La jueza Capuchetti convocó como imputados a un ex funcionario del Ministerio de Salud de la Nación y a dos médicas del Hospital Posadas. Se anticipa que posteriormente se solicite la comparecencia del ex ministro, quien figura como imputado en el caso.
La causa judicial por el vacunatorio vip, donde se investiga la aplicación de vacunas contra el coronavirus para personas que en esa etapa sanitaria no debían recibirlas y en la que también está imputado el ex ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, tendrá nuevas indagatorias el mes que viene cuando se reactive la actividad judicial tras la feria de enero. La jueza federal María Eugenia Capuchetti citó a declarar como acusados a un ex funcionario del Ministerio de Salud de la Nación y a dos médicas del Hospital Posadas.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que se trata de Alejandro Salvador Costa, entonces subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud; María Elena Borda, ex jefa de Servicio de Medicina Preventiva del Posadas; y Graciela Torales, ex jefa de Coordinación de atención a Pacientes de ese hospital. Las tres indagatorias se realizarán a lo largo de febrero de manera presencial en los tribunales de Comodoro Py.
En la causa ya fueron indagados Alberto Maceira, ex director del Hospital Posadas, y Marcelo Ariel Guille, secretario privado de González García. La expectativa es que cuando finalicen las indagatorias de febrero el ex ministro de Salud sea citado a declarar.
En rigor, González García ya fue citado pero su indagatoria se fue postergando. Su defensa pidió en la causa que la declaración quede suspendida por un tratamiento médico que el ex funcionario afronta y que le impide declarar. La jueza Capuchetti ordenó que el Cuerpo Médico Forense examine al ex ministro para que determine si puede declarar. Los peritos concluyeron que puede hacerlo y se estima que la indagatoria será de manera virtual.
La causa se inició en febrero del 2021 cuando el periodista Horacio Verbitsky contó en un programa de radio cómo había ido a vacunarse al ministerio de Salud después de un llamado de González García. Primero como testigo, Maceira contó que “recibió instrucciones de los funcionarios de Salud para atender a algunos recomendados en el vacunatorio del Hospital Posadas”. Y relató que él mismo participó de la vacunación de Verbitsky, del diputado nacional Eduardo Valdés y de ministro Jorge Taiana, entre otros, en el Ministerio de Salud.
En el momento que fueron vacunados el cronograma oficial establecía que solo podían recibir la dosis el personal de salud y el estratégico. Cuando el caso se hizo público el entonces presidente Alberto Fernández echó a González García.
La jueza Capuchetti primero hizo un archivo parcial de la causa porque entendió que las autoridades sanitarias establecieron un plan para vacunar contra el coronavirus que permitía una simultaneidad en la inoculación para los grupos prioritarios.
Pero ante la apelación del Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), la Cámara Federal revocó esa decisión y ordenó que se siga investigando. “Será necesario indagar qué personas fueron vacunadas según los estándares impuestos por el Plan de Vacunación y quiénes se adelantaron por algún beneficio que les fue singular”, dijo el tribunal que calificó a la vacuna contra el coronavirus como “un bien escaso”.
Así, en mayo del año pasado Rodríguez y el fiscal federal Eduardo Taiano pidieron la indagatoria de González García y de otros acusados. Fue por los delitos de abuso de autoridad y peculado de bienes. “La sustracción se produjo cuando las vacunas dejaron de estar disponibles en el Hospital Posadas para cumplir con el objetivo estatal dispuesto para esas dosis, que comprendía únicamente la inoculación del ´Personal de Salud´ y eventualmente del Personal estratégico”, señalaron los fiscales.
La acusación de los fiscales es por tres hechos. El retiro de 10 dosis del Hospital Posadas para vacunar a personas que no estaban habilitadas por la legislación vigente; otras cinco dosis de la Sputnik V y su traslado al domicilio del ex presidente Eduardo Duhalde, donde se vacunó su familia y su secretario, Carlos Mao; y la orden de aplicar de forma irregular al menos 35 vacunas.
Las 10 dosis del primer hecho fueron retiradas del Posadas, trasladadas al Ministerio de Salud y aplicadas a Verbitsky, Valdés, Taiana, Seza Manukian, Lourdes Noya Aldrey, Matilde Noya Aldrey, Dolores Noya Aldrey, Felix Eulogio Guille, Florencio Aldrey y Salomón Schachter. “Las dosis asignadas al Hospital Posadas no se encontraban destinadas a inocular a otras personas que no integrasen -de manera real y bajo acreditación expresa- otra categoría que no fuera “Personal de Salud y/o Estratégico”, explicaron los fiscales que sobre los casos de Taiana y Valdés consideraron que no estaban comprendidos en la categoría de personal estratégico: “La mera invocación del cargo no era suficiente para integrar el segmento de prioridad”.
El primero en ser indagado fue Guille que se negó a contestar preguntas y se remitió a un escrito que había presentado en 2021. En el escrito, Guille había relatado sus funciones, negó irregularidades en el proceso de vacunación y no involucró a González García, Según la acusación era quien llamaba a las personas que vacunarse.
Luego fue el turno de Maceira. También se negó a contestar preguntas y se remitió a la declaración que dio como testigo en el comienzo de la investigación cuando dijo que recibió instrucciones de funcionarios del Ministerio de Salud para vacunar a “recomendados”.
Después de la indagatoria de Maceira seguía la de González García que se postergó por su situación de salud. Ahora se fijaron tres nuevas declaraciones para febrero con la expectativa que después se vuelva a convocar a indagatoria al ex ministro.