La Comisión Nacional de Justicia y Paz ha tenido históricamente actuación frente a diversas crisis sociales e institucionales que vivió el país y sus pronunciamientos expresan el pensamiento predominante entre los obispos.
Un preocupante diagnóstico económico y social, con la pérdida de 60.000 puestos de trabajo en el rubro de la construcción, unas 1400 empresas del sector afectadas por la paralización de la obra pública, una caída del 28,5% en las ventas de los comercios minoristas en enero, la persistente inflación, un ajuste del 38,1% en las jubilaciones y caídas del poder adquisitivo y los salarios, en un contexto de creciente pobreza, trazó la Comisión Nacional de Justicia y Paz, un organismo del Episcopado. Advirtió, además, sobre la existencia de “un clima de altísima fractura social”.
En momentos en que el gobierno de Javier Milei cumple 100 días de gestión, el organismo de la Iglesia advirtió sobre el crecimiento de la demanda en alimentos en los comedores comunitarios y expresó su preocupación por la calidad institucional que rodea a las medidas adoptadas por el Gobierno, como el decreto de necesidad y urgencia 70/2023, que se encuentra vigente, con modificaciones en más de 70 áreas, “reguladas por leyes dictadas por el Congreso y la Constitución”.
La Comisión Nacional de Justicia y Paz ha tenido históricamente actuación frente a diversas crisis sociales e institucionales que vivió el país y sus pronunciamientos expresan el pensamiento predominante entre los obispos.
En medio de tantos indicadores negativos, advirtió en esta declaración que en el escenario social se refleja “un apoyo a la actual gestión por parte de sectores de bajos ingresos o incluso los afectados en forma directa por la inflación y recesión, además de los expresos apoyos de sectores de mayores recursos, encabezados por las cámaras de las grandes empresas, mientras se advierte un clima de altísima fractura social, la polarización con reiteradas expresiones de alegría en las redes sociales frente a dramáticas situaciones de despidos, con una agresividad social que encuentra en los dispositivos móviles y ordenadores un espacio de ampliación sin igual”.
“Insensibilidad social”
Integrada por laicos designados por el Episcopado, la comisión señaló que “aparece un enorme grado de insensibilidad social por parte de las autoridades en las medidas de ajuste, aunque más gravemente preocupa la cultura del odio y del individualismo extremo generado”.
“El cuadro de destrucción de puestos de trabajo y beneficios congelados y de difícil acceso genera un clima de tensión con los movimientos populares y con los gremios por las olas de despidos, tanto en el sector público como privado. Mientras los beneficios fiscales a favor de las grandes empresas siguen sin tocarse, se exhibe la disminución del déficit mediante el ajuste a trabajadores y los jubilados”, prosiguió la declaración.
La entidad basa su severo diagnóstico en informes que recibe a diario de diversos sectores del quehacer económico, político y social, que “dan cuenta de la multiplicación de situaciones que afectan la subsistencia de miles de personas de todas las edades y condiciones”.
“La pérdida de puestos de trabajo es un dato doloroso. Las cámaras empresariales de la construcción declararon el estado de emergencia en todo el país, advirtiendo sobre el futuro inmediato de 1400 empresas y 200.000 empleos, debido a la paralización de la obra pública por el gobierno nacional y a la contracción de la actividad económica general. A la fecha, ya se han perdido en el sector unos 60.000 puestos de trabajo directos”, enumeró.
“En el comercio –añadió–, las ventas minoristas pyme cayeron 28,5% anual en enero, registrando la mayor retracción en farmacias (-45,8%), seguida por alimentos y bebidas (-37,1%). El índice de producción industrial pyme registró en enero una caída en promedio de 30% interanual. El sector automotor se paralizó, con suspensiones totales de plantas automotrices, como la VW de Pacheco y más de 20.000 despidos en pymes autopartistas”.
“Por su parte –continuó–, la agricultura familiar se ve en la actualidad desfinanciada, en estado de alerta y abandono por parte de los organismos públicos, que han retirado los medios de transporte para recorrer las zonas de producción, anuncian el despido del personal que asiste en la producción agrícola y ganadera a cientos de familias en todo el país y el cierre de sus dependencias”.
La comisión del Episcopado añadió que “la persistente inflación y los incrementos de precios y tarifas han creado una combinación devastadora para la vida cotidiana de los argentinos. El salario real promedio registrado perdió el 21,3% de su capacidad de compra entre noviembre 2023 y enero de este año, continuando su caída hasta el presente. Si bien ya había una situación inflacionaria, la devaluación del 100% de diciembre implicó un aumento significativo en los precios, con una recesión también extraordinaria por su velocidad y profundidad”.
El comunicado de Justicia y Paz advirtió “con preocupación y sensibilidad” la persistente caída de los salarios del sector público (25%) y privado (19,3%.- “Pero más aún nos preocupa que el shock de ajuste haya recaído sobre la cuenta de jubilaciones y pensiones contributivas (a valores reales: -38,1% interanual), que por su magnitud explica un tercio del recorte, registrándose una gravísima disminución de los ingresos de jubilaciones y de prestaciones de salud y de discapacidad”, señaló. Y advirtió que la situación en los comedores populares “es apremiante por el aumento de personas que concurren y la falta de provisión de alimentos”.
La comisión reiteró que “es urgente devolver a la política su carácter de una de las “formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común”, al citar palabras del papa Francisco en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Y afirmó: “La acción política debe promover el cuidado de la vida, la dignidad humana, el trabajo digno para todas las personas y la eliminación del hambre y la exclusión. No hay verdadera libertad sin fraternidad, justicia social y paz”.