ley Micaela seguramente va a ser necesario luchar para que eso no suceda, para que no se derogue”, cerró.