El resultado de las políticas oficiales dirá si la huelga de ayer fue el segundo paso de una escalada en la tensión social o sólo una escaramuza sin mayores consecuencias.
Por Claudio Jacquelin
Para La Nación
Como si buscara saciar el síndrome de abstinencia que acumuló en la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, la CGT volvió a escena con el segundo paro general antes de que el gobierno de Javier Milei cumpla un semestre. Un récord cuya efectividad depende menos de la dispar adhesión de ayer que de otros resultados aún inciertos.
La medida gremial de ayer no apuntó a un solo objetivo, sino a, por lo menos, cuatro públicos diferentes. Toda una demostración de la complejidad y la adversidad del escenario que enfrenta esta dirigencia, que en todas las encuestas se encuentra en el piso de los rankings de confiabilidad, popularidad y aceptación.
El contradestinatario obvio del paro general fue el Gobierno; el segundo fue el Senado (en particular, la heterogénea bancada de senadores del peronismo); el tercero, la dirigencia peronista en general, y el último, la base gremial.
El mensaje de los dirigentes sindicales al Gobierno estuvo centrado en manifestarles su rechazo a algunas de sus políticas que impactan negativamente sobre los trabajadores y, también, en reposicionarse con una demostración de fuerza, después de haber negociado y cedido algunas posiciones, principalmente, en la reforma laboral oficialista, que integra el proyecto de la Ley Bases.
En ese plano no parece que la huelga, potenciada por la adhesión de los gremios del transporte, vaya a modificar los propósitos centrales de Javier Milei.
Una mayoría de especialistas en opinión pública considera que la protesta no alteró ni alterará en lo inmediato los ratios de apoyo y rechazo que hoy siguen arrojando un resultado neto ampliamente favorable para el Gobierno, a pesar de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y la recesión, que pone en riesgo ingresos y fuentes de trabajo. En ese humor social sostiene Milei su rumbo.
“Me parece que esto le sigue sirviendo al Gobierno. La pregunta de los no privilegiados (o los afectados por ‘la casta’) sigue siendo quién los perjudica y, por lo que vemos, la mayoría de ellos piensan que los perjudican los sindicalistas y la dirigencia tradicional. Yo creo que a Milei lo habría afectado más si los gremialistas hubieran dicho que habían arreglado y que por eso no paraban”, sostiene Pablo Knopoff, director de la consultora Isonomía.
Más neutro parece ser el efecto del paro en la perspectiva del director de Aresco, Federico Aurelio: “No creo que modifique el estado del acompañamiento que hoy tiene Milei. Los sindicalistas están muy mal evaluados, inclusive peor que los dirigentes políticos, aunque eso no es novedoso. En un contexto donde casi más del 80% de la gente perdió poder adquisitivo, todo lo que sea reclamo salarial puede tener algún nivel de adhesión, lo cual no significa que todos quieran hacer un paro. La huelga general, como método de protesta, tiene en nuestras mediciones un nivel de acuerdo minoritario, pero no mucho más abajo del 40%. Los que apoyan el paro son mayoritariamente los que el año pasado no votaron a Milei y son casi los mismos que no están acompañándolo hoy”, concluye el consultor.
Al margen de la extensión de la medida en un amplio abanico de sectores de la economía, el carácter compulsivo que le impuso la ausencia casi absoluta de transporte público juega a favor de la construcción de una imagen de éxito.
Sin embargo, la apertura de muchos comercios atendidos no solo por sus dueños en el ámbito metropolitano y, también, en el interior del país, o el tránsito intenso en algunas avenidas y rutas relativizan el tamaño del éxito en cuanto adhesión que pregonan gremialistas y políticos opositores.
Además del apoyo en la ciudadanía que aún conservan Milei y su gestión, el poco tiempo transcurrido del mandato, la recesión con el consecuente temor a la pérdida del trabajo, sumados al fracaso de los gobiernos anteriores, la falta de alternativas hacia el futuro y el descrédito de la dirigencia opositora gremial y política parecen haber operado como reductores de daño para el Gobierno. Los testimonios en esa dirección recogidos entre la gente común durante toda la jornada de ayer por los cronistas callejeros avalaron esa percepción.
La singular paciencia para con los gobiernos peronistas, aun cuando terminen su mandato con una inflación de más del 200%, como acaba de ocurrir, frente a la combatividad mostrada con los gobiernos no peronistas, cristaliza, además, el posicionamiento de quienes rechazan medidas de fuerza que sienten como prematuras.
“No es una medida de fuerza sino una demostración de debilidad”, fue el axioma con el que la ministra de Seguridad (declarada enemiga de la dirigencia sindical desde hace más de dos décadas) se propuso minimizar la protesta. La hipérbole (a la que es tan aficionada Patricia Bullrich) encuentra visos de verosimilitud para muchos y oficia como insumo para la batalla narrativa del oficialismo.
Por eso, Bullrich asoma tan reiteradamente como una eficaz portavoz de las posiciones más duras del Gobierno y sigue fascinando a Milei, que volvió a las referencias bíblicas, al llamar despectivamente “faraones” a los dirigentes. También los descalificó como integrantes de “la mesa del fracaso”.
La respuesta de la CGT estuvo en sintonía con esa dureza. “Éxito” y “paro con sustento social y político”, fueron las expresiones con las que el cosecretario general cegetista Héctor Daer procuró ensalzar la protesta.
Fiel a su estilo, a sus antecedentes y a su familia, Pablo Moyano amenazó con una “mayor conflictividad”. Como es habitual, el dirigente camionero hereditario suele ir más lejos de lo que sus pares están dispuestos a llegar. Hay muchos pasos previos todavía por dar y circunstancias por concretarse.
Por eso, el segundo blanco de los gremialistas fue el Senado y, en particular, el bloque de los legisladores peronistas, para que se mantengan unidos en oposición a los planes desregulatorios del oficialismo, así como en su rol de dique de contención de otros avances por venir.
La perspectiva cierta de que la iniciativa oficialista podría ser aprobada en general en la Cámara alta, pero sufrir modificaciones en particular, que obligarían a remitirla nuevamente a Diputados, abre un nuevo panorama sobre el que la dirigencia sindical pretende influir.
La postergación que sufrió ayer la discusión en comisiones fue celebrada por los sindicalistas. Demorar el tratamiento tiene un doble objetivo. Por un lado, para volver a acotar la ley o para licuar sus efectos. Por otro, para complicar la pompa y circunstancia de la firma del Pacto de Mayo, entre el Gobierno y los gobernadores. La sanción de la ley era, originalmente, una condición necesaria que se impuso el Presidente para llegar a la consagración de los nuevos diez mandamientos.
La posibilidad de que haya deserciones en la bancada peronista a la hora de votar en el Senado inquieta a los representantes sindicales y políticos opositores, que aún no logran reponerse de la contundente derrota que les propinó Milei hace medio año en el balotaje de la elección presidencial.
El rechazo a la medida de fuerza que expresó públicamente ayer el (muy dialoguista) gobernador peronista de Catamarca, Raúl Jalil, refuerza las preocupaciones.
Mensaje al peronismo
El tercer destinatario del paro general fue la interna peronista de la que es parte la conducción cegetista y en la que desde hace años viene perdiendo espacios y resignando posicionamientos (salvo retóricamente), sin que la condescendencia ofrecida a los últimos dos gobiernos amigos haya mejorado (más bien todo lo contrario) la situación de sus representados, los trabajadores, y tampoco la de sus organizaciones. El paso del tiempo los expone como aportes sin más contraprestación que la preservación del statu quo de la dirigencia y de la legislación laboral.
Por último, como ya es habitual, la medida de fuerza procuró contener a la base sindical. “Al sector más pragmático de los dirigentes gremiales no le molesta nada el contenido de la actual reforma que terminó impulsando el Gobierno en la Ley Bases. Pero, obviamente, frente a las bases tienen que mostrar acción”, explica un filoso analista del peronismo que suele oficiar de consultor de muchos de sus dirigentes.
Las diferencias que se advierten dentro de la dirigencia gremial, en la que abundan los dialoguistas de la conducción cegetista (con la excepción efectiva de Pablo Moyano y la retórica de Héctor Daer y algunos otros), ilusiona a los oficialistas que trazan paralelismos con la experiencia del gobierno de Carlos Menem, que ellos reivindican e idolatran. La biología y el confort del que gozan muchos dirigentes gremiales refuerzan esa perspectiva esperanzada.
El vaciamiento que entonces le impuso el riojano a la conducción de la CGT que lideraba Saúl Ubaldini, con los servicios del aún vigente gastronómico Luis Barrionuevo, es un espejo en el que buscan mirarse y proyectar imágenes los mileístas, más allá de las múltiples diferencias objetivas y subjetivas que hoy existen respecto de aquel tiempo.
La profunda transformación del aparato productivo, en la que la larga decadencia económica se ha visto potenciada por los efectos de la revolución tecnológica y los consecuentes cambios sociales, opera como una ventana de oportunidad para avanzar con cambios en la legislación laboral que muchos sindicalistas admiten, si no como necesaria, al menos como inexorable o inevitable.
La reforma sindical, en cambio, dispara, como siempre, más resistencia de parte de la dirigencia gremial. En eso se juega su capital (metafórica y literalmente) y su destino.
Hasta ahora, esa es una disputa en la que los sindicalistas volvieron a ganar una batalla, con las concesiones que Milei les hizo en la Ley Bases, frente a proyectos, como el del bloque de diputados radicales, que amenazaban los ingresos de las organizaciones. “La nuestra está”, podrían decir Daer, Moyano y el resto. Pero nunca es suficiente ni están demasiado seguros cuando miran hacia adelante en el tiempo.
Preservar lo que les queda de poder a los gremialistas obliga a disimular concesiones hechas y beneficios obtenidos en el diálogo con un gobierno que se ubica en las antípodas de sus bases y que llegó prometiendo terminar con “la casta sindical”, entre otras.
Nada mejor para eso que un paro general, apalancado en realidades objetivas que afectan a los trabajadores, como son la caída del poder adquisitivo de los salarios, que según la actividad puede superar el 30%, el ajuste y la recesión, que impactan sobre los sectores de mano de obra intensiva, entre los que sobresalen el empleo público y la construcción, afectados por la parálisis casi absoluta de la obra pública.
Demasiados frentes abiertos y demasiados destinatarios para un paro que tuvo la contundencia que, gracias a la adhesión de los gremios del transporte, le faltó a la medida anterior de enero. También, demasiados destinatarios para una sola acción que carece de novedad.
El resultado de las políticas oficiales dirán si fue el segundo paso de una escalada en la tensión social, como pregonan los sindicalistas y los opositores más duros. O si solo se trató de una escaramuza sin mayores consecuencias en medio de las turbulencias que imponen el ajuste y los cambios radicales encarados por el Gobierno.
Mientras dura el apoyo popular, el mando sigue en manos de Milei y su gestión.