El subsecretario de Políticas Universitarias, de Alejandro Álvarez, le hizo un aviso a la conducción de las altas casas de estudio, que fue replicado por Milei.
Faltan tres días para que el sistema universitario se pliegue a una marcha federal convocada para el martes 23, en la que esperan hacer una fuerte demostración de fuerza contra el ajuste presupuestario del gobierno nacional. En este marco les cayó una fuerte advertencia del responsable del área: el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien dijo que avanzarán sí o sí con una auditoría.
El mensaje fue replicado este sábado por el presidente Javier Milei, cuando desde la conducción de las altas casas de estudio rechazan esta posibilidad al alegar que la Constitución Nacional pregona la autonomía de las universidades.
“Un aviso importante: pase lo que pase, hagan lo que hagan, por lo menos mientras Javier Milei sea presidente, el dinero de la gente que va a las universidades se va a AUDITAR”, sostuvo Álvarez, quien alegó que la “fiscalización” de estos gastos está en la ley 24.521 de educación superior.
A eso le agregó la captura de una parte del artículo dos de esa legislación. “El Estado nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las universidades nacionales, así como la supervisión y fiscalización de las universidades privadas. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son los responsables de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de los institutos de formación superior de gestión estatal y de las universidades provinciales, si las tuviere, de su respectiva jurisdicción”, señala el extracto compartido por el funcionario que está bajo la superestructura del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.
Pero la ley dice, además, en el artículo 59 bis, que el control administrativo externo de las instituciones de educación superior universitarias de gestión estatal es competencia “directa e indelegable de la Auditoría General de la Nación”, organismo que reporta al Congreso, como así también que se deben generar “mecanismos de auditoría interna que garanticen transparencia en el uso de los bienes y recursos”.
Cuando el jueves por la noche desde Capital Humano enviaron un comunicado que aseguraba que habían llegado a un supuesto acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para aumentar los aportes en 70% luego desde las universidades desmintieron que eso hubiera sido siquiera consultado-, en la cartera de Pettovello además aseguraron que habían alcanzado un entendimiento para generar una “auditoría conjunta”.
Desde el claustro, uno de los que respondió fue el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, quien negó que el Gobierno esté habilitado para controlar las cuentas de las universidades. “Habría que modificar algo [para eso]. En la reforma de la Constitución Nacional de 1994 se dispone la autonomía de las universidades, donde el Poder Ejecutivo no tiene posibilidad de inmiscuirse. Hay una auditoría propia y hay personas externas que colaboran con la universidad, pero el Poder Ejecutivo no puede auditarnos. Por Constitución”, sentenció.
De momento, la Casa Rosada ofertó 70% más de desembolsos que se sumaron al 70% que ya había informado en marzo, pese a que desde las instituciones dicen que todavía los primeros fondos prometidos no se giraron.
No obstante, el anuncio de esta semana no detuvo la organización de la marcha federal universitaria que se concretará el martes, convocada desde las facultades y el frente sindical. A esa instancia se plegarán alumnos y docentes, como así también fuerzas políticas que expresaron solidaridad con estos reclamos.