Siete menores han sido asesinados por sus padres en los primeros cuatro meses de este año, lo que eleva a 57 el número de niños y niñas que han perdido la vida desde que en 2013 se inició el recuento por entender que era una forma de violencia machista.
Editorial diario El País
Se acuñó entonces el término de violencia vicaria para definir el daño que un hombre violento ejerce sobre una mujer a través de otras personas, sobre todo los hijos, para causarle el mayor dolor posible. Eso incluye, muchas veces, dejar viva a la mujer para que el sufrimiento le dure toda la vida. En otros casos, después de asesinar a los hijos, la mata también a ella.
También los episodios en los que el asesinato de la madre y los niños forma parte de un plan del hombre para acabar con todo lo que forma parte de su vida, incluido él mismo, son crímenes machistas, pues implican un grado de posesión que no concibe que puedan o deban sobrevivir sin él.
Estamos ante la mayor concentración de casos desde que se hace el recuento y el hecho de que cinco de los siete infanticidios se hayan producido en Cataluña podría sugerir algún tipo de efecto de imitación. Habrá que analizar con mayor detalle esta posibilidad, pero es frecuente en fenómenos que tienen un fuerte componente emocional. Las noticias sobre un asesinato machista no son interpretadas igual por un maltratador que por el resto de la población.
Habrá que analizar también si se está produciendo algún tipo de cambio en el comportamiento de los maltratadores que los lleve a tener reacciones más destructivas destinadas a amplificar la violencia; de qué forma el discurso neomachista está haciendo mella en personas jóvenes que no han sido educadas en la aceptación de límites y que no toleran la frustración.
La violencia vicaria está recogida desde 2015 en la Ley Integral contra la Violencia de Género y en el pacto de Estado de 2017. Además, la ley de protección a la infancia faculta a los jueces para suspender la patria potestad o el régimen de visitas si detectan riesgo para los menores. Pero como en tantos otros asuntos, tener un marco jurídico no es suficiente para evitar el daño. Lo que hay que determinar ahora es si todos los mecanismos previstos funcionan y cuáles son las carencias que hay que subsanar.
En cinco de los siete asesinatos no había denuncia previa. Desde hace dos años, los protocolos de las comisarías incluyen indagar sobre el riesgo que corren los niños. Pero si la bolsa oculta de la violencia machista se estima en un 80%, la protección de los menores es mucho más difícil. Por eso hay que reforzar las campañas y protocolos de vigilancia en el sistema educativo y sanitario, y acelerar el despliegue de las unidades especializadas en investigación y prevención previstas en la ley.
Un punto de vulnerabilidad son los convenios de mutuo acuerdo que los padres firman sobre el régimen de visitas de los hijos. Sería deseable una mayor coordinación y una unificación de criterios entre los juzgados de familia y los de lo penal si media una situación de maltrato. La concentración de casos de los últimos meses obliga a actuar con celeridad.