La entidad internacional pidió que se revise el protocolo que puso en práctica por primera vez la ministra de Seguridad el pasado 20 de diciembre.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) volvió a expresar su preocupación por el protocolo antipiquete presentado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En un descargo, le comunicaron que el mismo es ilegal y pidieron al Gobierno que lo revisen. El documento lleva las firmas de Clement Nyaletsossi Voule, relator sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Irene Khan, relatora sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión y Mary Lawlor, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos. Desde el organismo sostuvieron que las disposiciones no revisten la compatibilidad con los estándares internacionales y le aconsejaron a la ministra que "no imponga restricciones indebidas al derecho a la libertad de reunión pacífica”. En el documento, se mencionaron todos los artículos del protocolo antipiquete que se lleva a cabo cada vez que hay manifestaciones en la vía pública. El mismo, se puso en práctica por primera vez el pasado 20 de diciembre. Según indican quienes firmaron el texto, "el derecho a la reunión pacífica, junto con otros derechos conexos, constituye el fundamento mínimo de un sistema de gobierno participativo basado en la democracia, los derechos humanos, el respeto de la ley y el pluralismo". En el texto hicieron referencia a la función de las fuerzas de seguridad y a la presencia de manifestantes extranjeros. En el primer caso, sostuvieron que "la obligación de los agentes encargados de hacer cumplir la ley en una reunión no consiste primariamente en controlarla o restablecer el orden". En esa misma línea, destacaron que "su obligación inicial y principal es facilitar la protesta pacífica y el ejercicio de los derechos que en ella confluyen". En tanto, sobre los manifestantes extranjeros expresaron que todos tienen el derecho a reunirse pacíficamente "tanto los ciudadanos como los no ciudadanos". "Los ciudadanos extranjeros, los migrantes (documentados o indocumentados), los solicitantes de asilo, los refugiados y los apátridas", agregaron.