La extensión del período de prueba, la modificación de indemnizaciones por despido y la reducción de multas son algunos de los consensos de la reforma laboral.
“Modernización” es la definición por la que distintos proyectos de reforma laboral confluyeron desde bloques no oficialistas y entrarán en discusión este mes. Sin certezas sobre el tratamiento del DNU en Diputados, el principal apartado derogado del decreto por un fallo judicial encontrará cauce en un proyecto de ley que, si bien aún no fue consensuado en el Congreso, es sólo cuestión de tiempo para que obtenga mayoría en ambas cámaras. “Si se incluye o no dentro de la Ley Bases lo definirá el gobierno”, aseguran desde el PRO, que presentó una propuesta que replica parte del decreto presidencial e intentará consensuar -en la recientemente conformada Comisión de Legislación del Trabajo- la mayor parte de ese documento con los bloques opositores pero con vocación de acuerdo. La situación en que ingresan distintos proyectos no sólo tiene que ver con la iniciativa transformadora del Gobierno libertario y el impulso de las cámaras empresariales, sino también con lo que interpretan como una necesidad impostergable: para el tercer trimestre del 2023, el INDEC registró 5,4% de desocupación, la tasa más baja desde 1985; sin embargo, esa reducción vino aparejada del deterioro del poder adquisitivo de los salarios y la informalidad creciente en la empleabilidad del sector de la población de menores recursos. “La formalización laboral es una de las grandes asignaturas pendientes que tenemos. La mitad de la población productiva está en una modalidad informal, llámese cooperativa de trabajo, monotributo, empleo en negro o nuevas modalidades laborales que no contemplan la seguridad social. Es necesaria una discusión de fondo, porque parte del problema son estos sobrecostos laborales”: declara Agustín Domingo, diputado del bloque Innovación Federal y exministro de Economía de Río Negro. Sin embargo, su postura se replica en varios espacios que terminarán por aislar -o bien, empujar al acompañamiento parcial- de Unión por la Patria. El consenso entre los parlamentarios para una reforma disolvió incluso el proceso de disidencias existentes dentro del radicalismo. El senador pampeano Daniel Kroneberger, uno de los que rubrica el proyecto del bloque de la UCR, lo expresa para este medio: “Esta reforma va a generar un salto cualitativo en relación a las situaciones precarias que tanto daño generan y que producen inestabilidad. Hay que lograr que el sector privado perciba un equilibrio que permita generar empleo y nuevas contrataciones. Argentina necesita una herramienta que corrija las distorsiones y que contemple a ambas partes, para potenciar al sector privado, modernizar la legislación laboral y beneficiar a los trabajadores”. En contraposición, aparece el sector más confrontativo de la oposición, que ve con preocupación como la transformación del régimen de trabajo se introduce en medio de un proceso de despidos masivos en la planta laboral del Estado y vertiginosa caída del salario real promedio. “Creemos que todos los proyectos de reforma laboral tienen en común un fuerte contenido antisindical, aunque también es cierto que varían en su graduación”, reconoce para Ámbito un diputado de Unión por la Patria con trayectoria sindical, que califica al proyecto del PRO como “el más agresivo”: “Buscan optimizar las condiciones para la indefensión de los trabajadores, atacando principalmente lo que ellos suponen que es el obstáculo que se interpone en su búsqueda de precarización laboral y de mano de obra barata, que son los sindicatos”.