La marcha de los universitarios será la señal de largada o de revisión para la seguidilla de protestas que anunció la CGT: todo un test sobre el humor social.
Por Claudio Jacquelin
Para La Nación
Casi todos quieren que se haga, pero no logran concretarlo. El Gobierno la necesita y la oposición cooperativa se la quiere sacar de encima por convicción o conveniencia. Pero como en una trabada operación inmobiliaria, las partes terminan discutiendo no por el precio del departamento sino por los aires acondicionados usados. Es lo ocurre con la ya gastada “Ley de bases”, que aún no logró salir del estado de proyecto, aunque casi no falta nada para que se apruebe. Al menos en la Cámara de Diputados.
Mientras el tiempo corre, no dejan de aparecer nuevas complicaciones y ruidos. Es lo que ocurrió ayer, a partir del aumento de la dieta de los senadores, que la oposición votó tras un acuerdo mayoritario previo de casi todos los bloques y aparentemente validó o, al menos, no logró evitar que se tratara, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel.
Las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Congreso vuelven a tensarse en el momento que más distensión se requiere. Y no es un dato menor que en la Cámara alta se encuentra una de las barreras más elevadas para las iniciativas del Gobierno, a pesar de las recurrentes y avanzadas conversaciones con los gobernadores, con promesas incluidas. Los senadores representan a las provincias, pero no necesariamente actúan luego tal cual lo que prometen los mandatarios provinciales. Poderes en pugna.
Frente a la noticia del incremento, el presidente Javier Milei reaccionó como podía esperarse. No dejó pasar la oportunidad de fogonear el malestar social que suelen provocar los aumentos a los legisladores o funcionarios. Milei fortalece su capital simbólico mientras se demoran soluciones y el ajuste, la caída del poder adquisitivo y la recesión golpean fuertemente a la mayoría de la sociedad. “La casta política” sigue siendo, a pesar de ella misma, la mejor aliada presidencial. Al menos, por ahora, después de cuatro meses de gobierno.
“Así se mueve la casta... Los únicos siete que votaron en contra son los senadores de La Libertad Avanza... El 2025 será paliza histórica”, publicó el Presidente apenas votado el aumento en la red de su admirado Elon Musk.
Tan rápida fue su reacción que después tuvo que enmendarse y aclarar que hubo otros senadores que no apoyaron la medida. Más elocuente imposible. Sin importar que el día anterior hubiera ascendido y, consecuentemente, subido el sueldo de su vocero. Tampoco pareció preocuparle que sus principales iniciativas deben lograr la aprobación de ese cuerpo. No solo la “Ley de bases”, sino también la reforma fiscal y el cuestionado pliego del juez Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema.
El efecto de la votación del aumento que se dieron los senadores impactó, sin embargo, más allá del campo opositor. En el oficialismo volvieron a instalarse suspicacias en la relación entre el Presidente y su vicepresidenta, aunque Milei procuró desactivarlas al repostear una publicación de Villarruel, que respondía al bullying en las redes recibido desde las cuentas de usuarios (y trolls) de su propio espacio, muchas de las cuales suelen tener el respaldo presidencial.
“Claro que hay limitaciones. Esto es una democracia. Si quieren que me comporte como una dictadora no lo voy a hacer. Las reglas son estas y todos los bloques estuvieron de acuerdo”, escribió Villarruel en X. Antes había se había referido a las acusaciones de mileístas furiosos al afirmar: “Lo que sucedió en el Senado es perfectamente legal y no tengo herramienta alguna para frenarlo”. Fin, diría el ascendido Manuel Adorni.
En la otra ala del Congreso, mientras, todos están a la expectativa y predomina un clima favorable a la aprobación de la ahora reducida “Ley de bases”. Casi como un reclamo, más que como una descripción, una diputada de Pro exponía días pasados el estado de situación que se vive en la Cámara baja: “Queremos que el proyecto se apruebe y poder dar vuelta la página de una vez. Estamos para votarla, pero todo el tiempo aparece algo nuevo”.
Desconfianza, sospechas y suspicacias entre el oficialismo y la dirigencia opositora, complican, no obstante, el cierre de las negociaciones por detalles, mientras se acumulan nuevos desafíos, que opacan los logros macroeconómicos, a pesar de la promoción que hace de ellos el Gobierno, los elogios que suscita en sectores empresarios y hasta el reconocimiento de la profundidad del ajuste y la baja de la inflación que explicita el Fondo Monetario Internacional.
“El Presidente necesita tener votada al menos una ley importante y dejar de tener el núcleo duro de su proyecto en un estado de fragilidad legal que genera incertidumbre y lleva a dilatar la toma de decisiones económicas”, afirma un empresario que adhiere fervientemente al rumbo del Gobierno y mantiene la esperanza de que logre los resultados que se propone.
El hombre de negocios, como buena parte de la dirigencia política, empresaria y sindical, no centra la responsabilidad por la falta de avances concretos en el plano legislativo únicamente en la oposición. También son apuntados tanto o aún más el propio Milei, sus funcionarios y sus legisladores, que en las últimas dos semanas no han dejado de protagonizar papelones y peleas.
Desafío al ajuste con ilusión
Los problemas para hacer operativas las decisiones y concretar los proyectos oficiales terminan iluminando uno de los costados más cuestionados del Gobierno, como son la impericia y las contradicciones políticas, y los problemas para gestionar. Más allá del recorte de gastos, la no ejecución de partidas presupuestarias hasta límites nunca vistos (como expuso el domingo último Diego Cabot en La Nación) o la postergación de pagos y obras imprescindibles, de lo que el Gobierno se enorgullece.
Es un hecho que la ventana de oportunidad para el disruptivo proyecto de Milei ha resultado hasta acá mucho más ancha que el ventiluz que las miradas más pesimistas auguraban en un principio. Los agoreros deben revisar sus pronósticos.
El apoyo social se mantiene, en promedio, casi inalterable desde su asunción, a pesar de que en todos los grupos focales resultan mayoritarias las expresiones de quienes dicen que no la están pasando bien o que directamente afirman que la están pasando mal. El rechazo a todo o casi todo lo que representa el viejo régimen que implosionó sigue presente y empieza a competir con el temor a lo que pueda ocurrir si el Gobierno no acierta o fracasa. Entre lo viejo deslegitimado y el vacío político opositor, Milei conserva el crédito, aunque los resultados no lleguen. “Ajuste con esperanza” es la síntesis dominante del ánimo social.
No obstante, empiezan a aparecer algunas fisuras en ciertos sectores sociales y franjas etarias, como en el seno de la clase media y entre los mayores de 50 años, según surge de varias encuestas cerradas en el curso de esta semana. Los jóvenes, en cambio, siguen siendo la gran reserva mileísta.
“La juventud se divide en dos posiciones dominantes. Por un lado están los fanáticos de Milei, que apoyan todo lo que hace sin fisuras. Del otro, se encuentran los desinteresados o desesperanzados, que, con cierto fatalismo, piensan que esta es la última oportunidad de cambiar lo que hace mucho ya no funciona en el país y que si el Gobierno no tiene éxito, se irán. A la defensiva y en minoría, al menos a la hora de expresarlo, están los críticos u opositores, que rechazan casi todo lo que Milei propone por motivaciones tanto racionales como emocionales, éticas y estéticas, ideológicas y de valores”, describe una consultora de opinión pública de vasta experiencia en la Argentina y otros países del continente.
Ese diagnóstico explica en buena medida la preocupación, impotencia y desconcierto de buena parte de los directivos y docentes de las universidades públicas. Contra todos los antecedentes, la reacción contra el ajuste de hecho que implica la no actualización del presupuesto de 2023 vigente, está corriendo por cuenta del claustro de profesores y de las autoridades, casi exclusivamente. Son ellos quienes principalmente motorizan las protestas que tendrán su clímax el martes próximo con la marcha convocada a la Plaza de Mayo.
Los estudiantes, que el 20 de marzo de 2001, por bastante menos, forzaron la renuncia de Ricardo López Murphy como ministro de Economía de Fernando de la Rúa, ahora han adoptado una actitud lejana a su tradicional combatividad y rayana con la pasividad, por fuera de la militancia universitaria más comprometida y enrolada en la oposición al Gobierno. Una expresión del clima de época. O, mejor dicho, del colapso de la dirigencia tradicional, tras décadas de decadencia o estancamiento.
Milei abreva en esa fuente inagotable de desprestigio que padece buena parte de la política y de la dirigencia en general. La novedad y la promesa de un cambio radical siguen pagando en la opinión pública y más en el segmento joven, donde más dominaba la resignación, el enojo y el reclamo de transformación hace medio año.
La marcha del martes próximo puede ser un test crucial tanto para el Gobierno como para los opositores. La cantidad de asistentes y cómo se desarrolle la protesta pueden tener consecuencias más allá del reclamo de la comunidad universitaria y de la sociedad que la apoye.
Los convocantes a la marcha, que esperan congregar a más de 50.000 personas, se proponen visibilizar el grave problema de la falta de recursos que aqueja a las universidades nacionales para sensibilizar a la sociedad y presionar al Gobierno. Según dicen las autoridades de diversas casas de estudios de todo el país, la magnitud de las restricciones que enfrentan son terminales. El decano de una universidad del conurbano afirma que la última boleta de la luz que le llegó equivale al 60% del presupuesto de este mes de la facultad a su cargo. Es solo un ejemplo.
El número de asistentes y que se registren disturbios son preocupaciones centrales de los impulsores de la protesta. El temor a que haya infiltrados es creciente.
Del lado del Gobierno, el desafío no radica tanto en la cantidad de manifestantes. Por lo pronto, el aparato de comunicación oficialista ya ha puesto en acción al ejército de activistas en las redes para deslegitimar la marcha y acusar a la dirigencia universitaria. El manejo no siempre transparente de los recursos de la UBA y otras casas de estudios les da plafón para justificar tanto el recorte como la descalificación, sin importar las consecuencias.
Lo que sí importa en el Poder Ejecutivo es el orden en la calle y, sobre todo, que no se interrumpa el tránsito, uno de los signos de identidad de la gestión mileísta. La represión a estudiantes puede tener tanto impacto negativo como una actitud permisiva ante los cortes de calles, actos prioritariamente prohibidos para el Gobierno. El protocolo antipiquetes se pondrá a prueba.
Oficialistas, opositores, sindicatos y movimientos sociales están a la expectativa. La marcha de los universitarios será la señal de largada o de revisión para la seguidilla de protestas que anunció la CGT. Todo un test sobre el humor social y las aptitudes políticas y de gestión del Gobierno en la cima del ajuste. La voluntad y la determinación son atributos necesarios, pero no suficientes a la hora de gobernar.