La Cámara Federal aceptó que sea parte del expediente contra el ex secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, quien apuntó hacia la ministra de Seguridad en la demanda ante la CIDH.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se convirtió en querellante de la causa que impulsó contra el ex secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla por los delitos de “traición a la Patria, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos”, por la presentación que hizo el Estado argentino, en la gestión de Alberto Fernández, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la muerte de Santiago Maldonado. Así lo resolvió este miércoles la Cámara Federal porteña, según el fallo al que accedió Infobae.
La denuncia había sido impulsada, a título personal, por Bullrich. Allí se sostuvo que el 6 de mayo de 2022 la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Horacio Pietragalla Corti, realizó una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el “Caso 14.896″, promovido por los familiares de Santiago Andrés Maldonado, en el que se comprometió la responsabilidad internacional del Estado argentino por la presunta violación a la garantía de tutela judicial efectiva y la obligación de imparcialidad.
En esa presentación, se adjudicó responsabilidad a Bullrich, que era ministra de Seguridad en el gobierno de Mauricio Macri. Pietragalla afirmó que, con la anuencia de la ministra Bullrich, el Estado “ocultó pruebas”, “sembró pistas falsas” y “no les permitió a los familiares el acceso a la información relevante sobre la búsqueda de Maldonado”, “ni se los dejó participar de las principales medidas de búsqueda”, dice la denuncia.
Para Bullrich, hoy de regreso en ese cargo con el gobierno de Javier Milei, Pietragalla no solo incurrió en una violación de sus deberes públicos”, sino en “una traición a la patria, ya que compromete a la República Argentina ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual puede sancionar a Argentina y obligar a indemnizar a los familiares”.
Según la denuncia, la presentación del ex funcionario incluyó “hechos falsos” y ocultó “hechos auténticos, debidamente acreditados en la investigación judicial”. “La familia Maldonado tuvo una participación crucial en la búsqueda y en el posterior hallazgo del cuerpo del joven, ya que pudo intervenir directamente en el lugar de los hechos, e inclusive dirigir el operativo de extracción del cuerpo del río Esquel y acompañar su traslado a la morgue”, afirmó. A criterio de Bullrich, el gobierno anterior en su presentación ante la CIDH tuvo la “intención de involucrarla a ella, como ministra de Seguridad al momento de los hechos, en supuestas conductas ilícitas en la búsqueda e investigación administrativa suscitada por la desaparición de Maldonado”.
La denuncia recayó en manos del juez federal Daniel Rafecas, quien rechazó el pedido del representante de Bullrich, Fernando Soto, para que la hoy ministra fuera aceptada como querellante en la causa -a titulo personal y no como funcionaria-. El abogado apeló.
Hoy los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens hicieron lugar al pedido. “Frente al escenario planteado, se advierte razón en la pretensión requerida por la incidentista. Pues los hechos denunciados la ubican, al menos de momento, en calidad de ofendida, circunstancia esta que encuentra respaldo en la presunta vinculación que es pasible de observar entre el suceso materia de investigación y el interés argumentado. En mérito de lo expuesto, el Tribunal resuelve: revocar la resolución recurrida en cuanto rechazó la pretensión de la apelante y, en consecuencia, tener por parte querellante a la Dra. Patricia Bullrich”, sostuvo la resolución a la que accedió Infobae.
El caso Maldonado fue una de las visagra de la gestión de Patricia Bullrich en el gobierno de Macri. El 1 de agosto de 2017, cerca del mediodía, la Gendarmería Nacional irrumpió en la comunidad mapuche «Pu Lof en Resistencia» de Cusharem para desalojar el corte que llevaban adelante sobre la ruta 40. Santiago Maldonado, un mochilero que se encontraba en la comunidad, huyó hacia la vegetación hacia el cruce del rio Chubut. Desapareció. Eran dos semanas antes de la PASO del gobierno de Macri. Su cuerpo recién fue hallado el 17 de octubre de ese año, una semana antes de las elecciones generales. La autopsia determinó que había muerto ahogado.
En enero de 2018, ante un reclamo de los familiares de Santiago Maldonado, la CIDH indicó que el Estado debía investigar la desaparición y muerte de Santiago. Y fue en el marco de esa demanda que el Estado Nacional, durante el gobierno de Alberto Fernández, Pietragalla ofreció una solución amistosa en donde el Estado reconoce su responsabilidad en el hecho y se compromete a adoptar una serie de medidas para la reparación integral del caso.
En agosto del 2023, antes de las elecciones PASO, el juez federal de de Rawson, Guillermo Gustavo Lleral, sobreseyó a los cuatro gendarmes involucrados en la investigación. “La verdad se mostró sencilla, sin fascinaciones. Santiago estaba en el lugar donde lo vieron por última vez. Allí, él, sólo, sin que nadie lo notara, se hundió, en ese pozo en el que minutos antes Lucas Ariel Naiman Pilquiman había evitado caer cuando se propuso cruzar el río luego de animar a Santiago a realizarlo. En ese lugar, murió ahogado, sin que nadie pudiera advertirlo, sin que nadie pudiera socorrerlo. Ni los gendarmes que los perseguían en medio del operativo, ni los miembros de la comunidad a la que Santiago fue a apoyar en sus reclamos”, escribió el juez. El fallo descartó el delito de abandono de persona.